Las normas de la Seguridad Social sobre los complementos
de las pensiones de jubilación, viudedad e invalidez absoluta diseñados
para compensar a las mujeres (y a los hombres por orden judicial) por la
crianza de sus hijos impiden en la práctica que acceden a esos pluses el
grueso de las personas que vieron mermada, o imposibilitada en muchos
casos, su vida laboral por haberse hecho cargo de la cría de esos niños, que
es la finalidad para la que fueron implantados.

Tanto en un caso como en otro, las normas restringen la percepción de esos
complementos a quienes, tras haberse encargado de la crianza, se han
jubilado, han enviudado o han sufrido una invalidez permanente a partir
de la implantación de los pluses, en 2016 el de maternidad y en febrero de
2021 el de reducción de la brecha de género, con independencia de que
muchos más pensionistas cumplan el resto de requisitos.

El resto, lo que supone varios cientos de miles de mujeres, queda fuera, tal
y como van resolviendo las distintas direcciones provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) conforme les van llegando las
solicitudes: "la pensión que tiene reconocida ha sido causada en una
fecha anterior a la entrada en vigor de la norma que regula dicho
complemento", señalan esas resoluciones denegatorias.

"Los complementos solo se conceden cuando se produce el alta, pero no
se pueden aplicar con carácter retroactivo ya que así lo establece la ley",
explican fuentes del Ministerio de Inclusión, que desde hace tres años
gestiona la Seguridad Social. Y no hay previsión de modificar esa
normativa, anotan.

Esa reglamentación hace que, según los datos de la Seguridad Social, tras algo más de un año de año de aplicación, estén cobrando el complemento de
brecha de género 223.217 mujeres mientras otras 824.662 siguen
percibiendo el de maternidad (también llegan a 15.312 y 9.160 hombres),
cuando el Seguro contabiliza casi 2,5 millones de jubiladas, 2,15 de viudas
y más de 350.000 con una incapacidad permanente reconocida: solo llegan
a poco más de la quinta parte de las pensionistas, cuyo número ronda los
cinco millones.

Otra cosa es que esas modificaciones puedan acabar llegando durante el
trámite parlamentario como proyecto de ley, tras una ajustada votación para convalidarlo, del decreto que regula el complemento para la reducción de la brecha de género, que desde el año pasado acumula 55 prórrogas del periodo de presentación de enmiendas, algo que da una idea de la prioridad que la Mesa del Congreso da a su tramitación. Grupos como ERC y EH Bildu están estudiando el texto, aunque todavía no tienen cerrado el contenido de sus propuestas.

Ambos complementos tenían como objetivo compensar el impacto que la
crianza de los hijos tiene en las carreras laborales. El primero, el de
maternidad instaurado en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que
incrementaba las pensiones un 5% para quien había criado a dos hijos, un
10% a quien se hubiera encargado de tres y un 15% a quien lo hubiera
hecho con cuatro o más, fue declarado ilegal por el TJUE (Tribunal de
Justicia de la UE), que lo consideró discriminatorio por excluir a los
hombres y a las madres de un solo vástago.

El segundo, el de brecha de género que lo sustituye desde febrero del año pasado, compensa con 27 euros mensuales por cada uno de los primeros cuatro hijos tanto a hombres como a mujeres, aunque solo a uno de ellos por pareja.

Ambos, que conviven mientras la Seguridad Social va aplicando el de
brecha de género a los nuevos pensionistas y se va produciendo
el trasvase desde el de maternidad, tienen como objetivo "reparar el
perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres
por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos
que se proyecta en el ámbito de las pensiones", aunque los padres
también acceden al segundo.

Eso es lo que se conoce como la brecha de género de las pensiones, que es la
diferencia entre las prestaciones medias de hombres y de mujeres achacable, en este caso, a la merma de las cotizaciones de ellas provocada por su inactividad, o menor actividad, durante el tiempo que se hacen cargo de la crianza de los hijos.

Según los datos de la Seguridad Social, esa brecha alcanza en el conjunto del sistema de pensiones una magnitud del 49% a favor de los hombres y del 33% de desventaja para las mujeres en función del registro que se tome como diferencia: las prestaciones de ellos son casi una vez y media las de ellas mientras estas últimas se quedan en dos tercios de las de los primeros.

Las diferencias son similares en el caso de la jubilación, se reducen en el
de la invalidez y resultan favorables a las mujeres en el de la viudedad, con
un porcentaje similar al del conjunto del sistema y al de la jubilación pero
calculadas sobre cuantías mucho más bajas.

Es en el apartado de las cuantías donde con mayor claridad se revelan las
carencias del sistema de complementos de crianza de las pensiones, que la
normativa prevé mantener hasta que esa brechas se reduzcan al 5% y que
carecen de factores de progresividad, ya que acaban por no llegar al
grueso de unas mujeres cuyas pensiones medias oscilan entre los 800 y los
970 euros, inferiores al salario mínimo interprofesional (1.000 euros mensuales) y en muchos casos situadas por debajo del umbral de la pobreza (803 euros).

"Que no se compensen las situaciones de cuidados hacia el pasado es un error, pero al mismo tiempo no hay presupuesto que pudiera resistirlo", explica Susana Torrente, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza,
que llama la atención sobre "los enormes condicionantes económicos que
tiene la Seguridad Social" mientras plantea que "otra cosa es que debieran
haber sido complementos condicionados" a probar la merma que la crianza
provocó en la carrera laboral de quien los solicita, como ocurre en Francia.

El pago de esos complementos le supone a la Seguridad Social una
aportación anual de algo más de 950 millones de euros, 68,4 en cada una
de las catorce mensualidades y pagas extraordinarias que cubre al cabo del
año.

"No se podría avanzar en el derecho si siempre tuviéramos que cubrir las
situaciones del pasado. En ese caso se perderían derechos porque no se
podrían financiar. Hay que ir avanzando", anota Torrente.