"La gestación por sustitución es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como materia prima. El Parlamento Europeo estima que debe prohibirse esta práctica que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres en países en desarrollo. Asimismo, pide que se exima con carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de derechos humanos". Así de tajante se mostraba la Eurocámara en un informe sobre los Derechos Humanos y la Democracia en el Mundo en 2014.

Desde entonces, el Pleno ha aprobado diferentes resoluciones instando a la Comisión Europea a presentar una estrategia y un marco regulador europeo ante una práctica que considera el cuerpo de la mujer como una mercancía. El año pasado, la cámara de Estrasburgo pidió la abolición de los vientres de alquiler alegando que "se trata de un fenómeno mundial que expone a mujeres de todo el mundo a la explotación y la trata de seres humanos, al tiempo que se dirige en particular contra las mujeres vulnerables desde el punto de vista económico y social; destaca sus graves consecuencias sobre las mujeres, sus derechos, su salud y la igualdad de género y subraya sus implicaciones transfronterizas; pide un marco regulador europeo para abordar las consecuencias negativas de la práctica comercial de la gestación por sustitución".

De momento esta competencia reside plenamente en los Estados miembros y Bruselas no ha presentado ninguna propuesta para armonizar el marco legal de los Veintisiete, que en materia de sanidad continúa muy ligado a los Gobiernos nacionales.

La noticia bomba que ha saltado este miércoles desde la portada de la revista ¡Hola! anunciando que Ana Obregón se ha convertido en madre a los 68 años tras contratar un vientre de alquiler en Miami ha reavivado este debate que tiene muchas aristas: de edad, de desigualdad y de género. En España se trata de una práctica ilegal bajo la Ley 14/2006, penada con cárcel. Sin embargo, el país facilita los trámites para otorgar la nacionalidad y reconocer al bebé si este hecho se ha producido en un país que sí lo permite. La reforma de la ley del aborto incluyó una referencia calificando esta técnica de reproducción asistida como una forma de violencia contra la mujer. Ciudadanos es el partido que más ha defendido los vientres de alquiler amparándose en la "libertad" de decisión.

La situación en los países europeos

¿Qué ocurre en el resto de Europa? En ningún país de la UE se puede ser madre a través de un vientre de alquiler pagando por ello. La vecina Portugal legalizó a finales de 2021 esta práctica tras un debate nacional de años. La medida salió adelante con el voto favorable de los partidos de izquierdas y cuenta con requisitos para llevarse a cabo. Por ejemplo, la gestante cuenta con un plazo de veinte días para cambiar de opinión y reclamar al bebé. Se limita a los nacionales lusos y se contempla para casos excepcionales en los que la mujer no pueda concebir, siempre sin ánimo lucrativo.

Grecia es el Estado miembro que cuenta con un marco más permisivo en toda la Unión Europea. El país heleno abrió la puerta en 2002 a permitir esta práctica que muchos califican de "explotación reproductiva". Una de las argumentaciones que impulsó la medida fue el problema de baja natalidad que se extiende por el país y por el sur europeo. En 2014, Atenas amplió su espectro y permitió que por primera vez esta práctica se extendiese también a ciudadanos extranjeros, pero estableció para ello algunos requisitos: su alcance incluye a parejas heterosexuales y mujeres solteras, las interesadas deben aportar un certificado de infertilidad y el proceso debe ser altruista. Es decir, no se puede comercializar.

La radiografía que predomina en el grueso de Europa es la de la prohibición de los vientres de alquiler. Junto a España se encuentran los países escandinavos, los del Este o los grandes países europeos: Italia, Francia o Alemania son muy restrictivos con esta práctica. Otros como Irlanda, Países Bajos o Bélgica carecen de un marco legislativo al respecto, por lo que no está prohibida como tal, pero tampoco regulada y de alguna forma se tolera bajo circunstancias estrictas como la carencia de útero en las mujeres. Y el Reino Unido solo lo permite para sus nacionales.

Además, la cruenta guerra en Ucrania ha situado a este país en el epicentro global de los vientres de alquiler, siendo el líder mundial solo por detrás de Estados Unidos. Las mujeres han quedado doblemente expuestas a las desgracias de la contienda y son muchos los ciudadanos internacionales que están aprovechando este contexto de vulnerabilidad para acogerse al laxo marco legal que existe en el país y convertir Kiev en la capital europea de los vientres de alquiler.