"Putas, salir de vuestras madrigueras, sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea", gritaron por la ventana de sus habitaciones un centenar de jóvenes desde el Colegio Mayor Elías Ahuja a las jóvenes del Colegio Mayor Santa Mónica, que se encuentra enfrente. Una acción que desde la propia institución se ha considerado como grave y que ha acabado ya con la expulsión de alguno de los alumnos. Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid, donde se inserta este colegio, ha anunciado la apertura de un expediente informativo para dirimir responsabilidades.

Pero más allá de estas medidas, los insultos y gritos de los alumnos serán, a partir de este viernes, considerados como delito. Así los considera la ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como del solo sí es sí. La norma, que fue aprobada por el Parlamento el pasado mes de agosto, entrará en vigor este siete de octubre.

En ella, se incluyen algunos nuevos delitos que han modificado el Código Penal, entre ellas, el delito de acoso, que persigue los insultos por razón de género y lo que comúnmente se califica "acoso callejero". Si bien se trata de un delito considerado como leve, castigará a quienes "se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas", cuando "creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad".

La modificación no conllevará pena de cárcel, pero sí de multa, de localización permanente o de trabajos en beneficio a la comunidad. La ley también prevé la implantación en todas las etapas la educación afectivo-sexual, que pretende acabar con este tipo de discriminaciones hacia las mujeres y que estas actitudes no sean vistas como una "costumbre" o "novatada".

La Fiscalía investiga posible delito de odio

La Fiscalía de Madrid investigará si los gritos e insultos machistas constituyen un delito de odio. A la investigación que ha abierto la Universidad Complutense y a las múltiples muestras de rechazo desde varios sectores de la sociedad se ha sumado la Fiscalía, que ha incoado diligencias para determinar si se trata de un delito de odio.