El Ministerio de Igualdad ha avanzado alguna de las medidas que se han debatido este viernes en el comité de crisis contra la violencia machista. Entre ellas, que cuando una mujer denuncie ser víctima de malos tratos y la valoración policial dé como resultado un "riesgo alto" de volver ser a agredida por su pareja, se habilite de forma inmediata una solución habitacional y un Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

Una de las conclusiones a las que llegaron los reunidos en el comité de crisis, es que hay casos en los que la víctimas de esta violencia se encuentran en situaciones tan vulnerables y empobrecidas, que no son capaces de abandonar la vivienda y que continúan conviviendo con su maltratador por necesidades económicas.

En una rueda de prensa celebrada tras el comité de crisis por los últimos asesinatos machistas, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha expuesto algunas de las propuestas que el ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas, con quienes se ha reunido para "analizar pormenorizadamente" los seis asesinatos de enero y los ocurridos en diciembre.

"Tenemos que ser capaces no solo de que los servicios de protección estén disponibles, sino de buscar la manera de llegar eficazmente a las víctimas sin necesidad de largos trámites burocráticos", ha reseñado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha puntualizado que tanto ésta como el resto de propuestas son "provisionales" y no se llevarán a efecto de manera inmediata, ya que todas las medidas han de someterse a la consideración de la conferencia sectorial de Igualdad con las comunidades autónomas.

Otra de las propuestas que baraja el departamento es la creación de un servicio de atención psicológico especializado en violencia machista dentro del Sistema Nacional de Salud. Igualdad propone que la atención psicológica que reciben las víctimas sea "continuada" y no se circunscriba al momento posterior a la agresión, algo que en su opinión puede servir como "detección precoz" de mujeres que en el pasado hayan sufrido malos tratos y se encuentren de nuevo en la misma situación. Tal como ha explicado Rosell, muchas mujeres asesinadas por violencia de género habían estado en el pasado en relaciones de maltrato. 

Obstáculos de las mujeres del mundo rural

Otro de los puntos en los que se quiere centrar Igualdad es en el ámbito rural, donde las mujeres "se enfrentan a más obstáculos porque no disponen de todos los servicios públicos con la misma cercanía que en otros núcleos de población más amplios". Por ello, Igualdad propone contar con mecanismos similares a los puntos violeta que permitan la derivación inmediata de las mujeres a centros de atención a las víctimas de violencia machista de municipios más cercanos.

Rosell ha argumentado que en un país donde el 57,3% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido algún episodio de violencia machista "el Estado tiene la obligación de ser proactivo y buscar los lugares a los que sí acuden las víctimas, para ofrecerles la conexión con los servicios básicos".

Esta es la segunda reunión del comité de crisis — la primera se celebró el 28 de diciembre —, que se convocará cada vez que se acumulen cinco o más crímenes de violencia de género al mes. En este caso han sido convocados los ministerios de Justicia e Interior, la fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, y todas las comunidades autónomas que han querido participar, entre ellas las gobernadas por el PP, con quien Rodríguez ha destacado la buena sintonía.