En la obra de teatro Prima Facie, escrita por la australiana Suzie Miller, la protagonista, una abogada defensora criminal, se ve atrapada en la paradoja de su propia situación tras ser agredida sexualmente: ella, que conoce las reglas del juego judicial, sabe que su comportamiento será analizado con lupa y, a pesar de su experiencia legal, no puede evitar ser arrastrada por un doloroso proceso de revictimización.

La pieza teatral pone en evidencia cómo, en muchos casos, la Justicia se convierte en un escenario de sufrimiento adicional para las víctimas, donde la búsqueda de reparación se transforma en una carrera de obstáculos casi imposible de superar. Como parte del tejido social, jueces, abogados o fiscales no están exentos de los prejuicios y valores patriarcales que sostienen la violencia machista. Ni siquiera la brutalidad del caso Pélicot ha sido suficiente para frenar estas usuales humillaciones y cuestionamientos sobre una mujer como Gisèle, a la que su exmarido drogó de forma sistemática y durante casi diez años para luego ofrecerla a otros hombres y grabar cómo la violaban.

El trato que recibió este miércoles Gisèle Pélicot por parte de una de las abogadas de los acusados de haberla violado −quien afirmó que en una de las grabaciones de las agresiones aparece "perfectamente despierta y consciente"−, ha vuelto a mostrar cómo las instituciones judiciales aún cargan con los vicios patriarcales. "Me parece insultante y entiendo que las víctimas de violación no denuncien porque tienen que pasar un examen humillante", subrayó indignada la francesa. Una muestra más de que las mujeres han de enfrentarse no solo a sus agresores, sino también a un sistema que pone su credibilidad bajo vigilancia de forma "desproporcionada".

Ver a abogados de la defensa e incluso a los propios tribunales pronunciando interrogatorios crueles, cuestionando aspectos de las vidas íntimas y de las conductas de las víctimas, no es ninguna novedad. Se trata de una estrategia común que busca sembrar dudas sobre la credibilidad de quienes son agredidas. Es un patrón común que, por ejemplo, también denunció Carme Coma, la catalana que denunció haber sido víctima de abuso por parte del futbolista Hugo Mallo, en una entrevista con Público. Ella narró cómo llegó a dudar de que le "dieran la razón incluso teniendo imágenes", recordando el profundo miedo que sintió de no ser tomada en serio. Una sensación que nos traslada a 2017, cuando el juez del caso de La Manada admitió un informe de un detective privado sobre la víctima, encargado por uno de los agresores para indagar en qué hizo la joven con su vida después de los hechos.

¿La actitud de la abogada que se enfrentó a Gisèle Pélicot habría sido diferente si el juicio hubiera sido a puerta cerrada? "Entiendo que la vergüenza que manifiesta estar sintiendo no cambiaría mucho, pero ¿la defensa hubiera actuado igual? ¿Se está aprovechando su 'desplante' para castigarla aún más?", se pregunta Inma Martínez Cerrillo, psicóloga social especializada en Sexología. Hay algo de perverso en ese interés en encontrarse a cada cual, desde su pequeña parcela de conocimiento intentando desgranar qué está ocurriendo en esos vídeos. Como sexóloga, a Martínez Cerrillo le "cuesta" imaginar "que en algún momento de la vida en común entre Gisèle y Dominique, Eros hubiera estado presente".

"Eros: el deseo recíproco, los juegos de seducción, las búsquedas, los encuentros, el saberse elegida y elegir cada día al otro, la necesidad de sentir su piel… No podemos saberlo y, frente a las supuestas certezas de las y los abogados, en el terreno de lo humano tenemos más bien desconcierto", señala la socia fundadora de InSex. Lo que parece más o menos claro es que "ni este, ni casos similares, pueden ser interpretados o leídos desde la erótica. Esto no tiene nada que ver con Eros. Sin embargo, con un lenguaje sexológico tergiversado y prostituido, hacen que nos preguntemos sobre los deseos", lamenta.

Lo cierto es que "las víctimas de violencia sexual tienen que probar mucho más de lo que se exige en cualquier otro delito", reflexiona María Naredo, jurista especializada en violencia contra las mujeres. La exasesora del Ministerio de Igualdad lamenta que no baste "con demostrar que el crimen ocurrió", sino que se abra una especie de escrutinio público, "buscando fallos que justifiquen la duda". Una dinámica que da lugar a unas instituciones plagadas de cinismo: "No puedes decir que estás cumpliendo con la obligación de proporcionar justicia si lo que haces es llevar a las mujeres a situaciones de gravísima revictimización", señala Naredo. 

Aunque, por ejemplo, en España se han introducido cambios legales importantes, como la ley del solo sí es sí, que busca garantizar un trato más respetuoso, la implementación de estas reformas sigue siendo deficiente. En este sentido, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aprobada en 2022, establece la prohibición de hacer preguntas sobre las vidas de las víctimas durante el juicio, una medida que sería importante en la lucha contra la doble victimización que, sin embargo, aún no se aplica de manera consistente. "Las condiciones legales ya están ahí, pero falta que se apliquen correctamente", insiste Naredo, subrayando la necesidad de una especialización efectiva en los operadores judiciales que manejan estos casos.

La rumiación de ser una "buena víctima"

El cuestionamiento constante de la credibilidad de las víctimas no solo es una forma de violencia en sí misma, sino que también refuerza la idea de que para ser tomada en serio, una mujer debe ser una "buena víctima". En palabras de Naredo, se trata de una "minusvaloración de las conductas de agresión sexual", donde el sistema espera que la víctima sea intachable en su comportamiento, y donde cualquier desliz, por pequeño que sea, puede ser utilizado en su contra.

Una idea que también aparece en la obra protagonizada por Vicky Luengo, donde se escenifica este sesgo estructural que penaliza a las mujeres por buscar justicia. Esto se puede apreciar bien cuando, una vez agredida por su compañero de trabajo, la protagonista se piensa y repiensa si ir o no a denunciar, e incluso evita contarlo al resto. Es precisamente lo que subraya María Naredo al hablar de la "cultura de la violación" en la justicia, en la que las víctimas deben demostrar que no solo sufrieron el crimen, sino que fueron inescrutables antes, durante y después del hecho.

A pesar de contar con legislación avanzada como el Convenio de Estambul −tratado internacional clave en la lucha contra la violencia machista−, ahora concretado en la legislación española a través de la ley del solo sí es sí, la falta de sensibilidad en el tratamiento de estos delitos hacen que todo valga en una sala de vistas. El desafío es inconmensurable, pues no se trata solo de cumplir con la letra de la ley, sino de transformar las relaciones de poder que subyacen y que siguen reproduciendo patrones de desigualdad y violencia.