Un total de 194.658 mujeres fueron víctimas de violencia de género en 2023, un 10% más que en el año anterior, según el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo que supone 533 víctimas de violencia machista al día. 

Durante el año pasado se registraron 199.282 denuncias por violencia de género —546 al día— un 9,46% más que en 2022 (182.065). Siete de cada diez fueron presentadas por la víctima, mientras que el 1,82% del total fueron denunciadas por el entorno. Las demandas derivadas de atestados policiales representaron casi el 16%, las originadas por parte de lesiones cerca del el 7,94% y las presentadas por terceras personas el 3,43%.

La tasa de víctimas de violencia de género indica que hubo 79,4 mujeres afectadas por cada 10.000 en toda España. Las comunidades autónomas que están por encima de la media son Balears (124,8), Murcia (114,5), País València (106,5), Canarias (102,1), Andalucía y Navarra (88,8) y Madrid (80,9).

Las tasas más bajas se encontraron en Castilla y León, con 52,5 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77.

Los resultados también resaltan el porcentaje de víctimas que decidieron declarar ante sus agresores, un 15,38% más que en 2022. Por el contrario, 19.500 mujeres prefirieron no prestar declaración contra sus agresores.

Un 8,24% más de órdenes de protección que en 2022

En 2023 se solicitaron un total de 50.806 órdenes de protección en los órganos judiciales. Fueron admitidas 35.551 —un 8,24% más que en 2022— y se rechazaron 15.067 —un 5,6% más—. De estas medidas cautelares, 29.177 fueron tramitadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, admitiendo el 68,7% de las solicitudes. Las otras 6.374 correspondieron a los juzgados de guardia.

Dentro de las órdenes de protección se encuentran medidas penales, como la privación de la libertad, la orden de alejamiento o la prohibición de comunicación, y medidas civiles, como la atribución del uso y disfrute de la vivienda o el régimen de la custodia con los posibles hijos. También existen medidas de asistencia y protección social.

En el 46,3% de los casos, la víctima mantenía una relación de pareja cuando se solicitó la orden de protección. Y el 2,1% del total de las mujeres que solicitaron esta medida eran menores de edad.

En concreto, los órganos judiciales respectivos decretaron un total de 64.914 medidas judiciales penales para proteger a las víctimas. Las más frecuentes fueron órdenes de alejamiento (25.137) y la prohibición de comunicación (24.270).

En cuanto a las medidas civiles adoptadas, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (6.471), seguidas por la atribución de la vivienda (4.550) y la suspensión del régimen de visitas (4.026).

Por otro lado, las sentencias dictadas respecto a procesos relativos a la violencia de género fueron 60.172. De las cuales 48.525 fueron condenatorias y 11.647 absolutorias.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,56%, y en las audiencias provinciales, con el 81,02% del total de sentencias dictadas.

Reedición del Pacto de Estado

Tras la publicación de los resultados, Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio, ha calificado como eficaz la actuación de la Justicia y que genera "confianza" en las víctimas a la hora de denunciar.

Asimismo, ha reiterado un llamamiento al Congreso y al Senado para que reediten el Pacto de Estado. "Hoy más que nunca es imprescindible que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias con el fin de reeditar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado un Pacto de Estado que, como el de 2017, nos permita seguir siendo puntas de lanza a nivel internacional en esta materia", ha señalado Carmona.

Además, la presidenta del Observatorio se ha basado en el porcentaje de los fallos condenatorios para hacer hincapié en la inexistencia de impunidad sobre estos delitos.