Caso Dani Alves: los protocolos contra la violencia sexual son clave, pero el sector reclama armonizar medidas

El pasado 20 de enero el futbolista Dani Alves ingresó en prisión. Así lo decidió la jueza encargada del caso. Tras tomar declaración tanto a la joven que lo denunció por violación como al propio Alves, decretó que el jugador fuera trasladado a un centro penitenciario con un régimen comunicado pero sin fianza. Entre las consideraciones que tuvo en cuenta la jueza para tomar su decisión figuran la solidez del relato de la joven, la falta de consistencia del futbolista (que ha llegado a dar hasta tres versiones de los hechos) y las pruebas con las que contaba hasta el momento. La posibilidad de una alta pena por el delito (según el Código Penal podría ser de entre cuatro y 12 años, si no hay agravantes), la gran fortuna del jugador y su falta de arraigo en España, podrían haber pesado para considerar que existía riesgo de fuga y denegar la libertad bajo fianza. 

Muchos de las pruebas que tuvo en cuenta la magistrada para ordenar el ingreso en prisión fueron los indicios que apuntaban a que el relato de la víctima era creíble y para esto fue determinante la actuación de la discoteca Sutton la noche en que se produjeron los hechos (la del 30 al 31 de diciembre pasado) al activar el protocolo contra las violencias sexuales de inmediato, según destacan diversas fuentes.

Fuentes de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) subrayan que Sutton estaba adherida al protocolo "No callem" (No callamos) impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de una iniciativa de aplicación voluntaria a la que están adheridos 39 locales en la ciudad condal, que incluye a salas de música, festivales y otros espacios donde se concentra gran cantidad de gente, como estadios desportivos. ¿Pero en qué consisten estos protocolos?

La atención a la víctima es lo primero

El protocolo consiste en una serie de medidas pautadas que deben ser conocidas y respetadas por todos los empleados del local para poder activarlo la pie de la letra. La primera medida es que la prioridad debe estar siempre en la víctima y en ningún caso la persecución del delito ni en el presunto agresor. Es importante que la agredida no se quede sola y que reciba la atención, la información y el acompañamiento necesarios y que pueda decidir sobre sus actos.

En el caso de la discoteca Sutton, la joven comunicó a uno de los porteros lo que le había ocurrido. Éste inmediatamente buscó a un jefe de sala con competencias para tomar la decisión. Así se activó el protocolo. Una llamada al 112 por parte del responsable de la sala alertó a los Mossos d'Escuadra que se personaron en el local sólo unos minutos después. Mientras llegaba la policía, la joven fue llevada a una sala privada con sus acompañantes.

Entre las acciones que se llevaron a cabo cuando llegaron los Mossos fueron pedir los vídeos recogidos por las cámaras de la discoteca y clausurar los lugares donde supuestamente habían sucedido los hechos para no perder la pruebas que se pudieran recabar. La joven, mientras, fue trasladada al Hospital Clinic de Barcelona, el centro de referencia para víctimas de agresiones sexuales mayores de 16 años.

Este último paso es clave, porque se trata de un centro que tiene un protocolo estandarizado para la atención de estas víctimas y donde se pueden recabar y guardar las pruebas forenses necesarias. Esta información es conocida por las fuerzas de seguridad y es vital para que no se obligue a la víctima a peregrinar por distintos lugares y sea atendida con todos los medios lo antes posible.

Los empleados de Sutton habían recibido formación por parte de los Mossos sobre cómo actuar en casos como estos y el protocolo se había difundido entre los empleados de la discoteca. Una preparación que, tal como afirman diversas fuentes, es clave para que las medidas funcionen. La discoteca también disponía de carteles con distintivos de la campaña en distintas zonas, como la entrada y los baños.

A partir de su entrada en el Clinic, se activó otro protocolo. Tal como explica a Público la psiquiatra y responsable programa atención integral sobre agresiones sexuales de este hospital, Lluisa Esteve, en el momento que una víctima de agresión sexual entra en el hospital se activa un código específico para este tipo de pacientes. "De la misma forma que cuando llega una persona con un ictus o un ataque cardíaco, aquí también se pone en marcha una cadena de acciones en la que todo el mundo sabe qué tiene que hacer", aclara Esteve. 

En este caso, se traslada a la víctima a un espacio específico a donde acuden los diversos profesionales, mientras está acompañada en todo el proceso  por personal de asistencia social. Todos los médicos y profesionales trabajan en coordinación, para no hacer pasar a la víctima por los mismos procedimientos varias veces, ni que tenga necesidad de repetir la misma historia. Se comunica al juzgado de que se ha producido  un caso de agresión sexual y desde el juzgado se alerta a un forense, que estará presente para recoger las muestras y asegurar que la cadena de custodia no se rompe. La víctima cuenta con un equipo multidisciplinar que está formado por profesionales en infectología, psiquiatría, asistente social y ginecología. 

"Este procedimiento facilita que la justicia tenga todo lo que necesita si la víctima decide denunciar. Lo importante aquí es que la joven tenga todos lo necesario para iniciar su recuperación y asegurar que las muestras se recogen y se guardan de forma segura por si existe una denuncia y se abre un proceso judicial", añade Esteve.

Hasta hace poco, las muestras forenses y su conservación estaba íntimamente ligada a que la agredida presentara una denuncia. La ley de libertad sexual, más conocida como la del solo sí es sí, permite ahora recabar esas muestras biológicas y conservarlas durante año para cuando la víctima pueda o quiera denunciar. 

El sector reclama homogeneizar medidas

El protocolo de Barcelona no es el único que existe. De hecho, las comunidades autónomas y los distintos ayuntamientos de toda España pueden elaborar su propios protocolos. Una variedad de textos y procedimientos que no están unificados y que tienen características propias dependiendo de las condiciones de la zona. Y todos con una característica común: son de cumplimiento voluntario a los que los locales se adhieren. 

Fuentes de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) explican a Público que se precisa más diligencia por parte de las administraciones en la elaboración e implantación de estos protocolos y resaltan el hecho de que existen tantas y diversas entidades (ministerio, comunidades autónomas y ayuntamientos) responsables de la implantación de estas medidas que obliga a avanzar a distintas velocidades. 

No solo esto. Afirman que es preciso avanzar en una propuesta con la administración central para que se negocien estándares que no sean interpretables en distintos lugares. "En cada administración estamos definiendo protocolos y no hay un marco normativo regulador", afirma a Público Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche.

Pizcueta pone dos situaciones que ejemplifican esta disparidad de interpretaciones. Por un lado, la implantación de las campaña y los llamados puntos violetas no se realiza de forma homogénea en las distintas ciudades. El color, el logo y el texto puede variar de una ciudad a otra y no acaba de ser un referente. "Incluso el tono de pantone utilizado varía", añade. Esto que puede parecer algo nimio tiene su importancia a la hora de identificar y reconocer la información. "Un semáforo es prácticamente igual en cualquier lugar donde uno vaya y no hay lugar a dudas sobre el mensaje: rojo, amarillo y verde. Es necesario que el punto violeta sea una señal ética para todo el Estado español y convertirlo en un icono".

Por otro lado, "sería necesaria una normativa sobre el control de acceso a los locales, que dependen ahora de cada comunidad autónoma. En el caso de que se detecte a algún hombre abandonando el local con una mujer que esté mareada o inconsciente se debe establecer la necesidad de pedir la documentación al hombre o a los hombres que la acompañan, para tener un control. Pero ¿Están los porteros o guardias capacitados para pedir este documento?"

Para el portavoz de España de Noche, "aún estamos en una fase preliminar de definición de unos protocolos base de actuación que permitan armonizar la implementación de los puntos violeta en todo el Estado. Como punto de partida, los protocolos pretenden abordar la violencia de género a tres niveles: la prevención de la violencia de género, la capacidad de detección del acosos o agresión sexual y la de atención a la víctima por parte del personal especializado". Para ello, afirma que es necesario incorporar la perspectiva de género en la regulación de las leyes del espectáculo en las distintas comunidades autónomas.

En el pasado mes de julio esta Federación y el Ministerio de Igualdad firmaron un acuerdo de colaboración para poner en marcha actuaciones de prevención de la violencia de genero en el sector del ocio nocturno en España. Entre las medidas estaba la de establecer una mesa de trabajo que defina protocolos de actuación e implantación de puntos violeta en zonas de ocio tanto a nivel nacional como territorial, que facilitara el trabajo de las asociaciones de ocio nocturno con las distintas administraciones.

"La implantación de todas estas pautas de actuación depende de la iniciativa del local teniendo en cuenta que la evolución de este plan de trabajo se realiza a distintas velocidades a lo largo y ancho del territorio nacional", concluye Pizcueta.