Esta misma semana, el Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido en una sentencia que obligar a una mujer a desplazarse de su comunidad autónoma para abortar vulnera sus derechos fundamentales. Es el resultado de años de lucha judicial por parte de Antonia Correa, una murciana a la que derivaron a una clínica privada en Madrid cuando decidió interrumpir su embarazo después de que detectaran en el feto una enfermedad grave e incurable.

A pesar de la sentencia del TC, en varias comunidades es habitual que no se realicen abortos y las mujeres tengan que ir a otras zonas del país para acceder a este derecho. No es la única problemática que se encuentran las mujeres para poder interrumpir el embarazo. Aunque puedan abortar en su comunidad autónoma, en varias las interrupciones solo se llevan a cabo en clínicas privadas.

La sanidad pública debe correr con el gasto en estos centros. Pero en la práctica no siempre es así. El año pasado el 74,27% de los abortos que se realizaron en las clínicas privadas de la Comunidad de Madrid por "grave riesgo para la salud o para la vida de la embarazada" corrieron a cargo de la propia embarazada.

Casi todos los abortos que se realizan en la Comunidad de Madrid se hacen en clínicas privadas. En 2022 se practicaron 18.983 en estas clínicas y solo 59 en hospitales públicos, según los datos de la Consejería de Sanidad obtenidos por Público tras una solicitud de acceso a la información al amparo de la ley de transparencia.

En los hospitales públicos madrileños se realizan muy pocas interrupciones voluntarias del embarazo, debido sobre todo a la objeción de conciencia. Los sanitarios tienen derecho a no realizar abortos si no están de acuerdo con esa práctica —igual que sucede, por ejemplo, con la eutanasia—. Pero esa objeción se tiene que realizar previamente de forma individual y por escrito. Es decir, los sanitarios no tienen que mostrarse dispuestos a realizar abortos, sino que los que no quieran hacerlos deben declarar antes su objeción.

Según denuncian diversas organizaciones, en algunos hospitales de Madrid y otros lugares de España, cuando la dirección o el jefe de servicio de Ginecología se declaran objetores, se bloquea automáticamente la realización de abortos en dicho centro, aunque existan otros sanitarios del hospital que no lo sean.

Está por ver si la situación ha cambiado tras la reforma de la ley del aborto a inicios de este año, que, entre otras cosas, obliga a las comunidades a crear registros de objetores y procurar que se realicen abortos en la sanidad pública. Hasta ahora, la forma en la que estaba funcionando la objeción de conciencia ha supuesto que no se garantice la realización de abortos en los centros públicos en gran parte de España. Ha pasado en Madrid, pero también en otras comunidades, como Murcia, de donde es la mujer que derivaron al circuito sanitario privado de la capital y que ahora la Administración autonómica tendrá que indemnizar.

La excusa de la derecha

La gran excusa de los Gobiernos de derechas ha sido que las mujeres podían seguir abortando de forma libre y gratuita en las clínicas privadas. De hecho, estas tienen que ser acreditadas por las consejerías de Sanidad para que, entre otras cosas, la Administración autonómica —que tiene transferidas las competencias en materia sanitaria— pueda cubrir el gasto de los abortos que realizan.

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Esther Platero aseguraba a finales de 2021 en un pleno autonómico que era falso que las mujeres tuvieran que pagar por interrumpir su embarazo. "Aunque se desarrollen en clínicas privadas, a las mujeres que acuden, [el aborto] se les paga [por] la Seguridad Social".

Pero esos pagos en Madrid no se hacen de forma automática y, por ello, no siempre llegan. En 2022 las mujeres pagaron de su propio bolsillo 5.766 abortos: el 30,28% de todos los que se realizaron en la Comunidad de Madrid. El precio que les cobran en las clínicas oscila entre los 300 y 500 euros, dependiendo de las semanas de gestación y si el aborto es por método instrumental o farmacológico.

En otras comunidades la problemática no llega a este nivel porque los pagos sí se realizan de forma automática, como, por ejemplo, en el País Vasco, según explica Raquel Hurtado, portavoz de SEDRA - Federación de Planificación Familiar. "Muchas mujeres pagan la interrupción por el estigma que todavía supone el aborto y por las complicaciones que implica la gestión administrativa de la financiación. En el caso de la Comunidad de Madrid es necesario pedir cita e ir a las oficinas del Servicio Madrileño de Salud para tramitar la documentación. Por ello, hay mujeres que si tienen la posibilidad económica de costear la interrupción, lo hacen", resume Hurtado.

Las propias clínicas privadas publicitan la posibilidad de abortar de forma más rápida si no se hacen los trámites para que el coste lo cubra la Seguridad Social. "No se está cumpliendo lo que dice la ley con la realización de la prestación en el circuito público, pero tampoco con la gratuidad. Hay que tomar cartas en el asunto. Mientras las comunidades autónomas ponen su voluntad política para que se realicen los abortos en los hospitales públicos, es necesario poner menos obstáculos administrativos a las mujeres que están interrumpiendo los embarazos en el circuito privado y garantizar la gratuidad", pide Hurtado.

Los plazos

La ley de plazos —que se aprobó en 2010 durante el Gobierno de Zapatero— fue pionera al permitir el aborto libre para las mujeres hasta la semana número 14 de embarazo. En ese caso los abortos se consideran directamente "a petición de la mujer", sean por la casuística que sean, ya que no hay que justificar el motivo. Son los mayoritarios. En 2022 en la Comunidad de Madrid 15.818 de los 19.042 fueron de este tipo. El 23,09% de estos fueron pagados por las propias mujeres.

Pasado ese plazo las mujeres pueden abortar hasta la semana número 22 en dos supuestos: si existe grave riesgo para su vida o su salud o si hay riesgo de graves anomalías en el feto. El primer caso es más habitual y el único en el que la mayoría de mujeres acaban pagando de su propio bolsillo la interrupción del embarazo. "En estos casos muchas veces hablamos de embarazos planificados y deseados, cuya interrupción implica un duelo para la mujer. Por ello y por la complejidad de los trámites, hay más facilidad para que la mujer no solicite la gratuidad de la interrupción", explica Hurtado.

Por último, también se puede abortar a partir de la 22ª semana si se detecta en el feto anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Para interrumpir un embarazo bajo este supuesto es necesario que lo acredite un comité clínico. Estos casos son los menos frecuentes. El año pasado en Madrid hubo 22 abortos de este tipo en clínicas privadas: 21 financiados por la sanidad pública y uno que lo pagó la embarazada.

Estefany Molina, la abogada de Women's Link que representó a Antonia Correa en su lucha judicial, asegura a Público que es fundamental que las mujeres puedan abortar libremente sin salir de su comunidad autónoma y en centros públicos. "Pero si esto no sucede, se tiene que asegurar que lo cubra la Seguridad Social, no se puede dejar que las mujeres sean las que paguen el acceso a un servicio que está reconocido en la cartera de salud del Estado. El derecho se garantiza si el servicio realmente es gratuito, accesible y llega a todos los sitios".

Más de 87.000 abortos pagados por las mujeres

Esta problemática en la Comunidad de Madrid viene de lejos. En 2021 un 30% de los abortos en la región también fueron pagados por las propias mujeres, como contó Maldita.es. En total, desde 2010 ha habido ya 87.617 abortos en estas clínicas privadas que no han sido financiados por la sanidad pública.

Una de las excusas de las clínicas privadas para justificar el gran porcentaje de abortos que corren a cuenta de las propias mujeres es que habría extranjeras acudiendo a España a interrumpir su embarazo por tener más trabas en sus países y en estos casos no están cubiertas por la sanidad pública. Así lo aseguraban a Maldita.es.

Pero, en realidad, en 2022 solo 137 abortos —un 0,72% de todos los que tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid— eran de mujeres residentes en otros países, según los datos de la Consejería de Sanidad obtenidos por Público utilizando la ley de transparencia.