Revista LuzesFernando Martínez, director general para la Memoria Histórica: "Meirás puede ser una vía que otras familias transiten para recuperar sus propiedades"

Fernando Martínez (Vélez-Blanco, Almería, 1941) fue director general para la Memoria Histórica durante los nueve meses de Gobierno de Pedro Sánchez. Fue el primero. Antes había ejercido de alcalde de Almería por el PSOE y fue responsable de la elaboración del mapa de fosas de Andalucía. A mediados de julio participó en unas jornadas sobre memoria histórica en Sada, invitado como el impulsor de la demanda del Estado español contra los Franco por Meirás. Vino con el tiempo justo, muy ocupado en reuniones de partido en los días previos a la investidura, pero accedió a esta entrevista con Luzes a través del correo.

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Fernando Martínez es un demócrata prudente y paciente, un divulgador riguroso, un político comprometido con la causa de las víctimas. No da un paso más largo que otro. Pero dice cosas que a la mayoría de la Academia aún le cuesta expresar. Por ejemplo, en Sada: "La liturgia nacional-católica se preocupó fundamentalmente de montar un discurso maniqueo. En ese discurso deturpado sus caídos nunca se olvidaban, y lo que se olvidaba eran las víctimas de los vencidos. Lo que habría que preguntar hoy es si se da un discurso asimétrico y excluyente. ¿Qué pasó con las víctimas de los vencidos cuando llegó la democracia? ¿Qué pasó con esas víctimas de la represión física, de las depuraciones profesionales, de las incautaciones de bienes y de los tribunales de responsabilidades políticas que se mantuvieron durante 30 años?... Pues en la democracia, en los primeros años, continuó aquel discurso asimétrico porque quien hegemonizó el proceso de transición fueron los reformistas del régimen. En Alemania o Italia, los que ganaron la guerra cambiaron el discurso situándolo en los valores democráticos. Aquí no. Durante mucho tiempo tuvimos que seguir conviviendo con aquel discurso del miedo, del terror que perduró".

¿Cómo fue esa breve experiencia como primer director general para la Memoria Histórica?

En la primera rueda de prensa que di como director general había mucha expectación. Había cantidad de medios de comunicación, mismo extranjeros... Cuando finalicé de hacer la exposición, un periodista de El Español, que como es sabido no es un periódico progresista, me preguntó: "¿Cómo valora usted a los asesinados y los asesinatos que se produjeron en el Madrid republicano?". Respondí inmediatamente: "Son víctimas". Y expliqué: "Son víctimas de los vencedores, que fueron reparadas económicamente y fueron objeto de un estudio que habrá que actualizar. Tuvieron reparaciones económicas para ellos, para sus familiares, para los hijos... y, sistemáticamente, reparaciones morales. Los que ya vamos viejos recordamos que todos los 20 de noviembre, en toda España, se hacía una noche para velar alrededor de la cruz de los caídos a los llamados 'caídos por Dios y por España'...". Y añadí: "Las víctimas de los vencedores fueron todas reparadas. Las víctimas de los vencidos, en esos mismos lugares en los que se hacían aquellas conmemoraciones, estaban fuera de la escena pública; eran estigmatizadas como los causantes de la guerra y de los crímenes, como 'rojas' y 'rojos'... Eso durante 40 años".

Pero sí hubo reparaciones a las víctimas de los vencidos. Diste la cifra de 21.334 millones de euros como total del gasto del Estado con las víctimas del franquismo. Parece mucho, ¿por qué se vio tan poco?

Esa es la cifra actualizada de reparaciones económicas llevadas a cabo por el Estado español desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 2018, especialmente en pensiones a militares republicanos, carabineros, viudas de guerra, huérfanos, niños de la guerra, por años de cárcel... Es una cifra que apenas se conoce, pero es preciso darla a conocer para quien apuntan que no se hizo nada. Creo que fue insuficiente, pero fue una reparación económica significativa desde los primeros momentos de la democracia.

Con la pregunta anterior trataba de llamar la atención sobre la siguiente cuestión: se hicieron políticas de memoria, pero siempre un poco a escondidas. ¿Se puede afirmar que hubo una política de Estado de memoria digna de tal nombre, sin miedo?

Yo situaría dos etapas en las políticas públicas de memoria. Una primera, de carácter espontáneo, llevada a cabo durante los primeros años de la transición por familiares, sindicatos, partidos de izquierdas y los ayuntamientos democráticos. Se iniciaron las exhumaciones sin rigor científico, se realizaron cambios simbólicos como el cambio de los nombres de las calles franquistas de muchas ciudades y villas... Y desde el Estado se inician las reparaciones económicas a las que me referí antes. Esto termina a principios de los ochenta, especialmente tras el golpe de estado de 1981. La segunda etapa, bajo el impulso del movimiento memorialístico de sus asociaciones, cristaliza en la Ley de Memoria Histórica de 2007 por la que el Estado impulsa políticas públicas de memoria y se produce el reconocimiento y la dignificación de las víctimas del franquismo, se realizan exhumaciones con carácter científico, se confecciona el mapa de fosas, se crea la Oficina de Víctimas, y se ponen en marcha el conocimiento de la verdad a través de numerosas investigaciones. Todo esto finaliza con la llegada de Rajoy y del PP al Gobierno y su política de cero euros para la Ley de Memoria. Mientras tanto, quien va a mantener políticas de memoria son algunas comunidades autónomas que se dotan de instrumentos normativos y leyes de memoria propias, programan exhumaciones, etcétera. Tras la moción de censura que hace caer el Gobierno de Rajoy, el Gobierno socialista retoma decididamente las políticas públicas de Memoria a través de la creación de una Dirección General en el Ministerio de Justicia desde donde se crean las bases para el impulso del proceso de las exhumaciones lideradas por el Estado, se programa la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano español en más de un centenar de ciudades de tres continentes, se llevan a cabo las reparaciones, se impulsan los estudios preliminares de fosas del cementerio de Córdoba, y en Alfacar, Viznar o Padul [las tres, localidades granadinas], se realizan estudios sobre batallones disciplinarios, se aprueba un Decreto de reconocimiento a las víctimas de los campos nazis... Y especialmente, se procede al proceso de exhumación del dictador del Valle de los Caídos y la demanda para restituir al dominio público el Pazo de Meirás.

¿Cuál es tu vínculo personal con la Guerra Civil?

Mi abuelo materno estuvo durante varios años en la cárcel tras la Guerra Civil. Yo me acerqué al estudio de este período por mi profesión como historiador de Contemporánea en la Universidad de Almería.

¿Hasta qué punto crees que se asentó la idea de tratar con "equidistancia" las víctimas de uno y otro bando? ¿Hasta que punto eso es un problema para las políticas de memoria que defendéis tú y tu partido?

En primer lugar, se produjo un tratamiento asimétrico de las víctimas. Las de los vencedores fueron reparadas económica y moralmente durante los 40 años de franquismo, se investigó lo que les pasó a través de la Causa General. La liturgia nacional-católica se encargó de construir un discurso oficial y maniqueo en el que nunca se olvidaba a sus muertos. Mientras tanto las víctimas de los vencidos eran criminalizadas, estigmatizadas e invisibilizadas y ese discurso asimétrico y excluyente permaneció durante los primeros años de la transición al tiempo que se iniciaba una reivindicación de reparación de las víctimas de los vencidos y se impulsaban espontáneamente políticas de memoria. En segundo lugar, una cierta historiografía tradicional abundó en los planteamientos de "todos fuimos culpables", y en otras de claro trazo revisionista sobre la necesidad de la equidistancia y la responsabilidad compartida, poco rigurosas con la génesis y las causas de la Guerra Civil. Estas teorías, aún vivas entre determinada gente, dificultan el impulso de las políticas de memoria, aunque yo creo que paulatinamente se van debilitando.

Has señalado que la próxima debe ser "la legislatura de la memoria" porque es urgente, se acaba el tiempo... ¿A qué tiempo te refieres? ¿Ves riesgo de que caigamos en un «olvido»?

Así lo creo. Debe ser la legislatura de la memoria. Desaparecieron muchas víctimas pero aún quedan algunos de sus hijos y hijas y tenemos que darnos prisa para que puedan ver reparados a los familiares. Soy optimista, siempre hay riesgos y más ahora con el auge de la extrema derecha, pero el Estado democrático tiene el deber de memoria y de resolver de una vez por todas el conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil no reparadas. Así nos lo exigen los organismos internacionales humanitarios como la ONU.

¿Qué nos dicen el Valle de los Caídos, Meirás y las fosas de una democracia de 40 años?

Que son temas que la democracia debería resolver antes. Ahora bien, como indica el dicho "nunca es tarde si la dicha es buena".

¿Cuál fue la estrategia de la Dirección General para la Memoria Histórica para sacar a Franco del Valle de los Caídos? ¿Cuándo y cómo esperas que concluya el proceso?

El objetivo fue sacar el dictador de aquel mausoleo siguiendo el acuerdo del Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno se dieron todos los pasos parlamentarios y jurídicos para eso, y hasta antes de terminar la anterior legislatura, se acordó llevar a cabo a exhumación el día 10 de junio, hecho que no se pudo producir porque la sala del contencioso del Tribunal Supremo impuso medidas cautelares. Yo espero que se resuelva pronto y pueda ser exhumado el dictador de aquel mausoleo e inhumado en el cementerio del Pardo. El dictador no puede reposar junto a sus víctimas. Ni puede tener un lugar de homenaje público.

En Sada también reafirmaste tu compromiso decidido con una solución para Meirás. ¿Qué es lo que te llevó a esta implicación personal? ¿Qué cosas nuevas aprendiste sobre el franquismo con este caso?

Cuando estuve en la Dirección General recibí los acuerdos de la Diputación de A Coruña y de la Xunta y mi deber fue transmitirlos a la Abogacía General de el Estado en el Ministerio de Justicia para que los estudiara y obrara en consecuencia. Daba la impresión, desde el primero momento, que había elementos para poner la demanda y en eso se trabajó muy intensamente hasta que hace unas semanas se presentó. Se realizó un gran trabajo desde la Abogacía. El estudio de todo este proceso me sirvió para conocer más profundamente prácticas de funcionamiento del franquismo.

Carlos Babío sostiene que ya se consolidó la idea, en la opinión pública, de que Meirás fue un robo. ¿Estás de acuerdo? ¿Ves alguna otra idea que se tenga socializado y que facilite el proceso de recuperación?

Los documentos apuntan por ahí. Creo que el magnífico trabajo realizado por historiadores como Babío, Pérez Lorenzo y el grupo de expertos de la Xunta y de la Diputación dará sus frutos. A eso hay que sumar el método llevado a cabo, la discreción, y la unanimidad de los actores públicos gallegos.

Cuando hablas de Meirás, adviertes que será un proceso largo, lleno de dificultades y con «gente» que pondrá obstáculos. ¿Quien obstaculiza y por qué el avance en Meirás o en el Valle de los Caídos?

Estamos en un Estado de derecho y me imagino que la familia interpondrá los recursos que estime oportunos y eso llevará tiempo en resolverse. En relación con otros casos, vimos como desde alguna fundación franquista se interpusieron todos los recursos posibles para que no se lleve a cabo.

¿Es la Iglesia uno de los actores que obstaculizan el avance en las políticas de memoria democrática?

La Iglesia católica y algunos medios conservadores ya fueron sumamente beligerantes contra la Ley de 2007 de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el caso de Meirás, es la primera vez que el Estado demanda a los Franco. ¿Qué consecuencias previsibles tiene esto para otras familias enriquecidas al amparo del régimen?

Lo desconozco, pero puede ser una vía que otras familias transiten para recuperar sus propiedades.

¿Formaría parte de las políticas de memoria una relación de los victimarios, un catálogo de los bienes incautados al pueblo, la devolución o la reparación en estos casos?

Yo soy partidario de la justicia restaurativa. Los estudios que realizamos sobre incautaciones de bienes durante la Guerra Civil y el impacto que tuvo la Ley de Responsabilidades Políticas en algunas Comunidades Autónomas y provincias, nos permiten aportar ya el alcance de lo que supuso la represión económica y quién fueron sus víctimas. ES preciso también realizar esos catálogos desde las comunidades. Por ejemplo, en Andalucía unas 60.000 personas sufrieron el impacto de la Ley de Responsabilidades Políticas y de las Comisiones Provinciales de Incautaciones de Bienes. Los tenemos identificados villa a villa. Así habrá que hacerlo donde aun no se realizaron estos estudios y acercar los nombres para el gran censo de víctimas que debe de realizarse desde el Estado. Los catálogos serán necesarios para una futura reparación.

En el asunto de las fosas eres rotundo. «No puede haber fosas en un Estado democrático», mantiene. ¿Por qué las hay? ¿Qué debería hacer el nuevo Gobierno de izquierdas a al respecto?

Considero que el Estado democrático debe de abordar prioritariamente la exhumación de las fosas comunes. Según el estudio sobre el estado de la cuestión que encargó el Ministerio de Justicia al grupo de estudios Aranzadi, el Estado debe liderar el proceso de exhumaciones y en una legislatura y media se podría llevar adelante las exhumaciones de fosas en España. Esta es una tarea que ancla en los derechos humanos, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de dignidad nacional democrática. Por eso, desde el Ministerio se está elaborando un plan de choque como primera fase.

Llamas la atención sobre la «orfandad del exilio» delante de la falta de un reconocimiento oficial. Parece sin duda una de las grandes lagunas de las políticas de memoria. ¿Es aún posible, desde el Estado, compensar esa deuda, o en este caso ya es demasiado tarde?

Ese sentimiento de orfandad de la democracia es lo que nos transmiten muchos hijos y hijas del exilio republicano cuando participamos con ellos en actos y congresos. Por eso, en la conmemoración del 80 aniversario quisimos hacer un reconocimiento a los hombres y mujeres del exilio, a sus países de acogida y dar a conocer al gran público el exilio republicano, muy desconocido entre la ciudadanía española. Para eso, se llevaron a cabo actos de Estado con la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en los que se rindió homenaje de Estado por primera vez a Manuel Azaña y Antonio Machado en Montauban y Colliure, y a los exiliados y exiliadas en Francia, México, Argelia, Moscú... y actos en diferentes ciudades españolas y extranjeras donde hubo colonias del exilio. Las asociaciones del exilio recibieron muy bien esta conmemoración que se está haciendo en 2019.

¿Ves aún posible en los próximos años un juicio al franquismo como el que trató de iniciar Garzón o como el que se da con la querella argentina?

Para eso será importante la reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que debería basarse en las recomendaciones de informes como el del ponente de Naciones Unidas, Pablo de Greiff en 2014, atendiendo a la corrección de sus insuficiencias, a los avances de las normativas autonómicas y a un liderazgo por parte del Estado de las políticas públicas de memoria.

¿Que opinión te merece la «censura» que el sistema mediático e institucional español ejerció sobre diversas investigaciones académicas o periodísticas?

La mejor política contra el olvido es el deber de memoria que debe tener el Estado Democrático y toda la ciudadanía.

Es inevitable que cualquier avance en las políticas estatales de memoria cuestione la legitimidad del franquismo y también la legitimidad de la monarquía. ¿Crees que las políticas de memoria deberían atender también a la monarquía, a su papel durante y después del franquismo?

Las políticas públicas de memoria deben de tener como centro de sus preocupaciones a las víctimas y a sus familiares, el conocimiento de la verdad de lo que les pasó, la justicia, la reparación de todas ellas y crear entre la ciudadanía las garantías de no repetición. Desde esa perspectiva se puede avanzar en la democracia. La memoria histórica no es una cuestión del pasado, es futuro para nuestra democracia y sus valores.