Miyako Shirakawa era una estudiante universitaria de 19 años cuando fue violada por un hombre mayor. Contaba que cuando comenzó la agresión, su mente se quedó en blanco y se paralizó.

“Cuando me di cuenta, él estaba encima de mí”, relataba Shirakawa, mujer de 54 años, convertida ahora en psiquiatra que trata a las víctimas de abuso sexual. Ese tipo de respuesta “es una reacción común e instintiva, es una forma de autoprotección psicológica”, añadía Shirakawa, que se quedó embarazada a causa de la violación. No denunció el caso a la policía, y tuvo un aborto.

Sin embargo, en virtud de la ley japonesa, no defenderse puede hacer que sea imposible que los fiscales prueben la violación.

En 2017, los legisladores revisaron la centenaria ley japonesa sobre la violación para incluir penas más severas y otros cambios. Las reformas, sin embargo, dejaron intactos los polémicos requisitos que los fiscales deben probar sobre la existencia de violencia o intimidación, o que la víctima era “incapaz de resistirse”.

Los expertos piden la revisión de la ley 

Una reciente serie de absoluciones ha resucitado la indignación por la normativa, que, según Shirakawa y otros críticos, supone una carga injustamente alta para las víctimas. Las empuja a no denunciar y reduce sus posibilidades en los tribunales si lo hacen.

Estos expertos piden que la ley sea revisada para hacer de todas las relaciones sexuales no consensuadas un delito, sin excepción, como ocurre en otros países desarrollados como Reino Unido, Alemania y Canadá.

“Abordar la violencia sexual desde el punto de vista de la víctima es una tendencia mundial, y es hora de reformar el sistema legal y la sociedad japonesa, que no pueden hacerlo”, dijo Minori Kitahara, una autora y activista que se encuentra entre los organizadores de las protestas contra los recientes fallos judiciales.

Una de esas resoluciones se produjo en marzo, cuando un tribunal de Nagoya, en el centro del Japón, absolvió a un padre acusado de violar a su hija de 19 años. 

Según una copia de la sentencia a la que tuvo acceso Reuters, el tribunal reconoció que el sexo no había sido consentido, que el padre había abusado física y sexualmente de la víctima cuando era más joven y que había utilizado la fuerza.

Sin embargo, los jueces llegaron a la conclusión de que seguía habiendo dudas sobre si no tenía más opción que la de someterse. La sentencia fue recurrida.