La coalición que gobierna Perú desde diciembre, cuyo rostro es la presidenta Dina Boluarte, es responsable de 49 muertos civiles por disparos de las fuerzas del orden en la represión de protestas antigubernamentales.

Las graves violaciones de los derechos humanos han sido documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch e investigaciones periodísticas.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, también se ha pronunciado, al igual que el propio Departamento de Estado de EEUU.

El Gobierno de Boluarte busca respaldo foráneo para contrarrestar la oposición interna: el 79% de los peruanos desaprueba al Ejecutivo y el 90% al Congreso, núcleo de la coalición autoritaria. Al mismo tiempo, Washington necesita socios ante el avance de las inversiones chinas y los aliados de Rusia en Latinoamérica.

Perú ha autorizado la entrada al país de más de 1.200 soldados estadounidenses para ejercicios militares y policiales de junio a diciembre, una decisión que los analistas califican de "inoportuna", "muy llamativa" o "poco normal", pues coincide con el reinicio de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones, las mismas demandas desde hace medio año, cuando Pedro Castillo fue encarcelado.

Las tropas estadounidenses ingresan de forma periódica a Perú desde hace décadas, pero no por períodos tan largos como esta vez.

La actual mandataria era la vicepresidenta de Pedro Castillo, un maestro rural que ganó la segunda vuelta electoral a Keiko Fujimori en junio de 2021. Cuando el fujimorismo y sus aliados perdieron, se dedicaron a buscar cómo echar del cargo a Castillo e inhabilitar a Boluarte.

Tras el frustrado autogolpe y encarcelamiento de Castillo -investigado por corrupción-, la vicepresidenta lo reemplazó gracias a una transacción con los más conservadores.

De esa forma, los perdedores de 2021 y la clase política más reaccionaria, incluidos ex altos cargos de las Fuerzas Armadas, dominan el Congreso; por lo tanto, también gobiernan. Esta es la razón por la que desde diciembre el 76% de los peruanos rechazó este mandato y miles se echaron a las calles.

Carril rápido

El Ejecutivo envió al Congreso el 20 de abril y el 19 de mayo los borradores de las resoluciones legislativas basados en notas diplomáticas estadounidenses que fijaban las fechas para operaciones y entrenamiento en suelo peruano.

El trámite fue breve porque los documentos fueron exonerados de debate en la comisión de Defensa y del plazo de publicación en la página web del Parlamento. El 31 de mayo el diario oficial publicó las dos autorizaciones de entrada al territorio peruano para 1.242 militares estadounidenses, seis aviones, cientos de equipamientos y proyectiles de guerra.

Las tropas desarrollarán con sus pares peruanos entre junio y agosto el ejercicio internacional de operaciones especiales Centinela Resuelta. Y entre junio y diciembre llevarán a cabo otros cinco entrenamientos que involucran no solo a militares, sino también a policías peruanos de la Dirección Antidrogas o de Operaciones Especiales.

El expresidente del organismo antidrogas de Perú, Ricardo Soberón, destacó en una entrevista en televisión que la participación de las fuerzas armadas peruanas en el ejercicio Centinela ocurre a petición del Comando Sur de los EEUU. "No hay una necesidad cooperativa", refirió.

Geopolítica versus derechos humanos

"No necesitamos ese tipo de ejercicios que tienen un componente geoestratégico que escapa a las necesidades del Gobierno y del Estado peruano. Es altamente inconveniente e inoportuna la entrada de las tropas, por lo delicado de la situación política que vive el país", comentó Soberón, abogado y director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH).

"La aprobación viene de un Congreso deslegitimado, con más del 90% de desaprobación nacional y un Gobierno que tiene los mismos problemas de origen", comentó Soberón, abogado y director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH).

En enero pasado, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, reconoció en una charla auspiciada por el fabricante sueco de armas Saab que Washington debía mejorar la estrategia en América Latina debido al aumento de las inversiones chinas en infraestructura y la existencia de aliados de Rusia en la región (Nicaragua, Cuba o Venezuela).

Y denominó a los países aliados "el equipo USA, el equipo democracia" ("Team USA, team democracy").

"¿Por qué esta región es tan importante? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tenemos el triángulo del litio en Argentina, Bolivia, Chile; tenemos las más grandes reservas de petróleo crudo ligero en Guyana, y las de Venezuela también con petróleo, oro y cobre. Tenemos el Amazonas, el 31% del agua dulce en esa región también", afirmó entonces la jefa militar en esa charla.

El cuartel general del Comando Sur está en Florida, pero tiene fuerzas de tarea en Guantánamo (Cuba) y en la base aérea Soto-Cano (Honduras).

"Estados Unidos realiza este tipo de actividades de cooperación y entrenamiento con las fuerzas militares en América Latina regularmente. El programa Resolute Sentinel rota de país en país y el año pasado se realizó en Honduras", explica la politóloga estadounidense y experta en derechos humanos Jo-Marie Burt, del organismo Washington Office for Latin America (WOLA).

Burt ve "muy llamativo" que EEUU haya seleccionado Perú para llevar a cabo este ejercicio conjunto teniendo en cuenta "el contexto actual en que organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras locales han denunciado que las fuerzas armadas y policiales han cometido graves violaciones a los derechos humanos, y han notado serios problemas en las investigaciones fiscales para dar con los responsables".

"Es un elemento más que evidencia que Estados Unidos, aunque dice que apoya la democracia y los derechos humanos en el Perú, es de la boca para afuera" advierte Burt.

"En mi experiencia de conversar con altos representantes del Departamento de Estado, son plenamente conscientes de que apoyan al Gobierno [peruano] aún cuando carece de legitimidad, ha utilizado la represión para acallar las protestas y demandas de elecciones adelantadas, y que en alianza con diferentes fuerzas en el Congreso van debilitando lo que queda de la institucionalidad democrática en el Perú", continúa.

Y agrega: "Creo que se trata de una decisión basada en consideraciones geopolíticas, más que una preocupación por la democracia y los derechos humanos. Vemos la misma actitud en otros países de la región, como Guatemala".

Algunas voces de izquierda en Perú consideran la llegada de las tropas estadounidenses una provocación o amedrentamiento contra las manifestaciones que se prevé van a retomar los ciudadanos llegados de distintas regiones a Lima, como las que realizaron de enero a abril.

Sin embargo, el catedrático de relaciones internacionales Óscar Vidarte ve otras razones detrás de la cuestión. "No creo que tenga que ver con las protestas o que sea una manera de intimidar porque no ha sido un tema de debate tan público, pero sí dice mucho acerca de la relación que Perú está construyendo con Estados Unidos", sostiene el experto.

"En este escenario tan difícil, el Gobierno tiene que demostrar una relación sólida con EEUU en todos los ámbitos, incluidos la seguridad y la defensa", apunta Vidarte.

"Hay una alianza muy estrecha entre el Gobierno [de Boluarte] y los sectores militares que obliga a tenerlos contentos. Ya hemos visto cómo el Ejecutivo los ha apoyado a pesar de las violaciones de derechos humanos durante las protestas y no vemos ningún mea culpa ni crítica. Este tipo de operaciones [con tropas extranjeras] beneficia a los militares" añade Vidarte.

"No es tan normal, estas actividades no se pueden hacer con facilidad en otros países en la región, pero la coyuntura permite que se lleven a cabo en nuestro país", explica.

Los demócratas y Perú

A finales de febrero, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo que esperaba que Boluarte y el Congreso acordaran el adelanto de elecciones y advirtió de que el presidente Joe Biden observaba "atentamente" los acontecimientos en Perú. "Apoya los esfuerzos para impulsar el orden democrático", agregó.

Sin embargo, la embajadora de EEUU en Perú sigue siendo la ex agente de la CIA, Lisa Kenna, nombrada por Donald Trump.

Es la diplomática que más veces se ha fotografiado junto a Boluarte y su primer ministro después de cada masacre cometida por las fuerzas del orden entre diciembre y febrero, o después de cada presentación de informes internacionales sobre violación de derechos humanos.

A inicios de enero, Biden nombró a Stephanie Syptak-Ramnath para reemplazar a Kenna y debía pasar por la ratificación del Senado. La funcionaria se presentó ante el comité del Senado el 4 de mayo. Este cambio todavía no se ha producido.

El conformismo de la diplomacia estadounidense con las graves violaciones de los derechos humanos evoca en cierto modo lo ocurrido en la década de los 90 del siglo XX, durante el Gobierno del demócrata Bill Clinton.

Vladimiro Montesinos usufructuaba del narco y dirigió una política de desaparición y asesinato de civiles durante el régimen del autócrata Alberto Fujimori en esa década. La embajada de Estados Unidos lo sabía.

Montesinos era para la Casa Blanca su hombre de confianza en Perú desde tiempo atrás. En los cables diplomáticos secretos lo denominaban el jefe de facto de las fuerzas armadas y del servicio de inteligencia. De hecho, la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) calificaba de "sensible" un informe sobre los sobornos que Montesinos cobraba a uno de los principales narcotraficantes.

Solo en el año 2000, cuando era obvio que Fujimori no seguiría gobernando por las evidencias de corrupción grabadas en vídeos y difundidas por televisión, Washington dejó caer a Vladimiro Montesinos.

Dos décadas después, EEUU señala que en la represión contra los manifestantes del pasado diciembre hubo "problemas de derechos humanos" como asesinatos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales atribuibles al Gobierno que encabeza Boluarte. Pero quizás el litio del sur de Perú (Puno) o el crudo de la Amazonía les importen más.

Las palabras del nuncio apostólico Paolo Rocco a Boluarte, ante el cuerpo diplomático a finales de enero, tras las matanzas en Apurímac, Ayacucho y Puno parecen no haber resonado.

"Juntos significa reconocer el derecho del otro a ser él mismo y a ser diferente, a partir de este reconocimiento se hace posible la cohesión social o más bien un pacto social", dijo.

"Detrás del rechazo de ciertas formas visibles de violencia a menudo se esconde otra violencia más insidiosa que es la de quienes desprecian lo diferente, sobre todo cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus intereses", concluyó Rocco.