El Tribunal Supremo de Italia ha dictaminado este viernes que el saludo romano -el saludo fascista con el brazo extendido- supone un delito sólo si implica "un peligro concreto" de reorganizar el disuelto Partido Fascista. 

El Tribunal Supremo revisaba el caso de unos ultraderechistas condenados por hacer el saludo fascista en una concentración ultraderechista en 2016 que fueron absueltos en primer grado por una ley de 1952 pero condenados en segunda instancia por otra legislación de 1993.

La sentencia del Supremo italiano, de la que solo se ha emitido un resumen a la prensa, obliga ahora a repetir el juicio en apelación contra estas personas. 

El Supremo ha indicado que, como indica la ley de 1952, alzar el brazo, ritual propio del antiguo Partido Fascista, constituye un delito cuando represente "un peligro concreto de reorganización" de esa formación, prohibida por la Constitución.

Y "en determinadas condiciones" puede ser un delito tipificado en la ley de 1993, que prohíbe "las manifestaciones exteriores propias o usuales de organizaciones, asociaciones, movimientos o grupos" que inciten a la discriminación por motivos de raza o nacionales.

Precisamente, la decisión del Supremo llega en medio de un fuerte debate en Italia sobre este tipo de gestos, después de que en la noche del 7 de enero cientos de personas vestidas con camisas negras y en formación militar realizaron el saludo fascista en el centro de Roma.

Italia asumió el sistema democrático como República tras la caída de la dictadura fascista en la II Guerra Mundial y su Constitución, de 1947, prohíbe en sus disposiciones transitorias "la reorganización bajo cualquier forma del disuelto Partido Fascista".

Sin embargo, actualmente en el país existen varias formación de extrema derecha, como Forza Nuova o CasaPound, que suelen participar sin mayor problema en manifestaciones públicas.

En el ordenamiento jurídico italiano hay esencialmente dos leyes que penan la apología del fascismo. 

La primera, aprobada en 1952, en la primera legislatura, por el entonces ministro del Interior, Mario Scelba, sanciona la apología individual o colectiva con hasta dos años de prisión y prohíbe manifestaciones públicas bajo pena de hasta tres años de cárcel.

En 1993, bajo el gobierno del socialista Giuliano Amato, se aprobó la conocida como Ley Mancino con "medidas urgentes en materia de discriminación racial, étnica y religiosa" y que en la actualidad supone el principal instrumento legislativo contra esos delitos.