Un tribunal militar de Argelia condena a muerte al activista disidente Mohamed Benhalima, expulsado de España en marzo

Un tribunal militar de Argelia ha condenado a pena de muerte al activista disidente Mohamed Benhalima. El peor de los augurios ha sido confirmado por su propia madre, una condena que no ha tenido en cuenta los diez años de prisión que pidió hace unos días el fiscal de delitos del tribunal de Argel.

El país africano acusa a Benhalima de unirse a un grupo terrorista, comprometer la seguridad e integridad del territorio nacional, difundir información falsa, desmoralizar el ejército y perjudicar la seguridad.

Mohamed Benhalima, de 32 años, huyó de Argelia y se refugió en España en septiembre de 2019 cuando supo que era buscado por su participación en el movimiento de protestas Hirak, que denunciaba la corrupción política en el país.

El 7 de enero de 2021 fue condenado "in absentia" a diez años de prisión por compartir vídeos online que exponían la corrupción en el ejército. El acusado se opuso a la sentencia. Este domingo, el fiscal de delitos del Tribunal de Bir Mourad Rais también solicitó diez años de cárcel para él.

Expulsión de España pese a las amenazas

El 24 de marzo, las autoridades españolas rechazaron su solicitud de asilo e inmediatamente después resolvió su expediente de expulsión. De nada sirvió que Benhalima estuviera amenazado por Argelia y hubiera pedido amparo al Gobierno español porque su vida corría peligro. Benhalima fue sacado del CIE de Valencia con destino al aeropuerto y de ahí de vuelta a Argelia.

El 24 de marzo, las autoridades españolas rechazaron su solicitud de asilo e inmediatamente después resolvió su expediente de expulsión

Al conocer su expulsión, numerosas organizaciones como Amnistía Internacional, CIEs No o CEAR reclamaron al Gobierno que se anulara su entrega a Argelia porque Benhalima corría el riesgo de ser torturado. Amnistía Internacional emitió una declaración pública en la que manifestaba su condena a la deportación: "Las autoridades habían sido advertidas, mediante recursos jurídicos y llamamientos de la sociedad civil, de que Mohamed Benhalima corre un riesgo elevado de tortura, detención arbitraria y juicio sin las debidas garantías en Argelia, donde este tipo de violaciones de derechos humanos son cada vez más habituales contra presos de opinión y activistas pacíficos".

Varios diputados pidieron explicaciones al Ejecutivo de Sánchez. Compromís pidió por escrito que explicara todas las circunstancias del caso. En respuesta al diputado  Joan Baldoví, el Gobierno defendió que se cumplió "estrictamente con la normativa vigente" y que, por tanto, "no se ignoró en absoluto el contenido del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos" al denegar las dos solicitudes de protección internacional, con fecha de 18 de febrero de 2020 y de 18 de marzo de 2022.

El pasado 27 de marzo, tres días después de ser expulsado por las autoridades españolas, Benhalima confesó a través de un vídeo difundido en la página oficial de Facebook de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) que el ex diplomático Mohamed Larbi Zeitout, establecido en Londres, le instó a "romper la institución militar".

En sus confesiones Benhalima culpó al creador del movimiento islamista Rachad en 2007, clasificado por Argelia como "grupo terrorista", de haberlo alistado para proporcionar información "confidencial" sobre el Ejército argelino y la Policía.

Esa autoinculpación de Benhalima fue la única noticia que tuvieron su familia y amistades en muchos días, lo que les hizo creer que efectivamente había sido torturado y obligado a publicar ese vídeo de confesión.

Al conocer la noticia de la sentencia a muerte, Red Jurídica ha publicado un hilo en Twitter donde desgrana la cronología del caso de Benhalima. Los abogados de esta asociación han representado los intereses del activista y uno de ellos, Eduardo Gómez Cuadrado, exponía en un artículo en Público el pasado 3 de abril todos los pormenores del caso y la injusticia que supuso su expulsión de España.

La expulsión de Benhalima se produjo días después de que Marruecos difundiera el 18 de marzo la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió al rey Mohamed VI en la que aseguraba que el plan de Marruecos sobre el Sáhara era la propuesta "más seria, realista y creíble" para la resolución del conflicto. Argelia respondió a la misiva con la retirada de su embajador y, desde entonces, ha avisado de que puede condicionar los contratos de suministro de gas.