A última hora, justo el día antes de celebrarse el encuentro de los principales líderes de todo el mundo en Marruecos, Chile decidió dar marcha atrás: finalmente no suscribirá el Pacto Mundial para la Migración impulsado por Naciones Unidas.

A pesar de haber participado en la elaboración del acuerdo, que considera 23 puntos para regularizar las políticas migratorias a nivel internacional, el país suramericano optó por retirarse de la alianza, junto con otros 14 estados más. En América Latina, sólo República Dominicana había rechazado sumarse, sin embargo, esta semana, además de Chile, Brasil también se autoexcluyó de la iniciativa.

El anuncio de la retirada chilena no ha estado exento de polémica. En un plazo de 24 horas, dos altos cargos del Gobierno y el propio presidente Sebastián Piñera comparecieron ante la prensa para argumentar la decisión. Muchas explicaciones que de poco sirvieron porque el gobierno ha pasado toda la semana dándole vueltas al asunto y sin aún aclarar cuál será su posición final.

La noticia se dio a conocer el domingo de la mano del subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla: "Nuestra posición es clara: nosotros decimos que la migración no es un derecho humano. El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros", argumentó en la primera intervención pública sobre el tema. El lunes, fue el presidente Piñera quien se pronunció a través de su cuenta de Twitter: "Chile tiene una política que busca una migración ordenada, segura y regulada. Abierta a los que vienen en busca de una mejor vida, respetando nuestras leyes e integrándose a nuestra sociedad. Pero cerrada a los que vienen a causarnos daño como delincuentes o narcotraficantes". En un segundo mensaje, añadió que el pacto "incentiva la migración irregular, restringe nuestra soberanía y puede perjudicar a nuestros compatriotas".

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, salió a reforzar el discurso gubernamental: "Nuestro país no va adherir a nada que pueda ser utilizado en su contra en cortes internacionales y que atente contra la soberanía del Estado de Chile", reiteró.

El gobierno de Piñera, de corte liberal y conservador, critica que el texto "no distingue entre la migración regular e irregular" y que establece que los países deben “colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible". En La Moneda, en cambio, consideran que el apoyo financiero y jurídico a las personas que deciden retornar a sus países de procedencia, “corresponde a los países de origen y no a los países de destino”.

"Salirse de un mínimo entendimiento"

El abogado y presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, Rodolfo Noriega explica que el pacto de Marruecos es el tratado "más categórico" a la hora de reforzar la soberanía de los estados por encima de la migración como derecho humano: “Incluso da la facultad de regular el tratamiento de refugiados y migrantes regulares e irregulares”, apunta en contradicción con la versión gubernamental.

Noriega, de origen peruano y con más de 20 años en Chile como refugiado tras escapar de la dictadura de Alberto Fujimori, opina que el pacto "será un marco de diálogo de aquí a futuro". A su parecer, "cuando se hable de migraciones en el contexto internacional se va a partir del acuerdo establecido en Marruecos. Que Chile esté al margen implica salirse de la base mínima de entendimiento en ese contexto".

El debate se ha mantenido caliente durante toda la semana entre las reacciones de los partidos y la cobertura en los medios. Siete exministros de Exteriores firmaron una declaración conjunta para rechazar la decisión del Gobierno, y la Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de acuerdo que solicita al presidente que reconsidere su decisión.

Desde su llegada al poder en marzo, el gobierno de Piñera ha endurecido las políticas migratorias a base de decretos que restringen la llegada de extranjeros a Chile. El mandatario ha sido especialmente duro con los ciudadanos procedentes de Haití, a quienes limitó la entrega de un máximo de 10.000 visados al año.

"Hay un contrasentido aparente entre lo que es la decisión del Gobierno de no firmar y que el tratado no sea vinculante. Eso tiene que ver con una manera de legitimar una política antimigratoria para instalar categorías como que la migración no es un derecho", sostiene Noriega. "En el fondo, es negacionismo y es parte de su discurso racista, xenófobo y antimigrante", añade el abogado.

Chile se ha convertido en uno de los países receptores de migrantes más importantes de la región. Según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), elaborado a partir de los datos del censo de 2017, la población migrante representa un 4,35% de la población del país, con Perú, Colombia y Venezuela entre los principales países emisores.

República Dominicana: "No hay recursos suficientes"

La decisión de no apoyar el pacto migratorio desde Santo Domingo llegó el pasado 4 de diciembre. El gobierno de Danilo Medina, alineado a la centro-izquierda, argumentó que adoptar el acuerdo "generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige".

Medina pasó la pelota a los ciudadanos y se justificó apuntando a "una falta de consenso básico" en la sociedad dominicana. En una clara referencia a Haití, el presidente indicó que, si bien el texto no tiene carácter vinculante, "crearía compromisos internacionales que le impedirían al Estado dominicano, o lo limitarían enormemente, para dar respuestas a situaciones que puedan presentarse en nuestra frontera terrestre como resultado de las condiciones estructurales y los procesos políticos y sociales que se vive en el país vecino".

De hecho, la idea de que la migración haitiana está desbordando el país está muy extendida socialmente. Carlos Miguel García, presidente de la Sociedad Dominicana en Chile (Sodoenchi), una organización de dominicanos y dominicanas migrantes establecidas en el país suramericano, cuenta que su país de origen "ha llevado una carga a lo largo de la historia por tener que ayudar y socorrer a Haití, el país más pobre del hemisferio, mientras que República Dominicana se encamina al subdesarrollo, ni siquiera está subdesarrollado, y no cuenta con recursos suficientes".

Ese factor es clave, según él, para entender que "el pueblo no estaba a favor de que se firmara este pacto migratorio" y que —dice— fue la presión de la ciudadanía lo que llevó a Medina a desvincularse de la iniciativa. Precisamente, buena parte de la oposición, el sector empresarial y los parlamentarios del oficialismo pidieron al gobierno no rubricar el acuerdo bajo el argumento de que atenta contra la soberanía nacional.

Otro punto importante, siempre según García, es que la decisión de Medina podría contener componentes electoralistas: "Estamos a un año y pocos meses de elecciones, en 2020, y el presidente ha modificado la Constitución para reelegirse y entendiendo que esto [suscribir el pacto] podría afectar su imagen".

Bolsonaro dará marcha atrás

El último país latinoamericano que ha cuestionado el acuerdo, que sí suscribieron más de 160 estados, ha sido Brasil. Su futuro ministro de Exteriores, Ernesto Araújo, anunció que abandonarán la alianza en cuanto el ultraderechista Jair Bolsonaro asuma la Presidencia, el próximo 1 de enero.

El anuncio de Araújo contradice el mensaje de la actual Cancillería, que había señalado que el pacto "es el marco de cooperación más amplio ya creado para la gobernanza global de los flujos migratorios internacionales" y destacó su relevancia para preservar los derechos de los más de tres millones de brasileños que viven en el exterior.

En redes sociales, Araújo detalló las razones de la futura administración de Bolsonaro para salir del acuerdo: "La inmigración es bienvenida, pero no debe ser indiscriminada", aclaró de entrada. "La inmigración debe estar al servicio de los intereses nacionales y de la cohesión de cada sociedad", publicó.

El futuro canciller calificó el tratado de "inadecuado" y, como sus homólogos chileno y dominicano, se excusó detrás de los límites a la soberanía nacional para desmarcarse: "La inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la soberanía de cada país", dijo.

Los guiños entre Brasil y Chile van más allá del tema migratorio. Justo el viernes Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario electo y diputado —el más votado de la historia de Brasil—, visitó Santiago para reunirse con varios parlamentarios conservadores y representantes del Gobierno. Sobre la mesa, el modelo económico chileno y su sistema de pensiones de capitalización individual. Bolsonaro Jr. no se fue sin antes dejar una declaración para la polémica: "Pinochet fue una persona que impidió que Chile se transformase también en una nueva Cuba".