Los antiguos ministros de Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa negaron este jueves en su declaración en la Audiencia Nacional que ordenaran espiar a Julian Assange durante los siete años que el fundador de Wikileaks estuvo recluido en la Embajada ecuatoriana en Londres para evitar que Reino Unido le extraditara a Estados Unidos por sus revelaciones sobre las guerras de Irak y Afganistán. Los políticos ecuatorianos declararon por videoconferencia en el marco de la causa abierta por el presunto espionaje a Assange realizado por la empresa española Undercover Global S.L, noticia adelantada en su momento por Público.

En su declaración ante el juez Santiago Pedraz Patiño, Long y Espinosa (los ministros de Exteriores que sucesivamente tuvo Ecuador durante los siete años que Assange estuvo en la embajada de Londres) negaron categóricamente que permitieran al español David Morales, el dueño de la empresa de seguridad UC Global, que colocara micrófonos y cambiase las cámaras de la legación diplomática.

Morales sostiene que colocó cámaras y micrófonos para espiar a Assange por orden de la propia Cancillería ecuatoriana. Tanto el español como su empresa están siendo investigados en la Audiencia Nacional por delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, cohecho y blanqueo de capitales. Morales de hecho se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares.

Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por Europa Press explican que los tres exministros ecuatorianos han coincidido en afirmar que la documentación aportada por Morales –que justificaría una petición de Ecuador para espiar a Assange– es totalmente falsa. A raíz de estas revelaciones, los abogados del propio Assange tienen previsto solicitar la imputación de un nuevo delito a Morales; el de falsedad documental.

En el marco de estas declaraciones, la jefa de gabinete de Espinosa –que fue ministra de Exteriores de mayo de 2017 a junio de 2018– habría dado detalles acerca de esa falsificación en tanto que era la persona que estaba al cargo de la elaboración de los oficios.

Así, ha explicado que en los documentos presentados por el español no había firma electrónica ninguna. De igual forma, en los papeles podía encontrarse un Quipux –la plataforma informática de Gestión Documental oficial de la República del Ecuador– que no se correspondería con la numeración real.
La propia jefa de gabinete de Espinosa habría recordado además que Carlos Abad, que fue embajador de Ecuador en Reino Unido, ya habría denunciado previamente a la empresa UC Global por otra supuesta falsificación de documentos.

"Situación excepcional en la embajada"

Patiño, Long y Espinosa también incidieron en que su único conocimiento de UC Global era que la mercantil española se ocupaba de la seguridad de la Embajada en Londres, concretamente de los accesos a la misma.

Patiño, durante cuyo mandato se le concedió asilo a Assange, explicó que "debido a la situación excepcional que se vivía en la Embajada" se contrataron los servicios de seguridad de la empresa UC Global.

"Quiero aseverar tajantemente ante los órganos judiciales españoles encargados de la investigación que el Ministerio de Relaciones Exteriores que yo dirigí entre los años 2013 a 2016 jamás solicitó a esa empresa realizar ningún tipo de medida intromisiva, ni desplegar espionaje contra persona alguna", aseveró Patiño.

En la misma línea se expresó su sucesor inmediato, Long, el cual resaltó que durante sus años al frente de la diplomacia ecuatoriana llegó a visitar la Embajada en Londres encontrándose con Assange, "como es de público conocimiento".

A lo manifestado por sus predecesores, Espinosa quiso añadir que el Ministerio de Exteriores "no tenía ningún vínculo con esta empresa, ya que esta función fue asignada a la Secretaría de Inteligencia".

Fue en 2019 cuando el Gobierno de Lenin Moreno retiró a Assange la protección internacional otorgada en 2012 por el anterior Ejecutivo de Rafael Correa, lo que propició que saliera finalmente de la legación diplomática detenido por las autoridades británicas por saltarse las condiciones de su libertad condicional.

El pasado 17 de junio, la ministra de Interior de Reino Unido, Priti Patel, firmó la orden que autoriza a extraditar a Assange a Estados Unidos, que le reclama por cargos de espionaje.

De esta forma, tanto los exministros como la exjefa de gabinete –ya declararon por escrito en 2020– se han ratificado precisamente en sus respectivos escritos, siempre centrados en refutar la declaración judicial de David Morales.