El TiSA obligará a los gobiernos a dar voz a las multinacionales en las leyes que afecten a sus negocios

MADRID.- Los negociadores del Trade in Services Agreement (TiSA), el acuerdo económico entre medio centenar de países que ha dejado el secretismo con el que se negocia el tratado TTIP a la altura de una charla de vecinos, no están dispuestos a permitir que nada eche por tierra su esfuerzo para derribar el control que los Gobiernos pueden ejercer sobre las grandes empresas y multinacionales. Ni siquiera una nueva legislación. Y si para ello deben forzar a los firmantes del acuerdo —entre los que se encuentra España, vía Comisión Europea— a permitir injerencias externas en la redacción de nuevas leyes, será así. 

Esto es exactamente lo que contempla el borrador del anexo sobre Transparencia de TiSA que manejan los delegados de los 50 países negociantes, fechado a 22 de abril de 2015 y al que ha tenido acceso Público gracias a su colaboración con Wikileaks.

El citado anexo no solo profundiza en la ironía de que un acuerdo ultra-secreto fuerce a los firmantes a mantener una transparencia total en las leyes que lo afecten, como ya contemplaban los primeros documentos reservados de la negociación publicados por este diario. En esta ocasión el texto va mucho más allá y contempla un ataque directo a la soberanía de los Estados. Les exigirá que "concedan al resto de firmantes y personas interesadas una oportunidad razonable de comentar" toda nueva propuesta de ley que se tramite. Por supuesto, con "personas interesas" TiSA se refiere a las multinacionales con negocios en el país en cuestión, a las que se pretende dar voz y voto en el cuerpo legislativo que les influya directa o indirectamente.

"En los borradores de la negociación de TiSA ya se puede apreciar la presión de los lobbies de la industria, para perjuicio del interés público", explican desde Wikileaks

La UE, muy activa en las negociaciones y autora de numerosas anotaciones al texto principal, propone que los países tengan la obligación de "considerar" estos "comentarios" externos. En esta línea solicita, junto a otros trece países, que si un gobierno decide hacer modificaciones sustanciales en una ley, el gobierno en cuestión deba explicarlas adecuadamente. 

Tal y como informan los expertos consultados por Wikileaks, aunque la información se ponga a disposición pública y pueda ser aprovechada por cualquier empresa, serán solo las grandes corporaciones las que puedan beneficiarse de TiSA. Primero, porque bajo la denominación de "personas interesadas" que recoge el texto y que surge de la negociación entre la UE y EEUU, solo están "los representantes de la industria capaces de hacer que sus intereses sean bien conocidos por los gobiernos". Y a renglón seguido, porque solo las organizaciones que cuentan con grandes recursos tienen "los medios y la capacidad de consultar y atender los requisitos" que puede imponer cada país para "comentar" sus leyes. "En los textos de las negociaciones ya se aprecia la acción de los lobbies", denuncian los citados especialistas financieros, "para perjuicio del interés público". 

A propuesta de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, el borrador sobre Transparencia de TiSA redactado el pasado mes de abril contempla que "si uno de los firmantes no notifica una propuesta de ley y ofrece la oportunidad de comentarla con la suficiente antelación deberá, en la medida de lo posible, comunicar por escrito las razones por las que no lo ha hecho".

Los negociares del tratado secreto no han dejado nada al azar, puesto que también especifican a los gobiernos cómo y dónde colgar todas estas publicaciones. Por voluntad de Estados Unidos, cada país deberá habilitar una única página web donde informar sobre las regulaciones que tramitan. Además, se especifica que el acceso a esta información debe ser gratuita. Todavía se debate si cada país podrá hacerlo en su propia lengua o deberá facilitar también en inglés. 

Para que esta situación no levante las sospechas de aquellos a los que TiSA pretendía ocultar su propia existencia —la gran mayoría de los diputados electos y la administración, así como toda la sociedad civil, ya que el tratado incluía una cláusula de confidencialidad de hasta cinco años después de su ratificación— los negociadores neozelandeses formulan una nota al pie que se ha incluido en el borrador final. En ella, especifican que para "cumplir con sus obligaciones", los gobiernos pueden "publicar una proposición política, sumario de negociación o cualquier otro documento que contenga detalles suficientes como para informar adecuadamente a las personas interesadas y al resto de firmantes sobre cómo pueden verse afectados sus intereses comerciales".