El TiSA obligará a los Estados a hacer leyes que cumplan sus pactos secretos

Las leyes económicas que los Estados aprueben en el futuro vendrán impuestas por acuerdos secretos entre medio centenar de gobiernos aliados de EEUU y de la UE, sin que parlamentarios ni ciudadanos conozcan los verdaderos motivos por los que se legisla a favor de las grandes corporaciones multinacionales incluso cuando se está perjudicando los intereses públicos.

Ésa es, al menos, la intención de los 50 gobiernos que negocian en absoluto secreto el Trade in Services Agreement (TiSA o Acuerdo de Comercio de Servicios), un pacto internacional en el que participan los 28 países de la UE pero de cuyo contenido sólo se han enterado los eurodiputados del Parlamento Europeo gracias a la filtración de Wikileaks, que Público tiene en exclusiva para España y en la que colaboran medios de otros nueve países. El pasado 3 de junio, nuestro diario reveló la existencia y gran parte de los anexos de esta verdadera alianza neoliberal planetaria: un acuerdo todavía más antidemocrático y neoliberal que el transatlántico TTIP y que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.

Ahora, Público facilita a sus lectores el contenido del Core Text del TiSA, es decir el cuerpo central de ese pacto internacional secreto, en colaboración con los otros doce medios asociados con Wikileaks en esta exclusiva mundial: The Saturday Paper (Australia), Libération (Francia), Mediapart (Francia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Ethnos (Grecia), Kjarninn (Islandia), L'Espresso (Italia), La Jornada (México), Dagens Næringsliv (Noruega), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

Es en el mismo Preámbulo del cuerpo central del TiSA, en el punto 3 del Artículo I-I sobre el Alcance de las Disposiciones Generales, donde se estipula: "En el cumplimiento de las obligaciones y compromisos bajo el Acuerdo, cada partícipe [país firmante del acuerdo] debe adoptar todas las medidas razonables a su disposición para asegurar su cumplimiento por los gobiernos regionales y locales y por las autoridades y organismos no gubernamentales dentro de su territorio".

Es decir, que los Estados implicados tendrán que legislar, e imponer reglas y normativas ejecutivas –puesto que es la única manera de obligar al cumplimiento de esas disposiciones a los organismos, entidades y empresas no gubernamentales– en aplicación de unas cláusulas negociadas en secreto y cuyo contenido se pretende mantener oculto a la ciudadanía y representantes electos mientras están en vigor. Una situación orwelliana que sólo tiene parangón en el secretismo normativo de la Inquisición.

Porque, como explica la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland, Jane Kelsey, "las reglas centrales del acceso a los mercados [establecidas por el TiSA] restringen la capacidad de los gobiernos para moldear esos mercados limitando el tamaño o el crecimiento de determinadas actividades, tales como bancos, franquicias turísticas o hipermercados, tanto a nivel nacional como local, y tanto si son de propiedad nacional como extranjera".

Los proveedores de servicios no precisarán tener conexión ninguna con las personas o comunidades que dependen de ellos, ni compromiso o responsabilidad a largo plazo con esos países

En este cuerpo central del TiSA es donde se establecen las restricciones más extremas a la acción de los gobiernos de cada país firmante, porque el acuerdo secreto trata todos los servicios como mercancías comercializables y niega todas sus funciones sociales, culturales, mediambientales, laborales o de desarrollo. La gente no es considerada como ciudadanos o miembros de sus comunidades, sino simplemente como "consumidores".

Así que los proveedores de esos servicios –públicos o privados– no precisan tener conexión alguna con las personas o las comunidades que dependen de esos servicios, puesto que pueden "suministrarse" desde otros países, por un visitante temporal o a través de compañías extranjeras que establezcan una presencia local pero cuya prioridad sea la de obtener beneficios económicos a los accionistas foráneos. Ninguno de esos proveedores tendrá ningún compromiso ni responsabilidad a largo plazo con el país que consume dichos servicios.

Así que los gobiernos que negocian el TiSA en secreto se disponen a renunciar a su derecho soberano de dar preferencia a los proveedores locales de servicios estratégicos o de necesidad pública, como la educación, la sanidad, las telecomunicaciones, la energía o los abastecimientos urbanos, igual que renunciarán al poder de limitar la inversión extranjera en sectores clave o de requerir mayorías nacionales en los consejos de administración y en los accionariados de los sectores de los que dependa la seguridad nacional.

TiSA barre de golpe con todos los derechos soberanos de los gobiernos , pues limita el empleo y alcance de todas las herramientas legales a su disposición, como leyes, regulaciones, reglamentos, procedimientos, decretos, decisiones administrativas

El conjunto de las normativas que se están negociando secretamente en el marco del TiSA barre de golpe con todos los derechos soberanos de los gobiernos en cuanto al crucial comercio de servicios, pues limita el empleo y alcance de prácticamente todas las herramientas legales a disposición del Ejecutivo, como leyes, regulaciones, reglamentos, procedimientos, decretos, decisiones administrativas y cualesquiera otra forma de regular el mercado.

Igualmente, las cláusulas secretas del TiSA se aplicarán a cualquier tipo de medida que afecte al "comercio" de un servicio, público o privado, incluso si lo hace indirectamente, por ejemplo estableciendo normas de pago o de distribución, o si lo regula con objetivos medioambientales o incluso si lo que pretende es proteger a la población con restricciones a la venta de productos insalubres.

Cualquier monopolio público o privado, como un servicio de Correos o una coordinadora estatal de comercialización y distribución agrícola, puede ser desafiada por corporaciones extranjeras que disputen incluso su derecho a ofrecer servicios no monopolísticos, aduciendo que se sirve de su ventaja inicial. Y las cláusulas que permiten excepciones que deberían proteger de ese asalto multinacional la salud pública o el medioambiente, por ejemplo, siempre dependen de los tribunales de arbitraje que benefician a las empresas y ya se han mostrado ineficaces como salvaguardas en el marco de la Organización Mundial del Comercio: sólo han prosperado plenamente en una de las más de 40 disputas dirimidas por esos motivos.

En definitiva, el TiSA nos promete un futuro en el que todas las leyes y normas que regirán los servicios públicos y privados estarán impuestas por los pactos internacionales en beneficio de las grandes multinacionales... que estarán ocultos a la ciudadanía. La distopía del 1984 de Orwell será una realidad.