Jimmy Morales se presentó a las elecciones de Guatemala de 2015 con el eslogan “ni corrupto ni ladrón”. Han transcurrido tres años y el antiguo comediante que se alió con exmilitares para lograr la presidencia ha llevado al país centroamericano a una grave e incierta crisis política. Primero, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Después, prohibió el regreso de su principal responsable, el fiscal colombiano Iván Velásquez, que estaba en Washington en viaje de trabajo. Sus acciones están ahora en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC), que tiene valorar si actuó apegado a la ley o, por el contrario, violó el amparo que se concedió a Velásquez hace un año, cuando el propio Morales lo declaró non grato y quiso expulsarle del país.

Guatemala contiene la respiración hasta el lunes. Será entonces cuando, previsiblemente, los cinco magistrados decidan sobre los diversos amparos presentados para defender a Velásquez. Se han planteado dos tipos de recursos. Por un lado, ejecutorias, que recuerdan que la CC ya dio protección al comisionado y que consideran que, al no permitir su entrada en el país, Morales está desobedeciendo a los togados. Por otro lado, amparos clásicos, que censuran la decisión del mandatario de no renovar a la Cicig, cuyo mandato concluye el 3 de septiembre de 2019.

El martes están previsto marchas ante el Congreso. El miércoles, serán los movimientos campesinos los que tomen las calles. Sobre la mesa, la convocatoria de un paro nacional. Hace un año se celebró el último, también contra el presidente Morales y sus socios en la asamblea, que intentaron aprobar una modificación del Código Penal que rebajaba las penas por delitos de “cuello blanco” y que fue bautizado como “pacto de corruptos”.

La amenaza de la desobediencia

El lunes será un día clave. Si los magistrados consideran que Morales está en desacato pueden ordenar destituir a los ministros que le han acompañado en sus últimas decisiones y abrir una investigación especial contra el presidente. El mandatario, sin embargo, ya ha amenazado en dos ocasiones con que no acatará “órdenes ilegales”. Es decir, que se sitúa como único intérprete de la ley y avisa de que si los jueces no le dan la razón él seguirá con sus planes. Esta es la antesala de un golpe de Estado. En caso de que Morales desobedeciese se rompería el orden constitucional y se entraría en un terreno peligroso. El antecedente sería el autogolpe de Estado protagonizado en 1993 por Jorge Serrano Elías, conocido como el “Serranazo”. El mandatario mantuvo el apoyo de los militares pero no de empresarios y sociedad civil, a quienes posteriormente se sumaron los uniformados, abortando la asonada y obligando al jefe de Gobierno a exiliarse en Panamá.

Ahora todo está en manos de los magistrados. Las presiones están siendo muy fuertes y parece que los jueces de la CC estén solos con el futuro del país en sus espaldas. Así que no extrañaría que emitan un fallo ambiguo, por el que se reafirmen en lo dicho hace un año pero sin retar directamente al presidente. Los afines a Morales están maniobrando en el Congreso para aprobar una reforma de la Ley de Antejuicio que les permitiría actuar directamente contra los magistrados o cualquier institución que se muestre díscola con el Gobierno.

La Cicig trabaja en Guatemala desde 2006, después de un acuerdo entre el Gobierno, entonces en manos de Óscar Berger. Su objetivo es colaborar con el Ministerio Público para acabar con aparatos clandestinos que se habían infiltrado dentro de los cuerpos de seguridad, como una herencia del conflicto armado interno (1960-1996). A partir de 2013, con la llegada de Velásquez, se incrementan las investigaciones anticorrupción. Según datos de la propia Cicig, se han identificado 60 estructuras criminales, presentado más de 100 casos, imputado a más de 600 personas y logrado la condena de más de 300.

A pesar de que la paz entre Gobierno y guerrilla se firmó en 1996, Guatemala nunca ha dejado de sufrir violencia e impunidad. El país se encuentra en el camino de la cocaína que sale de Colombia hacia EEUU y en su interior operan diversos cárteles del narcotráfico. También aparecen estructuras criminales vinculadas al ejército o a otros poderes. En 2017, un total de 4.410 guatemaltecos fueron asesinados, con una tasa de 26 homicidios por cada 100.000. La Organización Mundial de la Salud considera “pandemia” de violencia cuando las muertes violentas sobrepasan las 10 por cada 100.000.

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, encabeza un plantón en la capital guatemalteca.- EFE/Edwin Bercián

Cuando Morales pidió ser investigado

En 2016, cuando Morales estrenó la presidencia, se dirigió por carta al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y mostró su disposición de mantener a la Cicig hasta 2021. Es decir, los dos mandatos que tocaban renovar durante su presidencia, ya que el acuerdo entre Guatemala y ONU que permite el trabajo de la Cicig se suscribe cada dos años. Apenas 24 meses después de aquella carta, Morales se lo ha pensado mejor. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Que él y su familia (su hermano y su hijo) han sido investigados por corrupción. Que tiene miedo de que, al término de su presidencia, su destino esté en Mariscal Zavala, la cárcel especial para VIPs en la que se encuentra, por ejemplo, su antecesor, Otto Pérez Molina.

Solo así se explica la beligerancia contra la agencia anticorrupción de la ONU.

Solo así se explica el cambio en un líder que, cuando era candidato, se presentó en una entrevista pidiendo a la Cicig que le investigase porque no tenía nada que esconder. Las pesquisas de la agencia anticorrupción hablan de cobros ilegales durante la campaña en la que él era secretario general de FCN-Nación. De hecho, algunos de los principales empresarios reconocieron en mayo haber realizado pagos ilegales.

Ahí está el origen de la guerra a la Cicig, que comenzó en 2017 y, un año después, se ha vivido en dos tiempos. La primera escenificación fue con el presidente rodeado de militares. La segunda, con los principales mandos de su gobierno: Jafeth Cabrera (vicepresidente), Enrique Degenhart (Gobernación), Sandra Jovel (Canciller) y José Luis Donado (Procurador General de la Nación, algo así como el Abogado del Estado). Fue a estos dos últimos a quienes correspondió dar más explicaciones sobre la guerra abierta a la Cicig. Le acusaron de ser una “estructura paralela” (tratando de apropiarse del lenguaje anticorrupción), de lanzar casos que no logran condenas y de interferir en la política del país por proponer reformas constitucionales. Se trata de argumentos fácilmente rebatibles, como que las condenas las imponen los jueces (y se han logrado más de 300) o que plantear cambios legislativos es uno de los mandatos que tiene la institución.

En paralelo al portazo a la Cicig, los aliados de Morales en el Congreso tramitan una reforma a la Ley de Antejuicio que les permitirá saltarse el filtro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para las investigaciones y poder atacar directamente a las instituciones que no se muestren dóciles. Un aviso para la propia CC, el procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, y la ex fiscal general, Thelma Aldana. Esta anunció su intención de dar el salto a la política enarbolando el discurso anticorrupción. El viernes, por decreto, el presidente creó una comisión para investigarla por la compra de un edificio. Los integrantes de ese grupo son políticos de extrema derecha enemistados con Aldana.

La pelea diplomática

Por el momento, Velásquez se encuentra en Washington. Ha recibido el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien le instó a seguir al frente de la Cicig aún desde el exterior mientras “se aclaran las cosas”. La institución anticorrupción también ha recibido el aval de sus principales donantes, salvo en el caso de Estados Unidos. Históricamente, esta agencia tuvo el sustento bipartidista en Washington. La llegada al poder de Donald Trump ha cambiado esta percepción. Aunque los funcionarios de carrera reconocen los logros de los últimos años, los mandos políticos no lo tienen claro y se dejan seducir por la retórica de los aliados de Morales, que hablan de un plan entre la ONU y la Cicig para instaurar el izquierdismo en Guatemala. El presidente se ganó el favor de Trump cuando cambió su embajada en Israel y la pasó de Tel Aviv a Jerusalén, violando el derecho internacional. Con una maniobra ganó el favor de dos importantes lobbies: el sionista (representado por Nikki Haley, embajadora de EEUU ante la ONU), y el evangélico (representado por el vicepresidente Mike Pence).

En las últimas semanas se han registrado reuniones al más alto nivel en EEUU, sin acuerdo. El jueves, el secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo público que había mantenido una conversación con Morales y se mostró dispuesto a apoyar una Cicig “renovada”. Esto generó reacciones en el propio Capitolio. Congresistas y senadores de ambos partidos (demócratas y republicanos) censuraron a Pompeo y le exigieron un mayor apoyo a la Cicig. La pelea diplomática sigue en marcha.

Una paradoja: tradicionalmente, la izquierda guatemalteca ha apoyado a la Cicig aunque desde una posición crítica, considerando que la embajada estadounidense manejaba buena parte de su agenda. A pesar de ello, este sector es el principal defensor de la agencia anticorrupción de la ONU. Frente a ellos, la derecha oligárquica y los militares, los mismos que recibieron apoyo de EEUU durante el conflicto armado, que ahora apelan a la “soberanía” para expulsar a Velásquez.

La próxima semana será clave para Guatemala. Primero, por la decisión de la CC. Posteriormente, por el avance de la Ley de Antejuicio y las movilizaciones ciudadanas. Desde 2015 se ha repetido una épica alrededor de la plaza de la Constitución, ubicada en la capital y epicentro de las protestas sociales, especialmente las protagonizadas por la clase media urbana. Hace tres años se habló de la “primavera chapina” por las movilizaciones que acompañaron el proceso judicial contra Pérez Molina, actualmente encarcelado. El año pasado, las marchas fueron claves para hacer recular a los diputados y el “pacto de corruptos”. Sin embargo, desde entonces, el enfado social está aplacado. Las protestas han sido tímidas, a pesar del nivel de la ofensiva del gobierno. Habrá que ver si esta semana las manifestaciones ganan peso. También, hasta qué punto está dispuesto el presidente a tensar la cuerda. Los rumores de un hipotético estado de sitio no dejan de escucharse. Algo habitual en un país como Guatemala. Lo más grave: la amenaza de Morales de desobedecer que llevaría al país al golpe de Estado.