El Supremo de EEUU deja en manos de las clínicas desafiar la ley antiabortista de Texas

El Supremo de EEUU deja en manos de las clínicas seguir desafiando la ley contra el aborto de Texas, una ley que prohíbe la mayoría de interrupciones del embarazo después de las seis semanas. Así lo ha dictaminado la Corte Suprema, que permitirá que siga en vigor la ley vigente en Texas mientras continúa esa batalla legal.

El Tribunal Supremo no entró este viernes a valorar si la legislación de Texas viola el derecho al aborto, que fue reconocido en EEUU en 1973 a raíz del fallo en el caso 'Roe contra Wade', en el que se estableció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.

La máxima instancia judicial de EEUU se pronunció un mes después de escuchar en una audiencia las demandas en contra de la ley de Texas del Gobierno del presidente Joe Biden y de clínicas abortivas, que centraron sus argumentos en aspectos procedimentales de la legislación y no en su constitucionalidad.

La decisión se limita a decir que las clínicas pueden continuar con sus desafíos legales en cortes inferiores y, por tanto, intentar que un juez bloquee la legislación texana. Si eso sucede, lo más probable es que el estado de Texas interponga un recurso y el caso acabe en una corte de apelaciones, desde donde volverá al Tribunal Supremo.

"Hoy es un día negro para las pacientes de aborto"

Las organizaciones y clínicas que han llevado la ley que prácticamente prohíbe el aborto en Texas ante el Tribunal Supremo de EEUU lamentaron este viernes la decisión de la corte de dejar en vigor esa norma, pese a que les permite continuar su desafío judicial en instancias menores.

"Hoy es un día negro para las pacientes de aborto, los médicos y quienes proveen (servicios abortivos), es también un día negro para cualquiera a quien le importen los derechos constitucionales", dijo el abogado Marc Hearron, del Centro por los Derechos Reproductivos, quien expuso ante el Supremo los argumentos de las clínicas texanas.

Hearron explicó en una rueda de prensa virtual que la resolución del Supremo supone que "cualquier estado pueda prohibir el ejercicio de cualquier derecho constitucional dentro de las fronteras estatales, si permite que el veto sea aplicado mediante denuncias particulares", ya que las cortes federales no pueden impedirlo.