Sufrir la 'brexitcracia': cinco casos de ciudadanos "en el limbo" después de dos años del divorcio británico de la UE

"Llevamos cuatro meses en el limbo; mi esposa es islandesa, hemos residido 30 años en Suecia, planeando venir a Londres cuando nuestros hijos se independizasen, y ahora resulta que a ella no le conceden la residencia ni la nacionalización por los cambios habidos con el brexit", explica con tono calmado, e indignado, Dominic Parry-Davies, británico de nacimiento y nacionalidad, con pasaportes británico y sueco, en la casa de su madre en Hampstead, norte de Londres. Su esposa, Rannveig, está con él en la ciudad como visitante o turista durante seis meses, la condición que permite la normativa de inmigración actual a los europeos.

Este matrimonio no es el único que vive con la incertidumbre de cómo y cuándo acabarán los obstáculos administrativos y los gastos económicos que produce el brexit en la vida práctica y cotidiana de los británicos, aunque solo los vincule la fruta, verdura y hortalizas de la cesta de la compra. Rannveig habla un inglés impecable, trabajaba de enfermera en Suecia, y planea montar un negocio de B&B con su marido. "Queremos trabajar, pagar impuestos y contribuir al desarrollo social del país, pero nos dicen que el proceso de regularización puede tardar hasta cinco años, y costar hasta 15.000 libras (17.000 euros)", explica el matrimonio. "No es la bienvenida a la que aspirábamos en nuestro plan de vida", añaden.

600.000 personas de los 6 millones que solicitaron el permiso de residencia todavía no lo han conseguido

El plazo para solicitar el settle status o permiso de residencia a raíz del brexit se cerró el 30 de junio de 2021. Unos seis millones de europeos lo han solicitado, de los cuales unos 600.000 todavía no lo han conseguido por diferentes razones, según las cifras del Home Office o ministerio de Interior. Todo se gestiona por la página web del Home Office e intervienen empresas privadas. Para la nacionalización (unos 2.000 euros) participan empresas privadas que examinan de inglés, de conocimientos generales o dan citas. Un certificado de matrimonio de 30 años, en el que uno de los cónyuges es británico, sirve de poco para obtener la residencia, o nacionalización, del otro cónyuge. En los formularios que hay que contestar, la pregunta que sigue a la del matrimonio con un británico o británica, es la siguiente: ¿el matrimonio fue organizado por terceros?

Estos formularios a los que se ven sometidos Dominic y Rannveig también los contestó la galerista y marchante Pilar Ordovas, con doble nacionalidad. Ella conoce bien el mercado internacional; así y todo, se llevó un susto al recibir el paquete de ropa para su hija que compró online tras el brexit en una tienda de Madrid con destino a Londres a través de una empresa de correo. "Ahora no recuerdo la cantidad exacta de export duty o aranceles que me tocó pagar al recibirla, pero era una barbaridad, una proporción considerable", recuerda la galerista. "Es como cuando compras en EEUU, hay que pagar impuesto de aduanas y declarar hasta el mínimo detalle lo que mandas", apostilla.

Pilar aprendió la lección del brexit a la brava y de sopetón, como le ocurrió a la familia Richmond. Nicholas Richmond recibió en Francia un paquete de Navidad procedente de su madre en Inglaterra. "O le pagaba 45 euros al cartero o se lo devolvía a la dirección emisora. Opté por pagar los aranceles con la sorpresa de que el regalo, un juguete para recién nacido, valía menos que los impuestos", explica el miembro de esta familia que se mueve entre Francia, Suiza e Inglaterra. "El papeleo que genera ahora comprar algo en Suiza, llevarlo a Francia y de allí a Inglaterra es de tal magnitud que nosotros hemos dejado de comprar de un país a otro, aunque ha crecido una industria administrativa que te hace los trámites, pero hay que pagarles, claro, con lo cual al final costeas por todas partes; ya no nos traemos ni un queso", explica Valerie Richmond.

Mandar un paquete entre la Unión Europea y Reino Unido requiere la inclusión de una declaración de exportación con factura adicional. A modo de ejemplo, un juguete habría que declararlo como lo siguiente: sonajero de bola y manilla, para entretener, de plástico, 15 centímetros de largo por 5 de ancho, 250 gramos de peso, de la marca X, nuevo sin estrenar; perteneciente al código arancelario o Taric X (por el que se calcula el impuesto de aduanas); hecho en España, con valor de 25 euros (hay que poner una cifra, aunque sea el rosario de la abuela). Y así, desde un objeto pequeño hasta la mudanza de una casa entera, pieza por pieza, o un cargamento de mercancías no perecederas, con el idioma del país emisor y receptor.

Pese a los acuerdos, los ciudadanos han adquirido conocimiento sobre el brexit por experiencia propia

Tiendas como la tradicional, en catálogo y modales, Fortnum & Masons, de Picadilly -en el centro de Londres-, o John Lewis anunciaron en enero de 2021, con la salida efectiva del Reino Unido de la UE, que dejaban de enviar artículos a Europa. Por más acuerdos políticos y económicos que han surgido alrededor del brexit, los ciudadanos han adquirido conocimiento del mismo por experiencia propia, pagando esto y aquello. Algunos han detectado que tiendas online con el sufijo es (España) o fr (Francia) cobran aranceles para mandar productos a Reino Unido, mientras que la misma tienda con el sufijo uk no los cobra. Pero no siempre se puede acceder a todos los sufijos.

Quienes cargan el coche para cruzar el Canal de la Mancha (se mantiene una generosa cantidad de alcohol o tabaco sin impuestos británicos para consumo propio) también han aprendido la nueva normativa a base de experiencia, como Robert y Linda Kerridge, quienes viajan a la Dordogne francesa tres o cuatro veces al año.

"La última vez que fuimos a Francia llevamos en el coche una bañera y una mampara para la casa de allí, era nuevo y lo llevábamos sin etiquetas ni embalaje, como si fuera de segunda mano por si nos lo hacían declarar; nunca nos han parado ni cuestionado, pero yo me preocupo cada vez que veo el letrero de algo que declarar; unos amigos tuvieron una disputa con un cortacésped usado que acabó desmantelado en piezas a la basura de la aduana porque pedían más en impuestos de lo que valía, y no se lo quedaban ni regalado ni abandonado", prosigue Linda insinuando una carcajada no espontánea por la de veces que ha repetido el fútil destino de la máquina cortacésped.

El transporte de artículos es solo un aspecto de los obstáculos y costes que conlleva la salida del mercado europeo. John Ball, de 71 años, iba con alegría el pasado mes de octubre a visitar la Acrópolis de Atenas. En la taquilla, la tarifa de 20 euros se reducía para estudiantes, mayores de 60 años, etc. John declaró su edad, mostró el pasaporte británico, orgullo de los brexiteros, que fue rechazado, puesto que el descuento solo se aplica a ciudadanos de la UE. El gozo le duró poco.

"Lo importante no es la cifra que me pude ahorrar, sino el principio; si el descuento atiende a razones de edad, es una discriminación a los británicos", considera el europeísta en su análisis. Otra forma de examinarlo es que la UE protege su mercado cultural. "Es una venganza de Grecia contra Gran Bretaña por lo de los mármoles del Partenón", agrega John con la pizca de humor que le caracteriza.

Si bien hay todavía numerosos flecos pendientes, el brexit va calando en campos que no captan las abstractas estadísticas económicas. Hannah Punley es madre de familia, se dedica a la enseñanza, heredó hace 10 años un apartamento en Pals (Girona) en el que alternaba estancias vacacionales con períodos de alquiler. "Mi intención era que el apartamento se mantuviese solo, que no diese beneficios ni déficits; íbamos dos veces al año, y estaba en alquiler el resto del tiempo. Liquidaba a la Hacienda española el 19% de lo que cobraba de alquiler y tenía desgravaciones. Con el brexit, la cotización a Hacienda pasó del 19 al 24% sin desgravaciones. En septiembre de 2021 lo tuve que vender; con el 19% y desgravaciones algún ejercicio era deficitario, con el brexit no lo pude mantener".

Si antes citaba la circulación de productos no perecederos, la conocida como guerra de las salchichas o las croquetas ha acabado con los controles especiales de carnes frescas o procesadas, plantas y pescados para los que el Gobierno ha gastado 500 millones de euros en siete nuevas aduanas (Sevington, Holyhead, Dover, Ebbsfleet, aeropuerto de Birmingham, Warrington y North Weald) que permanecen obsoletas por renegociación política. Otra renegociación tendrá que configurar el futuro de Irlanda del Norte o la homologación de los carnets de conducir con 27 países.

A casi siete años del referéndum y dos de la salida del Reino Unido de la UE, ciudadanos y políticos británicos continúan con la sensación de provisionalidad; aprendiendo a salto de mata, y pagando. Nada parece definitivo con el brexit.