Usted argumenta que el antiimperialismo de Daniel Ortega es retórico, ya que integra a Nicaragua a las cadenas extractivas del capital globalizado. ¿Puede explicar esto?

La integración a las cadenas de acumulación globalizadas no comienza con Ortega. Es parte de la dinámica del capital y las estrategias de los fondos de inversión para los territorios de toda América Latina, de modo más acelerado para los insumos de la industria 4.0. Eso vale para todo el mundo, inclusive para África y Asia.

El oro es la principal materia prima exportada por Nicaragua. El segundo rubro son camisetas de algodón y después vienen el café y otros productos, como el cable de electricidad cubierto. El principal destino de las exportaciones nicaragüenses es Estados Unidos. En este ranking, los segundos, terceros y cuartos en la lista son los países vecinos. Durante once años consecutivos, el FMI ha felicitado al Gobierno por cumplir con sus recomendaciones.

La retórica antiimperialista es una cáscara que les permite crear confusión con un discurso que no es acompañado con políticas de Estado que apunten hacia la independencia económica. O que intenten romper con el capitalismo dependiente y con otras formas de colonialidad en nuestra región. Las políticas del Gobierno Ortega-Murillo facilitan y estimulan la integración a estas cadenas de acumulación.

La extracción de oro corre por cuenta de la empresa británica Condor Gold S.A. y de la canadiense Gold Corporation. Las transnacionales controlan las cadenas, pero no son sus propietarias: hay una serie de empresas o de grupos intermedios que se benefician y facilitan esa cadena, que es flexible. Al final de la cadena, en los territorios, lo que vemos es la explotación por despojo y la destrucción de los biomas.

Pero la cadena del oro no es la única. Sí es la más importante, en volumen y en valores, pero hay otras como la del camarón en la región del Pacífico. La gran operadora es la empresa española Pescanova, pero actúan también fondos de inversión de capital de EEUU. Nicaragua es el país que explota y exporta más camarón en toda América Latina. Los destinos más importantes son Estados Unidos, Taiwán y Vietnam.

Eso ayuda a entender, inclusive, cómo funcionan las manchas de materias primas, son manchas que se van expandiendo y son muy dinámicas. Una avanza sobre la otra, a veces conviven, a veces una desplaza a la otra, de acuerdo a la velocidad de los cambios en el capital financiero, en las bolsas y la fluctuación de los valores de estas mercancías. La explotación del camarón abarca una zona muy impactada, la Reserva Natural Delta del Estero Real, donde ha habido acciones de resistencia, tanto sindical como territorial de la población local. La respuesta del Estado ha sido la militarización de la región.

¿Son todas empresas privadas?

Sí. Y hay otro problema grave en Nicaragua, que es la deforestación, sobre todo, en las llamadas zonas autónomas. Hay dos zonas autónomas en la organización política-administrativa de Nicaragua que ocupan un área muy grande: la Atlántica Norte y la Atlántica Sur. La población que históricamente ha habitado en esas zonas es indígena: los miskitos y los mayangna. La Revolución Sandinista tuvo muchos problemas con los miskitos porque buscaba un proyecto nacional, desarrollista, proponía la reforma agraria, pero los sandinistas no sabían cómo asociarse con los pueblos indígenas. Después corrigieron, se ajustaron, pero no consiguieron entenderles.

Para los pueblos indígenas, la relación entre el territorio y la economía es de abundancia, no tiene lógica desarrollista. Fue un diálogo de sordos. Y de ese sandinismo lo único que quedó fue un desarrollismo descaradamente capitalista. Durante el Gobierno nacido en 2007 (segundo periodo presidencial de Ortega), se ha avanzado aceleradamente sobre las zonas autónomas Atlántica Norte y Sur; y se ha estimulado la llegada de colonos, pero no colonos pobres, sino medios, con intención de hacer negocios.

Se hizo de un modo similar al de Brasil durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, por medio de milicias incendiarias, que avanzaron sobre los bosques con incendios ilegales, protegidas o por lo menos no reprimidas por el Gobierno. El objetivo es la formación de pastos para el ganado y para el monocultivo y el acaparamiento de tierras, la expulsión de los habitantes de la región, sobre todo indígenas, que han terminado desplazándose como refugiados hacia Honduras.

Conocemos bien este proceder aquí en Brasil

Sí, con muchos desplazados económicos, indígenas, pescadores, campesinos. En Nicaragua hay un campesinado que permaneció y es la base social y política del régimen de Ortega. Hubo una reforma agraria durante la Revolución Sandinista.

Y, cuando el sandinismo perdió las elecciones en 1989, hizo una operación antes de salir del gobierno: una parte de las tierras que habían sido expropiadas por la reforma agraria fueron entregadas en propiedad a muchos comandantes de la Revolución. Lo hicieron abiertamente, incluidos compañeros más consecuentes, con el argumento de que así se evitaba que las tierras volvieran a sus dueños anteriores, los de la época de Somoza. Lo justificaron en que era una protección para tiempos mejores.

Luego algunas de esas tierras volvieron a manos de los campesinos, que se convirtieron en base política del régimen, porque, de lo contrario, no se sostendría. No son únicamente los acuerdos con el sector empresarial. Cuando dije que el segundo mayor artículo de exportación son las camisetas y que hay otro importante que es el cable, estamos hablando de una burguesía local, interna, que hace negocios dentro de este segmento. Ahí sí hay capitalismo dependiente en el sentido estricto de la palabra, en el contexto de otro modelo de acumulación. Eso le permitió a Ortega una estabilidad durante estos años, de 2007 para aquí, y un consenso con este sector burgués interno.

Hay un proyecto que no se llevó a cabo pero tuvo graves consecuencias: la construcción de un canal, semejante al de Panamá, de 280 kilómetros y que uniría el Pacífico con el Atlántico. Los efectos del comienzo de este emprendimiento en 2013 fueron terribles, por los desplazamientos de las comunidades campesinas a lo largo de ese eje, que pasaba por el lago Cocibolca.

El canal finalmente no se construyó, pero los campesinos tampoco regresaron a sus tierras. Muchos de los que se organizaron contra la construcción del canal, entre ellos la líder campesina Francisca Ramírez Torres, están exiliados. Torres y 40 de sus familiares están en Costa Rica y no pueden regresar a Nicaragua.

Este intento de canal interoceánico muestra el compromiso de este gobierno con las cadenas extractivas. Estos canales, carreteras, ferrocarriles, grandes aeropuertos, ampliación de complejos portuarios forman parte de lo que llamamos ruta del saqueo. Es decir, cuando se abre un camino para la logística, un montón de proyectos extractivos que están encajonados encuentran posibilidad de ser implementados.

No son canales de comunicación o transporte para visitar familiares o para pasear. Es para el flujo de este nuevo modelo de acumulación y un gobierno que da autorización para el pasaje de este flujo de riqueza es de una irresponsabilidad gigantesca, si eres realmente progresista. Este es el contexto económico, no vemos mucha diferencia con gobiernos de derecha. Y eso lo estamos viendo en otros gobiernos progresistas de América Latina que propician, con distintos argumentos, la integración a las cadenas de acumulación. Es el llamado consenso de las commodities.

En este tema hay una constancia y no un péndulo.

Esto es permanente. Pero en el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hay una forma descarada del ejercicio, inclusive de la violencia, del disciplinamiento de los territorios y de los diferentes sectores de la clase trabajadora.

¿Qué opina de la represión de la revuelta de 2018, el fraude electoral de 2021 y la reelección de Ortega o el enfrentamiento con la iglesia católica en Nicaragua?

Para imponer ese proyecto fue necesario primero expurgar de las organizaciones originadas en el sandinismo a los cuadros que participaron de la Revolución. Muchos tuvieron que exiliarse, como Mónica Baltodano. Ella y toda su familia están en Costa Rica. O el caso del encarcelamiento de Dora María Téllez, que fue algo escandaloso. Pero no es solo una acción contra Dora María, como si fuera un problema personal con ella.

Mantener con esta brutalidad, con esta saña, a tantos viejos compañeros presos es intimidar a los que están dentro del Frente Sandinista para que se acomoden a una práctica puramente administrativa de no meterse en el debate político. La primera descomposición es en la propia organización. Luego se puede hacer cualquier cosa. Y la peor fue aquella violencia contra el propio pueblo nicaragüense, la persecución y la muerte que se inició el 18 de abril de 2018, aplicando el terror.

No estoy hablando de terror como un insulto. Ahora, por ejemplo, en Brasil se usa la palabra terrorista como un insulto. Terror es cuando se intimida con violencia física a un grupo, con amenaza de violencia, de suplicio e inminencia de muerte. O de muerte como punición ejemplar para que los otros se queden quietos.

Acciones que suelen contar con la complicidad del Estado.

El Estado suele hacerlo, pero también la mano oculta del Estado, aquella que actúa de manera ilegal. En América Latina tenemos esa duplicidad. No se puede decir que las milicias incendiarias en la Amazonia actúan sin articulación con el Estado.

¿Qué elementos hacen que un proceso revolucionario sea destruido por sus propios creadores?

Tengo algunas hipótesis y algunas lecturas de compañeros que se han dedicado a reflexionar sobre eso. Pero me gustaría retomar algo que Frantz Fanon dice sobre cómo una revolución se queda dentro del campo de la lucha nacionalista y nacional pero no avanza en su dinámica hacia una lucha social. Se forma una capa de administradores burgueses locales que se asocian al capital internacional.

Ortega representó los intereses de ese sector, con un disfraz aún sandinista, pero que no tiene nada que ver con la lucha sandinista. Una lucha que comienza como una lucha antidictatorial, democrática, antiimperialista, pero que se congela y, por lo tanto, se descompone.

¿Qué movimientos de los de abajo ha acompañado usted en Nicaragua?

Lo más importante es el enraizamiento de los movimientos y la construcción de relaciones en su territorio. Eso no es fácil en Nicaragua porque hay una persecución muy grande para desarticular las luchas locales y antiextractivistas. Conozco familias de viejos luchadores, de la época del surgimiento del movimiento sandinista, que no se han acomodado y están en los territorios. Y después, hay movimientos nuevos, que son reactivos al avance del despojo en los territorios.

También luchas sindicales de los trabajadores de la caña de azúcar, que trabajan en las haciendas de Chichigalpa. Ha habido luchas sindicales de los trabajadores del camarón, de los frigoríficos, de los pescadores, de los campesinos afectados por estos grandes emprendimientos, de los indígenas de las zonas autónomas del Atlántico, sobre todo de la región norte. Hay muchas luchas que no están articuladas y muchas veces son asumidas por partidos que no le dan un sentido antiextractivista, y terminan acotadas al campo del programa liberal de la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega.