Indígenas hondureños reclaman que se castigue "a todos los responsables" de la muerte de Berta Cáceres

TEGUCIGALPA.- Grupos de indígenas del occidente de Honduras prosiguieron durante el martes la protesta iniciada ayer frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa para exigir justicia por el asesinato de la dirigente indígena y ecologista Berta Cáceres, muerta a tiros el 3 de marzo pasado.

Los manifestantes, acompañados por unos pocos ciudadanos que tocaban tambores, se apostaron a pocos metros de la sede del poder Ejecutivo, cuyos accesos desde primeras horas del día permanecían protegidos por policías y militares con material antidisturbios.

"Vamos a permanecer aquí hasta que el presidente Juan Orlando Hernández nos reciba, no queremos hablar con otros funcionarios de baja categoría que no tienen poder de decisión", dijo a los periodistas una de las manifestantes que se identificó como indígena de la etnia lenca, a la que también pertenecía Berta Cáceres.

Agregó que la protesta es pacífica y que esperaban no ser desalojados de manera violenta, como ocurrió ayer lunes, cuando fueron dispersados con gas lacrimógeno y cañones de agua.

"Vamos a permanecer aquí hasta que el presidente nos reciba", dice una de las manifestantes

Cáceres, que era la coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras, por su trabajo en defensa de los recursos Naturales, según el Ministerio Público.

El nuevo coordinador del COPINH, Tomás Gómez, que también participa en la protesta en los alrededores de la Casa Presidencial, indicó que el gobernante hondureño no les recibe porque le "tiene miedo" al movimiento de los indígenas.

Añadió que seguirán sus protestas hasta que se castigue a todos los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato de Cáceres, en el que según Gómez, están implicados políticos y empresarios.

Por el asesinato de Cáceres hasta ahora han sido detenidos cinco hombres, de los que a cuatro se les dictó detención preventiva el pasado domingo.

Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa el proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

El quinto, también detenido el 2 de mayo, es Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, pero se le había dejado en libertad en la ciudad caribeña de La Ceiba.

Los manifestantes del COPINH también exigen que se cancele los permisos de operación de las empresas que desarrollan proyectos hidroeléctricos en el occidente del país, principalmente donde habitan las comunidades indígenas.