BRUSELAS.- Son clave para desvelar escándalos de corrupción, malas prácticas y abusos de todo tipo por parte de gobiernos y corporaciones, pero los filtradores o ‘whistleblowers’ no se ven amparados por ninguna normativa específica europea. El grupo de Los Verdes en la Eurocámara presentaba este miércoles el borrador de su directiva de protección de reveladores de secretos, para respaldar una actividad que consideran un “servicio público”, y que permite aflorar millones de euros ‘ocultos’ o poner contra las cuerdas a quienes incurren en malas prácticas.

En una conferencia celebrada en la sede del Parlamento en Bruselas, el grupo desgranó la propuesta que condensan en una treintena de folios, y exigió a la Comisión Europea que tome cartas en el asunto para garantizar la protección efectiva de estas personas. ‘Grosso modo’, estas son las siete claves de la iniciativa:

-Es necesario reconocer que la labor de estos filtradores tiene entidad de servicio público. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recoge en varias sentencias que este tipo de filtraciones debe ampararse en el derecho a la libertad de expresión. Por su parte, el Estudio de Fraude Global, realizado en 2014 a través del análisis de 2.400 casos de fraude en 114 países, determinó que en un 40% de las ocasiones son los ‘whistleblowers’ o alertadores quienes logran arrojar luz sobre estos hechos. La propia Comisión Europea cifraba en 2014 en 120.000 millones de euros la cantidad que anualmente se pierde a causa de la corrupción, únicamente entre los estados miembros.

-Los alertadores no están protegidos. El mismo estudio de Bruselas sostiene que dos terceras partes de los encuestados aseguran que denunciarían casos de fraude o malas prácticas, pero al mismo tiempo el 31% considera que no hay protección para quienes denuncian. Según los parámetros de Transparencia Internacional, sólo cuatro países europeos cuentan con normativas específicas que teóricamente pueden considerarse “avanzadas” en este sentido. España está muy lejos de entrar en este ranking, y se sitúa ente los países colocados al otro extremo del tablero.

-La falta de protección permite que sean víctima de todo tipo de represalias. La lista de posibles vías de empresas o administraciones para vengarse es larga: muchos afrontan discriminación laboral o incluso su despido, coacciones y amenazas verbales o físicas, persecución judicial… Otros se ven estigmatizados y tienen muy difícil reintegrarse en el mercado laboral, algo que el filtrador de Luxleaks, Antoine Deltour, hace extensible a su vida personal. “Y yo decidí dimitir, pero muchos denunciantes pierden su trabajo”, afirmó el consultor en un vídeo proyectado durante la conferencia.

-Por eso proponen cubrirlos a todos, en cualquier escenario: trabajadores de la empresa pública o privada, funcionarios, miembros de divisiones de inteligencia, militares, etc. Deben verse legalmente amparados tanto si denuncian a nivel interno (ante superiores o responsables de recursos humanos) como si lo hacen de forma externa: ante distintas administraciones, cuerpos de seguridad, organismos especializados en esta materia, sindicatos, ONGs o incluso medios de comunicación. Y su identidad debe ser protegida, siempre que así lo deseen.

-La protección arranca blindándoles para que no puedan ser represaliados por su actuación en el trabajo, y se extiende a evitar que sean perseguidos a nivel judicial: que no se vean afectados por demandas de difamación, por revelar datos confidenciales o secretos comerciales, por lo que la normativa debe acotar perfectamente estos terrenos. No pueden ser despedidos por las filtraciones, ni puede vetárseles la posibilidad de ascender en la empresa o la administración por su actividad como alertadores.

-Pueden solicitarla siempre que estén convencidos de la veracidad de los hechos denunciados. Salvo que los responsables de estos hechos puedan probar que actuaron de mala fe, ni siquiera aunque se equivoquen pueden ser procesados por ello si actuaron convencidos de la veracidad de sus denuncias. Independientemente, además, de si la información desvelada es confidencial, si puede ser considerada secreto comercial o afecta a ámbitos de la administración o de los cuerpos de Inteligencia. Si es de interés público, si prueba delitos, irregularidades o malas prácticas; si sirve para proteger la salud de la población o el medio ambiente, puede ser denunciada con salvaguardas. Las excepciones por seguridad nacional o secretos militares también deben quedar convenientemente acotadas, y el requisito para difundir este tipo de hechos pasa por informar primero a las autoridades competentes en la materia.

-Estos derechos no pueden verse limitados por otros acuerdos o leyes, cláusulas de contratos laborales o similares. La directiva pretende instaurar un acuerdo de mínimos sobre el que seguir actuando, no rebajar las legislaciones ya existentes. La idea es que los estados documenten los diferentes casos, para después dar cuenta a las instituciones comunitarias una vez al año.

El caso paradigmático de Antoine Deltour

La presentación de la propuesta normativa contó con representantes de la Comisión, de la OCDE, europarlamentarios de distintos grupos y dos de los autores de la iniciativa, Alberto Alemanno y Vigjilenca Abazi, que insistieron en que la directiva edifica su base legal sobre varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE y por tanto es perfectamente viable.
Se da la circunstancia de que la puesta de largo de la iniciativa tuvo lugar durante el último día de juicio a Antoine Deltour.

El consultor francés que en 2014 ayudó a destapar el escándalo de los trajes fiscales hechos a medida por el Gobierno de Luxemburgo para que las corporaciones se ahorraran millones de euros en impuestos –investigado por la Comisión parlamentaria TAXE2- afronta el proceso judicial en ese país. Irónicamente, el Gran Ducado está entre los países europeos con normativas más “avanzadas en la materia” en el ranking de Transparencia Internacional. El director del organismo, Carl Dolan, explicó a este diario que en el momento de elaboración de esta lista, en 2013, Luxemburgo acaba de presentar estas normas, y señala que de su proyección teórica a la aplicación práctica se detectan muchas lagunas y áreas sin cubrir.

En abril, el Parlamento Europeo aprobó la nueva Directiva de Secretos Comerciales (Trade Secrets Directive) que incorpora una vaga definición del concepto “secretos comerciales”, algo que en opinión de Los Verdes puede dificultar aún más la protección de los informadores. El grupo europeo de Socialistas y Demócratas (S&D) en el que se integra el PSOE votó a favor de la directiva junto al PP Europeo y a los liberales, pero también se comprometió a presentar una nueva directiva específicamente destinada a proteger a los informadores, algo que no ha tenido lugar hasta la fecha.