La República Democrática de Chile cuenta con la Constitución de 1980 como texto jurídico-político que rige los principios y objetivos de la nación, así como los elementos que aseguran la separación de poderes. Aún vigente, la Constitución elaborada por la dictadura militar que encabezaba el general Augusto Pinochet está llegando a su fin. Esto es debido a que, en octubre de 2020, casi el 80% de la población chilena votó a favor de cambiar la Constitución que actualmente rige en el país. Ocho meses después, la Convención Constituyente -asamblea especialmente elegida para redactar la nueva Carta Magna- comenzó su trabajo.

El pleno de la Convención Constituyente de Chile ha aprobado en los últimos días un artículo del borrador de la nueva Carta Magna que define al país como un "Estado social y democrático de derecho", que sustituye al actual "Estado subsidiario" instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet, que transfiere la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado. Los convencionales también aprobaron un artículo que define al país como un "Estado laico" que respetará "la libertad de religión y de creencias espirituales", conformado por diversas nacionalidades y con una democracia "inclusiva y paritaria".

Si bien Chile ha separado la iglesia del Estado desde su Constitución de 1925, lo cierto es que el vínculo ha permanecido y la discusión respecto a la efectiva laicidad del país sudamericano lleva décadas sobre la mesa. El nexo entre Estado e Iglesia en Chile es tal que incluso el Parlamento inicia sus sesiones "en nombre de Dios y de la Patria" desde 2012, debido a que antes era únicamente "en nombre de Dios".

La Convención Constituyente fue concebida como la salida institucional con la que Chile encauzó las masivas protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019 en las que señalaban a la actual Carta Magna como el origen de la desigualdad en el país.

Estado social

"Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico", señala el texto aprobado con 114 votos a favor, 26 en contra y 10 abstenciones, siendo la mayoría de los últimos votos de Chile Vamos, la coalición del expresidente Sebastián Piñera, y del Partido Republicano. El artículo aprobado añade que Chile "se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza".

Este punto, cuya redacción fue compleja, modifica el espíritu de la Constitución impuesta durante la Dictadura (1973-1990), que le da al Estado un rol subsidiario; es decir, lo consagra como un órgano al que no le corresponde absorber las actividades "que son desarrolladas adecuadamente por los particulares". Esta definición, núcleo del modelo chileno que fue ampliamente rechazado en el estallido social de 2019, en la práctica reduce el poder del Estado al extremo de que se le transfiere la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado.

Jorge Baradit, constituyente del Partido Socialista de Chile, afirma que el Estado social democrático y de derecho es la llave para poner fin al modelo neoclásico en donde el Estado era supletorio y en ningún caso se mejoró la sanidad, educación o se invirtió en las pensiones. En la misma línea, la convencional independiente Lisette Vergara, añade que "con esto se deja de manifiesto que Chile nunca ha querido un Estado subsidiario" sino "la protección de las garantías y derechos sociales que son y representan las demandas sociales ".

Estado Plurilingüe

Los convencionales también aprobaron el artículo 12 sobre los principios constitucionales, en relación con el plurilingüismo. Esta propuesta contó con 105 votos a favor, 31 en contra y 11 abstenciones, por lo que también integra ya el borrador de la nueva Constitución. La norma señala que "Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena" y advierte que "el Estado promueve el conocimiento, revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado Plurinacional".

También se aprobó el artículo 6 del mismo informe, destinado a la igualdad sustantiva de género. "La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil", señala el texto.

Plebiscito de salida

En el denominado "plebiscito de salida" que se celebrará el próximo 4 de septiembre, los chilenos deberán votar a favor o en contra de la ratificación de la propuesta de esta nueva Constitución. En esta ocasión, el voto será obligatorio para aquellos ciudadanos mayores de 18 años. Para aquellos chilenos que no residan en Chile, el voto será voluntario. Si la Constitución es rechaza, se mantendrá la vigente.

En octubre 2020 se celebró un plebiscito histórico, al contar con casi un 80% de votos a favor de cambiar la Constitución y, en mayo del año siguiente, se eligió en las urnas a los 155 miembros que compondrían la asamblea constituyente (formado principalmente por miembros de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes). Aunque la asamblea constituyente fue perdiendo adherentes con el paso de los meses por los roces internos y varios escándalos que salpicaron a una lista de los presentes ligados a las protestas sociales de 2019, sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por la población, con un 44% de aprobación, según los datos recogidos por Cadem.