Dos años han pasado del inicio del estallido social en Chile, las manifestaciones más multitudinarias desde el retorno a la democracia. El 18 de octubre de 2019 marcó un punto de inflexión para el país, un punto de no retorno que permitió avanzar hacia una nueva etapa considerada por muchos como el fin de la transición y la sepultura definitiva de la herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Ese día los estudiantes protagonizaron una protesta contra el aumento del precio del metro que se amplió hacia prácticamente todos los sectores sociales. Pronto el billete de transporte dejó de ser el tema y las demandas se ampliaron a mejoras de los derechos básicos como la salud, la educación o las pensiones. Fueron reclamos que desembocaron en la exigencia casi transversal de una nueva Constitución.

"Los primeros meses del estallido vivimos en la esperanza de que podíamos hacerlo todo y podríamos cambiar este sistema que nos parece injusto", recuerda Gustavo Gatica, estudiante convertido en uno de los símbolos del estallido tras quedar ciego por el impacto de perdigones disparados por la policía en una de las protestas.

Según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) este viernes, hay apenas cuatro condenas de agentes del Estado por hechos relacionados con la crisis social. El INDH ha presentado hasta ahora más de 3.000 querellas y solo 70 de ellas se encuentran procesadas con 136 imputados y cuatro condenados. La Fiscalía, por su parte, tiene un registro de 8.000 víctimas del estallido. También Amnistía Internacional se ha pronunciado a propósito de la conmemoración del 18 de octubre y ha recordado que la justicia y la reforma estructural de Carabineros "son pasos fundamentales para que estas violaciones a los derechos humanos no vuelvan a suceder".

"Hay esperanzas puestas en el proceso constituyente"

"Hubo un despertar después del 18 de octubre", afirma Gatica. En dos años, el país ha cambiado tanto en el plano político como en el social. El 15 de noviembre de 2019, casi un mes después de las primeras protestas, se selló un acuerdo transversal entre partidos políticos para abrir un proceso constituyente. Fue una salida institucional para canalizar la movilización. Hoy, dos años después, una asamblea compuesta por 155 personas electas por la ciudadanía y presidida por la mapuche Elisa Loncón está a cargo de escribir la nueva Carta Magna.

"La ruta constituyente cambió completamente la agenda y dejó en el olvido el proyecto político del presidente Sebastián Piñera y de los gobiernos anteriores, que hicieron transitar a Chile hacia un modelo excluyente de las demandas de la calle, en lo político, y liberal e individualista, en lo económico", explica la académica del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social (COES) de la Universidad de Chile Emanuelle Barozet. A nivel social, su par Sofía Donoso, socióloga del mismo centro, comenta que el país "se ha polarizado mucho" y que "la extrema derecha ha ido ganando terreno, aunque el debate público cambió" e incluyó temas en la agenda que son de interés de la ciudadanía.

En un primer momento la ciudadanía movilizada entendió el acuerdo como un pacto "a puerta cerrada" y entre partidos, por lo que no logró canalizar "directamente" el malestar político, recuerda Barozet. Sin embargo, a mediados del 2020, cuando se inició la campaña por el plebiscitó que decidió sustituir la actual Constitución, redactada bajo la dictadura, "el proceso empezó a generar interés en la población", añade. "Hay muchas esperanzas puestas en este proceso, pero mucha gente no cree que se vayan a lograr los cambios profundos necesarios para corregir las desigualdades del país", apunta Donoso. Ambas destacan que, más allá del resultado final, "ha sido un proceso pacífico" y que "si bien el sistema democrático estuvo en riesgo en algún momento, el proceso constituyente logró estabilizarlo".

La Convención Constitucional chilena es la primera paritaria del mundo y cuenta también con representantes de todos los pueblos originarios de Chile. "Casi todos los sectores de la sociedad están representados y ninguna fuerza hegemoniza el proceso o lo presiona", dice Barozet. "Tengo mucha confianza en el proceso para cambiar la Constitución que se hizo en la dictadura de Pinochet, hay que defenderlo porque está siendo torpedeado constantemente por los sectores más conservadores para que no resulte", expresa Gustavo Gatica.

Protagonismo en la calle y la Convención

La conmemoración del segundo aniversario del estallido tendrá dos focos de atención. Por una parte, las plazas de las principales ciudades del país, donde se han convocado múltiples manifestaciones. En la capital se espera que sea más concurrida que las celebradas en el último tiempo. Si bien las protestas han ido declinando, sobre todo por el impacto de la pandemia que en marzo de 2020 cortó el ciclo de movilización, hay un grupo de manifestantes reducido pero más radicalizado que se resigna a abandonar la calle y se opone a la salida institucional que significó el proceso constituyente.

El otro punto de interés estará puesto en la Convención Constitucional, que decidió recordar el hito de forma "sobria" y aprovechar la efeméride para dar inicio al debate de fondo de la Constitución. Desde su instalación en julio hasta ahora los constituyentes han trabajado en la elaboración de su propio reglamento, que regirá durante todo el proceso de redacción. Además de los discursos de apertura de los convencionales, se constituirán las distintas comisiones temáticas definidas.

La conmemoración del estallido llega en un momento particularmente intenso en el país: en plena campaña de las elecciones presidenciales y con el presidente enfrentando un juicio político y una investigación judicial por presuntos hechos de corrupción revelados en los Papeles de Pandora. El gobierno y el parlamento que resulten electos en los comicios de noviembre y diciembre gobernarán y legislarán en paralelo a la última etapa del proceso constituyente y podrían llegar a ser transitorios si así lo establece el nuevo texto legal.