Senegal utilizó una unidad policial financiada por la UE y entrenada por la Guardia Civil para reprimir protestas

La represión de las protestas contra el presidente de Senegal, Macky Sall, que sacuden el país desde 2021 podría llevar la marca de la UE. Según una investigación desarrollada por la Fundación porCausa y Al Jazeera, la unidad de élite Grupo de Intervención y Vigilancia de Acción Rápida (GAR-SI), financiada por la UE, habría sido una de las fuerzas utilizadas por las autoridades senegalesas para sofocar las protestas.

Estas estallaron tres años atrás, tras el procesamiento judicial del líder de la oposición, Ousmane Sonko, por un caso de violación y corrupción de menores. Sus seguidores vieron en su encausamiento un complot orquestado por Sall para acabar con la carrera política del opositor, hipótesis que desató una oleada de protestas que se han saldado con, al menos, 60 muertos, según las estimaciones de Amnistía Internacional.

La unidad GAR-SI Senegal ha sido partícipe de la represión de estas protestas. Así lo muestra un vídeo en el que se aprecia cómo las fuerzas de seguridad de Senegal disparan gases lacrimógenos contra manifestantes desde los vehículos que la UE compró para el GAR-SI Senegal.

El proyecto europeo fue desarrollado entre 2016 y 2023 en varios países africanos como parte de la estrategia de lucha contra la migración que desarrolla la UE desde hace más de una década y que busca taponar las rutas migratorias antes de que alcancen Europa. El capítulo de Senegal recibió 75 millones de euros del Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la UE, que debían destinarse a crear, entrenar y equipar una unidad de élite para luchar contra el terrorismo y el tráfico de personas en el país africano. Además, GAR-SI Senegal fue entrenada por efectivos policiales de varios países europeos, entre ellos la Guardia Civil española.

La unidad también fue equipada con drones, camionetas, una ambulancia, motocicletas y camiones, aunque los investigadores no han podido acreditar si estos también fueron utilizados para reprimir las protestas. Sin embargo, dos fuentes policiales citadas en la investigación han confirmado que así fue.

El proyecto GAR-SI Senegal desarrolló dos unidades. La primera, con 300 efectivos, se ubicó en la ciudad fronteriza de Kidira. La segunda, con 250, en la ciudad de Saraya, al sureste del país. Ambas ciudades quedan lejos de Mampatim, en la que se grabaron las imágenes de los efectivos de GAR-SI disparando gases lacrimógenos contra la caravana de protesta.

Informe confidencial

En 2023, la Comisión Europea encargó un informe para evaluar el desarrollo del proyecto. El documento señaló directamente al jefe del equipo de implementación de GAR-SI Senegal, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, como uno de los responsables de la mala gestión del proyecto. El general fue uno de los implicados en el caso Mediador, que saltó a la palestra mediática en febrero de 2023 dejando al descubierto una trama de sobornos y extorsiones entre empresarios y políticos socialistas a cambio de mordidas en contratos públicos.

El proyecto GAR-SI Sahel, del que era responsable Espinosa Navas tuvo un sobrecoste no justificado de, al menos, 12 millones de euros, según recoge el informe de la Comisión al que han accedido Al Jazeera y porCausa. A pesar de los claros indicios de fraude recopilados por la Comisión, ni este organismo ni la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) pusieron en conocimiento las irregularidades a la Oficina Europea Antifraude (OLAF).

Sin responsabilidades políticas

Ninguna de las autoridades europeas con competencias en materia migratoria y de cooperación han asumido responsabilidades sobre estos hechos. La UE ha negado a los periodistas tener información sobre el posible uso de esta unidad para reprimir las manifestaciones. Además, atribuye a Senegal la competencia de investigar el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes.

También las autoridades españolas competentes, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio del Interior, han negado la implicación de las unidades de élite formadas por la Guardia Civil española en las protestas y recuerdan que el acuerdo del proyecto prohíbe el uso del material facilitado para objetivos diferentes a los del GAR-SI.