SHUARLa resistencia indígena contra la megaminería en la Amazonía ecuatoriana

Pasar el control militar hacia la vía Macuma-Taisha, en la Amazonía ecuatoriana, es relativamente fácil. Hay decenas de efectivos parando el tráfico en la “ye” -el desvío en forma de Y de la carretera principal desde Macas-, pero se puede cruzar la barrera andando sin que apenas se fijen en nosotros. Es la tercera vez que los dos periodistas (los únicos) accedemos al territorio del cantón Taisha, en la provincia de Morona Santiago, por ese lugar.

La última semana ha habido mucha tensión, y un control muy estricto sobre qué o quién accedía; solo se permitía el acceso a vehículos y personas autorizadas por el Ejército; era muy difícil introducir alimentos u otros bienes de primera necesidad, y hasta con carnet de prensa había problemas para  pasar. Pero estos días, todo empieza aparentemente a volver a la normalidad.

Dos militares retenidos por una comunidad shuar

El motivo para que se instalara el control militar que prohíbe la entrada de vehículos y personas no autorizadas a la vía, y se haya multiplicado a circulación de efectivos armados por la zona es que el 21 de enero, en el centro shuar de Yunkuapais, dos militares, los suboficiales Luis Rodríguez y Raúl Pazmiño, fueron detenidos por las personas que viven allí.

Ambos llegaron a las tres de la madrugada al centro, equipados con armamento pesado (pistolas, metralletas y cápsulas de gas), tal como cuentan las y los moradores del lugar, a buscar a dos compañeros suyos que viajaban desde el cuartel militar de Taisha en un vehículo entre civiles. Los shuar, el pueblo indígena que vivie allí, los retuvo tras identificarlos identificarlos como militares. “¿Cómo vamos a dejar que entren como entraron? Presentarse armados así es una amenaza, y es peligroso para los niños y niñas, y para todos nosotros”, explicaba un miembro de la comunidad mientras mostraba toda la munición requisada.

"Ellos llegaron a nuestra casa,
nosotros no fuimos
a capturarlos allá"

Les retiraron las armas y les hicieron quedarse a dos de ellos en la comunidad. “Ellos llegaron a nuestra casa, no fuimos a capturarlos allá. Con su irrupción en nuestro pueblo, ¿dónde quedan nuestros derechos como personas?”, se indignaba una de las mujeres. Se queja, porque “no es justo”; porque “no estamos en la guerra”, y “no hay motivo para actuar así”. Los dos militares estarían retenidos y escondidos durante ocho días, hasta que, tras la puesta en común de la situación con el resto de comunidades del Cantón Taisha, y con los líderes de las federaciones Shuar y Ashuar, se decidió entregarlos.

Un líder indígena encarcelado

La retención de los militares ha servido en gran parte para hacer visibles las demandas del pueblo shuar, sobre todo de las comunidades que forman parte de la Federación Interprovincial de Comunidades Shuar (FICSH): su presidente, Agustín Wachapá, fue detenido el 21 de diciembre del año pasado por unas declaraciones en las redes sociales, que según una demanda presentada por el viceministro de Interior, Diego Torres, “instigaban a la comunidad shuar a levantarse en armas”. Cuenta la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que cien policías allanaron a medianoche la sede de la Federación, llevándose ordenadores y documentos, y lo capturaron. Desde entonces sigue en prisión, habiéndosele denegado el 18 de enero de 2017 el recurso de apelación que presentó a la Audiencia.

El aislamiento del líder de la federación en la cárcel de alta seguridad de Latacunga ha sido duro para las comunidades shuar de la Federación, que se han quedado sin el líder fuerte que Wachapá representaba. Por eso, a partir de la retención en Yunkuapais, la comunidad ha posicionado su puesta en libertad como una de las exigencias a cambio de retornar a los militares. “Nosotros no los hemos secuestrado, solamente los hemos retenido porque se presentaron armados”, explican. Afirman que “los dos están bien cuidados y bien alimentados”, y de hecho así lo confirman ellos mismos en declaraciones tomadas durante y después de la retención. En cambio, “a nuestro presidente lo han maltratado”, argumentan, y piden algo que les parece justo: “que nos lo devuelvan”. La retención, pues, les sirvió para enfatizar esa demanda.

Presión y represión militar

Durante esta semana, la vida en las comunidades se ha visto afectada por el incremento de la presión y represión militar. En las asambleas celebradas en los distintos centros ha habido posturas encontradas acerca de cómo avanzar, y eso ha creado divisiones entre ellos. Además, hay un ambiente de inquietud y temor: “los niños y niñas tienen miedo, no están yendo a la escuela; se piensan que nos van a bombardear”, explica una mujer. Helicópteros han sobrevolado las poblaciones, y la presencia de militares es mucho más visible.

"El Gobierno  miente, los shuar no somos guerrilleros, ni secuestradores; somos un pueblo pacífico"

Los Ministros de Seguridad, de Defensa y el Jefe del Comando Conjunto, en sus declaraciones a medios de los últimos días han tratado a la gente de Yunkuapais de “grupos armados ilegales”, y les acusan de “secuestro extorsivo” y “robo de bienes públicos”, provocando el rechazo y el temor de los habitantes de los asentamientos mestizos que se encuentran más cerca de Macas, que en realidad nunca han visitado las comunidades shuar.

Sí tienen armas: las carabinas que usan para cazar en el monte, pero no para enfrentarse con el Ejército. Un ex líder de la organización Nación Shuar del Ecuador (NASHE) reivindica que “el Gobierno está mintiendo, los shuar no somos guerrilleros, ni secuestradores; somos un pueblo pacífico”. Para demostrar que esa criminalización no es acertada, los shuar se han mostrado abiertos al diálogo, y finalmente han accedido a la entrega de los dos subtenientes sin negociación alguna.

La tensión que provocó la detención de dos soldados por parte de las personas moradoras de Yunkuapais no se entiende sin un contexto de militarización y agresiones hacia las comunidades shuar, que están teniendo lugar desde agosto del 2016, cuando se desalojó por vía militar a la comunidad de Nankintz, al sur de la provincia de Morona-Santiago, para construir el campamento minero de Panantza-San Carlos. El 14 de diciembre del 2016 se decretó el estado de excepción en esta región, que implica la “suspensión de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión, tránsito e inviolabilidad de domicilio”.

Minas a cielo abierto y conflicto

Fue a raíz de la muerte de un policía en esa fecha, durante los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las comunidades shuar en, cuando los indígenas intentaron retomar el territorio de Nankintz, y el Ejército lo impidió, causando no solo la muerte del policía, sino también decenas de heridos.

Allí es donde el consorcio de transnacionales mineras chinas Tongling Non Ferrous Metals y CRCC (China Railways Construction Corporation) -el nombre de la filial en Ecuador es Explorcobres SA, o EXSA-, tiene concesionadas por parte del Estado 41.800 hectáreas de selva para extraer cobre a cielo abierto. Los shuar se oponen a la megaminería que se está instalando a la fuerza en su territorio ancestral sin consulta previa y de manera ilegítima, y que además contaminará de manera irreversible las fuentes de agua y en consecuencia toda la Cordillera y las poblaciones donde llegue ese agua.

Toda la región, en especial la zona cercana a San Juan Bosco y el campamento Panantza-San Carlos, está tomada por el Ejército, la Policía y sus cuerpos de élite. Se han desalojado comunidades que colindan con el proyecto minero para asentar campamentos militares, como es el caso de San Carlos de Limón, donde solo quedan cuatro familias; o Tsuntsuim, que en diciembre fue atacado provocando la huida de sus moradores hacia comunidades cercanas para refugiarse, sin más recursos que las ropas que llevaban puestas.

El Estado ecuatoriano pone sus fuerzas de seguridad a las órdenes de las  mineras chinas

Los testimonios de ese desplazamiento forzado se encuentran en Tiink, cerca de Gualaquiza. Allí se alojan en las casas de las familias, comen los alimentos que les proporcionan ellas, pero no tienen recursos para subsistir autónomamente. Las mujeres, que fueron las que, cargando con sus hijos e hijas, emprendieron primero el camino, cuentan que tuvieron que salir huyendo de los militares: “Se oían los disparos desde lejos, y decidimos irnos, dejando atrás nuestras chakras (huertos), animales, y pertenencias, que ya no podremos recuperar”.

Los desalojos forzados responden a las demandas de las empresas chinas. Así el Estado ecuatoriano no solo está promoviendo el extractivismo como única fuente productiva, sino que está poniendo sus fuerzas del orden al servicio de las mineras, garantizándoles la ejecución de los proyectos y los beneficios de los que el país verá sólo una parte irrisoria al tiempo que pone en riesgo la supervivencia de una nacionalidad indígena y de sus recursos naturales.

El Cantón Taisha, por estar más al norte de Morona Santiago, alejado de los proyectos actualmente en curso, no habían percibido la presencia militar hasta ahora. El conflicto está más claro en el sur de Morona Santiago, en la Cordillera del Cóndor, donde la empresa minera ya hizo presencia con su proyecto Mirador (el 2006), y el de Panantza-San Carlos, que recién se está construyendo. Pero también la cordillera del Kutuku, que atraviesa la zona de Taisha, está ya concesionada en su totalidad, aunque las personas que viven en la zona no han sido informadas de eso. Con el episodio de la retención de los militares, el estado de excepción se ha hecho también latente en la zona.

La entrega

“¿Ya los soltaron?” Es la pregunta que el viernes todos hacen a los conductores y viajeros de camionetas que pasan por los pequeños núcleos de población mestiza o shuar que encontramos a lo largo de la vía. Son su única fuente de información, ya que en Ebenezer, Santa Clara, Macuma, no hay cobertura. Esa mañana se efectuaba la entrega de los dos militares por parte de la comunidad, pero nadie se lo cree del todo. Ni tan solo los militares de la “ye” lo sabían.

No aparece todavía la noticia de la entrega de los retenidos. Las informaciones son inciertas y algunas contradictorias. Algunos dicen que pasó alguien que “iba viniendo de la entrega, que ya se dio”. Otros dicen -ante la duda- que no, que todavía no. Lo cierto es que todo parece que está volviendo a la normalidad: “Están pasando más carros, mañana ya llegarán los buses y los camiones de abastecimiento”, deduce esperanzada la seño de la tienda de Ebenezer, donde después de una semana casi incomunicada, sólo quedan galletas saladas y algunas bolsas de snacks.

En la tarde, en Taisha, ya se sabe que sí sucedió. La entrega tuvo lugar a la hora prevista, hacia las 16.00 horas, tal como pactaron uno de los líderes shuar y el alto mando del batallón de Taisha la noche anterior por teléfono. Fue en el recinto militar situado en esta población -un poco más grande que las comunidades, y habitada no solo por shuar-, que en estos últimos días fue el centro de operaciones de los montones de hombres uniformados que se movían por la zona.

Fue toda una ceremonia. Hubo música y comida para quién asistió. La llegada del coronel al punto de encuentro fue efusiva, y en los discursos de los militares todo fueron elogios al pueblo shuar, y llamamientos a la hermandad de “todos los ecuatorianos”. ¿Medios de comunicación? Pocos. A nivel nacional, solo el canal privado Teleamazonas dio la noticia de primera mano, y de hecho la cobertura hasta ahora del tema solo recoge información oficial. Para mucha gente, la buena noticia en realidad es que a partir de la mañana siguiente será más fácil subirse a un taxi que lleve a Macas.

El conflicto no termina

En las declaraciones del viceministro de defensa hizo en la rueda de prensa posterior a la llegada de los suboficiales Rodríguez y Pazmiño a Macas, quedó claro que no terminó todo, que no será suficiente el acto pacífico que los militares y los shuar protagonizaron ese mismo día, ya que aseguró que se perseguirá a los responsables de la retención. También el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, un día después, en su cuenta de Twitter, escribía que el “secuestro no quedará en la impunidad”.

También quedó claro eso en la vía Macuma-Taisha: el miedo sigue ahí, palpable en las piedras que los niños y niñas pusieron en el camino al día siguiente, interrumpiendo el paso de cualquier vehículo, después de presenciar cómo 15 camiones blindados entraban hacia Taisha de nuevo. Su objetivo era recoger a todos los efectivos que habían estado en la zona durante la anterior semana, pero no fue percibido así por una población que, a pesar de la calma aparente, sigue siendo criminalizada y perseguida.