Nicola Sturgeon es rotunda. La ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacional de Escocia (SNP) considera que la celebración de un nuevo referéndum de independencia de Reino Unido es "indiscutible" y ha insistido en que considerará "todas las opciones razonables para garantizar que se celebre". De ahí que ya haya solicitado a Londres el inicio de las negociaciones para la transferencia de poderes necesaria que le permita llevarlo a cabo. Poco después, el Gobierno británico lo rechazaba por considerar que "sería una distracción perjudicial".

Sturgeon ha hecho estas declaraciones durante una comparecencia pública celebrada este jueves en la que ha presentado sus planes para la celebración de la consulta secesionista a finales de 2020 –la anterior tuvo lugar en 2014 y entonces se impuso el voto a favor de la permanencia del territorio en Reino Unido– y en la que ha desafiado a Johnson, que se niega a cederle las competencias: “Cuanto más desprecien la democracia escocesa, mayor será el apoyo a la independencia".

Sturgeon considera que con el brexit a las puertas –lo que sacaría a Escocia de la Unión Europea "en contra de su voluntad"– las circunstancias han cambiado. Eso, y los buenos resultados obtenidos por su partidos en las elecciones generales de la semana pasada, la hacen sentirse legitimada para continuar con sus planes para llevar a cabo la consulta: "Escocia dejó muy claro la semana pasada que no quiere un Gobierno tory liderado por Boris Johnson que nos saque de Europa".

A la vez que Sturgeon realizaba su declaración, el Gobierno escocés ha hecho público un documento de 38 páginas en el que, bajo el título El derecho de Escocia a elegir. Poniendo el futuro de Escocia en manos de Escocia, no solo detalla sus argumentos a favor del referéndum –entre ellos, que "Escocia no es una región que cuestiona su lugar en un estado unitario más grande; somos un país en una unión voluntaria de naciones"– sino que también expone su propuesta de texto legal para la celebración de dicha consulta de autodeterminación, reclamando al Gobierno que modifique el estatuto de autonomía escocés de forma que conceda a su gobierno de forma permanente la competencia para organizar un referéndum de independencia.

Y añade: "Nuestros amigos del resto del Reino Unido siempre serán nuestros aliados y vecinos más cercanos, pero de acuerdo con el principio de autodeterminación, los escoceses tienen derecho a decidir si ha llegado el momento de una nueva y mejor relación, en la que podamos prosperar como una verdadera asociación de iguales".

Legalmente el Gobierno escocés no tiene competencia para convocar unilateralmente una nueva consulta; debe pedir permiso a Londres para que le transfieran los poderes necesarios para llevarlo a cabo. Y aunque Boris Johnson ya ha dejado claro que no se lo va a conceder, la ministra principal de Escocia ha insistido que el Gobierno central "no debería hacerse ilusiones" penando que esa negativa vaya a suponer el "fin del asunto”.

El Gobierno de Reino Unido ya ha rechazado la petición: "Queremos que 2020 sea un año de oportunidad, crecimiento y unidad para Escocia, no de más división", ha afirmado. 

Un documento con todas las claves

El documento presentado por el Gobierno escocés parte de la base de que la formación de Reino Unido responde a una “asociación voluntaria de naciones” por lo que apunta a que “la forma en la que el Gobierno de Westminster responda a la propuesta nos dirá mucho acerca de si Reino Unido es, en efecto, una asociación de iguales”.

Toda su base argumental para esta nueva consulta está en que ‘ha habido un cambio sustancial desde 2014’ y así queda expuesto en el documento presentado hoy: “El pueblo de Escocia votó 'no' a la independencia en 2014 tras una campaña en la que se asumieron los compromisos de que dicha votación garantizaría el lugar de Escocia en Europa”.

“Abandonar la UE –sostienen– representa un cambio fundamental en las disposiciones constitucionales del país, que serán particularmente perjudiciales para los intereses escoceses y que se llevará a cabo sin el apoyo del pueblo de Escocia”. De ahí que planteen que las “facultades para celebrar un referéndum sobre la independencia pueden ser transferidas a través de una Orden bajo la sección 30 de la Ley de Escocia de 1998  –como hizo el entonces primer ministro David Cameron en 2012– o a través de una ley del Parlamento del Reino Unido.