Emmanuel Macron sigue adelante con su reforma de las pensiones. Pese a las fuertes protestas en la calle, el gobierno francés presentó este viernes en el consejo de ministros esta contestada medida. El joven presidente se mantiene firme en su voluntad de transformar —o desmantelar— el actual modelo de jubilación francés, que mantiene similitudes significativas con el sistema español.

La presentación de la medida no desveló ninguna gran sorpresa. La conversión de los actuales 42 regímenes en un único sistema "universal" por puntos. El cálculo de la pensión en función de toda la carrera, en lugar de los seis últimos meses en el caso de los funcionarios o los mejores 25 años en el sector privado como sucedía hasta ahora. O la introducción de una "edad de equilibrio" (65 años), que premiará a los que se jubilen más tarde y sancionará a los que se retiren antes, aunque lo hagan a partir de la edad legal (62 años). Son los puntales de una reforma compleja que amenaza con debilitar uno de los sistemas más avanzados del viejo continente.

"Todo el mundo ha entendido una cosa, tendremos que trabajar más tiempo. Al menos hasta los 64 años o incluso más. Es la única cosa sencilla que hemos entendido del proyecto", reaccionó a la presentación de la medida Philippe Martinez, secretario general de la CGT. Junto con Force Ouvrière y Solidaires, esta histórica organización sindical impulsa la ola de protestas que empezó el 5 de diciembre. Entre 1,3 millones (sindicatos) y 249.000 personas (Ministerio del Interior) se manifestaron el viernes en el conjunto del territorio francés. En la sexta huelga general en menos de dos meses, la movilización volvió a crecer, tras haber decaído la semana pasada.

Según un sondeo del instituto Elabe, difundido el miércoles en la cadena BFM TV —poco sospechosa de izquierdismo—, el 61% de la población considera que la reforma debería ser retirada. La amenaza de una fuerte bajada de las futuras pensiones explica este rechazo. La histórica resistencia francesa al neoliberalismo vuelve a expresarse ante una medida inspirada en el dogma de recorte de lo público que predomina entre las élites europeas. Buena parte de las vicisitudes de las pensiones en Francia son las mismas que en España. Analizamos tres cuestiones claves que comparten ambos países.

Recorte del gasto público para afrontar la jubilación 

Tanto Francia como España afrontan el mismo desafío: la retirada de los hijos del baby boom. "Lo que solemos llamar envejecimiento de la población en realidad está sobre todo relacionado con la jubilación de las generación del baby boom, dado que el aumento de la esperanza de vida se ha reducido bastante durante la última década", explica el economista Antonio González, del colectivo Economistas frente a la crisis, una asociación plural que defiende políticas alternativas a los recortes . Aquellos que nacieron entre finales de los cincuenta y los ochenta empezarán a jubilarse a partir de 2022 y esto comportará un aumento significativo del número de pensionistas en proporción con la población activa.

Esta situación resulta ineludible para los sistemas de jubilación. Para afrontarla, sin embargo, numerosos gobiernos europeos apuestan por disminuir el gasto que destinan a las pensiones. Es uno de los aspectos más polémicos de la reforma de Macron: la disminución del actual 14% del PIB al 12,9% de la partida de las pensiones. Teniendo en cuenta que las estimaciones apuntan a un aumento del 25% del número de pensionistas en relación con la población activa, la reducción del gasto público amenaza con una fuerte caída de las futuras jubilaciones. Lo que debilitará el sistema público en Francia, que, como en España, concentra la mayor parte del ahorro para la vejez.

También los precedentes gobiernos españoles adoptaron reformas para recortar el dinero destinado a las pensiones, aunque este representa el 11% del PIB, frente al 14% francés, uno de los niveles más elevados de Europa. Primero, el ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero decidió en 2011 alargar la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 67 años en 2027. Dos años más tarde, el gobierno de Rajoy adoptó otra reforma, aún más agresiva. Entonces, las pensiones dejaron de actualizarse de forma automática en función de la inflación y quedaron casi congeladas. Solo aumentaban un 0,25% cada año. También se introdujo un polémico "factor de sostenibilidad", que debería entrar en vigor en 2023. Pero PSOE y Podemos se comprometieron a derogarlo en su acuerdo de gobierno.

La "sostenibilidad", azote del nivel de vida de los pensionistas

Este polémico "factor de sostenibilidad" establece un mecanismo automático, que se revisará cada cinco años, que debería determinar el importe de las pensiones en función de la esperanza de vida. Una medida similar contempla el gobierno francés a través de la creación de una "regla de oro". A partir de 2025 el sistema de jubilación francés se regirá por esta norma que le obligará a mantener siempre el equilibrio financiero, independientemente de la coyuntura económica o de las exigencias demográficas.

Con la reforma, el nuevo modelo francés por puntos dejará de ser un sistema con prestaciones definidas por convertirse en uno con cotizaciones definidas. Es decir, la ley garantizará a las empresas que las cotizaciones sociales se mantengan estables en el 28% —el mismo nivel que en España—. Pero, en cambio, el valor de las futuras pensiones quedará en el aire y dependerá del valor que le den al punto el gobierno y las instancias compartidas entre patronal y sindicatos. Lo que significa que en caso de crisis las jubilaciones podrían sufrir duros recortes.

De hecho, la propuesta de Macron mantiene similitudes con el sistema de cuentas nocionales sueco. Elogiado en la prensa del establishment, el modelo adoptado a principios de los noventa en Suecia, en plena crisis económica, ha degradado las condiciones de vida de los pensionistas. Así lo refleja el 14,6% de jubilados en riesgo de pobreza en este país escandinavo frente al 8,3% en Francia, según datos de la oficina europea de estadística (Eurostat). No obstante, el gobierno francés se inspira en el sistema sueco en el que las pensiones se determinan en función de los puntos acumulados a lo largo de la carrera, la edad de jubilación, la esperanza de vida y la coyuntura económica.

"Si en el caso de España se adoptara un modelo como el sueco, esto comportaría una disminución de las pensiones de más del 30%", advierte González. Otros países como Alemania, Polonia o Italia también apostaron en las últimas décadas por sistemas por puntos, con cotizaciones definidas. Y desde entonces aumentó el número de pensionistas pobres. En cambio, los sistemas con prestaciones definidas, como el francés o el español, cuentan con la ventaja que ofrecen tasas de sustitución —la relación entre el último salario y la pensión— elevadas. En el caso español, es del 83% para un trabajador con el salario medio, y del 73% en el francés.

Retrasar la edad de jubilación pese al paro de los mayores

Es el otro mecanismo estrella de Macron para recortar el gasto en pensiones: alargar la edad de jubilación. El joven dirigente se ha sacado de la chistera la introducción de una "edad de equilibrio" para retrasar la edad de jubilación más allá de los actuales 62 años, sin incumplir su promesa electoral de que no modificaría la edad legal.

Esta "edad de equilibrio" se establecerá en 65 años a partir de 2037 y se ampliará a los 66 años para los nacidos en los ochenta y 67 para la generación de los noventa. Con esta medida, se sancionará con un 5% menos de pensión por cada año que se jubilen antes de la edad fijada, y se premiará con un 5% más a los que lo hagan más tarde. También se contemplaba establecer esta “edad de equilibrio” a los 64 años a partir de 2027, pero esta decisión se suspendió “de forma provisional” a la espera que sindicatos y patronal propongan alguna medida alternativa para ahorrar 12.000 millones de euros.

En cambio, la actual edad de jubilación en España es de 65 años y se irá alargando progresivamente hasta los 67 en 2027. Lo que refleja que los franceses pueden jubilarse antes que los españoles. Pero con el matiz importante que el periodo de cotización para obtener una pensión completa en Francia es de 42 años, bastante más largo que los 36 años y nueve meses de España. Aquellos franceses que no lo alcanzan deben esperarse hasta los 67 años para retirarse con una pensión completa.

Tanto en Francia como en España el retraso de la edad de jubilación suscita polémica por el elevado paro entre los mayores. Las personas sin trabajo de más de 50 años representan el 37,8% del total de los parados franceses. Muchas de ellas son las que tienen más dificultades para encontrar un nuevo empleo. En el caso español, los parados de más de 45 años son el 38,8% de los desempleados, mientras que hace quince años este colectivo suponía el 20%.

"Es una práctica habitual en las empresas despedir a los trabajadores de más de 60 años para ahorrar sus costes salariales", reconoce González. "Pero no podemos retrasar la edad de jubilación y al mismo tiempo permitir que las empresas sigan despidiendo a la gente mayor. Tenemos que pedirles una mayor responsabilidad", añade.

"Mientras no hayamos arreglado el problema del paro en nuestro país, me parece bastante hipócrita retrasar la edad legal (de jubilación). Cuando actualmente uno tiene pocos estudios, vive en una región desindustrializada y ha tenido una carrera precaria, le deseo buena suerte para llegar a los 62 años con un empleo", reconocía el mismo Macron en abril del año pasado. Unas reflexiones lúcidas, pero que parece haber olvidado ahora con su reforma de las pensiones.