Más de 40 días de huelga en los transportes. La movilización contra la reforma de las pensiones ha batido un récord de longevidad en Francia. Tanto por su persistencia como su capacidad de convocatoria masiva en las protestas del 5 y el 17 de diciembre, y en menor medida del 9 de enero, ha supuesto la resurrección de los sindicatos franceses. La fuerte contestación ha obligado al presidente francés, Emmanuel Macron, a hacer algunas concesiones menores. Y así suavizar el impacto de su (contra)reforma del modelo de jubilación francés, uno de los más avanzados del viejo continente.

La huelga general de este jueves —la sexta organizada desde principios de diciembre — sirve como termómetro de la contestación sindical, que muestra sus primeros síntomas de agotamiento. Es la primera jornada nacional de protestas tras el anuncio el sábado de que el ejecutivo acepta retirar “de forma provisional” la introducción de una edad efectiva para jubilarse a los 64 años. Con esta cesión, llena de cosmética, Macron espera ganar el relato de que ha sabido transigir para acabar con la movilización social más masiva en el país vecino desde 2010.

Sin embargo, la realidad es que la reforma mantiene sus directrices más nocivas. Aunque la mayoría de los sindicatos pide su abandono, el ejecutivo centrista se mantiene firme en culminar este texto, que presentará el 24 de enero en el consejo de ministros. Más allá de la resolución final de este conflicto, este ha representado un nuevo capítulo en la histórica resistencia del pueblo francés al neoliberalismo. Tras años de impotencia ante la ofensiva del capital, los sindicatos han revivido viejos tiempos, en los que lograron frenar retrocesos sociales.

1995, el referente de las protestas

1995: es el referente en el que se inspiran las movilizaciones actuales. Hace 25 años una sucesión de movilizaciones y bloqueos en sectores claves forzó al entonces primer ministro, el conservador Alain Juppé, a que renunciara a tocar las pensiones. Como ahora, uno de los momentos álgidos de esas protestas tuvo lugar el 5 de diciembre con imponentes manifestaciones. Hasta dos millones de personas, según los sindicatos, salieron a la calle ese 12 de diciembre. Esta vez las cifras máximas de participación han sido entre 1,8 millones, según las organizaciones sindicales, y 806.000, según las autoridades.

Tras 22 días de huelga en los transportes, Juppé retiró su reforma de las jubilaciones y la seguridad social. Desde entonces, se acentuó la reputación de Francia como un país que resistía a los retrocesos sociales, a diferencia de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Un peculiar equilibrio entre unas élites partidarias del neoliberalismo y un pueblo reticente marcó los noventa y la primera década de los 2000. Por ejemplo, una potente movilización estudiantil en 2006 obligó al ejecutivo conservador dirigido por Dominique de Villepin a renunciar a la creación de un contrato especial, y más precario, para los jóvenes.

El punto de inflexión de la crisis de 2008

No obstante, la crisis de 2008 supuso un punto de inflexión en la introducción del neoliberalismo en Francia. “A partir del 2010 se aplicaron duras medidas de austeridad, que hicieron que el déficit público se redujera del 8% al 3,5% en cinco años”, recuerda Romaric Godin, periodista en el diario digital Mediapart y que ha publicado recientemente el libro La guerre sociale en France. Entonces, los dirigentes dejaron de escuchar el malestar popular. El presidente Nicolas Sarkozy culminó su reforma de las pensiones, con la que alargó la edad de jubilación de los 60 a los 62 años, pese a una ola de protestas en 2010.

Francia no ha sido una excepción en la pérdida de fuelle de la acción sindical. Solo el 11% de los franceses están inscritos en un sindicato, uno de los niveles de sindicalización más bajos de la Unión Europea, inferior al de Alemania (18%) o España (13,7%). Este retroceso del frente sindical marcó el mandato del socialista François Hollande, que mantuvo una agenda de políticas económicas favorables a los intereses de las grandes empresas.

Entre 2012 y 2017 las protestas resultaron más bien escasas. Apenas recibieron oposición medidas de flexibilización de la economía y que precarizaban las condiciones laborales, como la Ley Macron, que facilitó el trabajo dominical. La única excepción fueron las movilizaciones contra la reforma laboral en la primavera de 2016. Acompañadas por el tímido intento de reproducir el 15-M con la Nuit Débout, estas sirvieron para que el ejecutivo de Manuel Valls renunciara a algunas de las medidas más duras, como la de establecer un tope legal a las indemnizaciones por despido improcedente.

Macron, entonces ministro de Economía, justificó su candidatura a las presidenciales con esta renuncia, entre otras, a reducir el coste del despido. “Habitualmente ahora (a mediados del mandato) es el momento en el que se renuncia a actuar con vigor para no hacer enfadar a nadie ante la llegada de los futuros comicios electorales. No podemos ceder ante esta fatalidad. Es el contrario lo que tenemos que hacer”, recordó el joven dirigente el pasado 31 de diciembre en su tradicional discurso de final de año. El ADN del macronismo consiste, según Godin, “en imponer en Francia el neoliberalismo con el que las élites sueñan desde hace cuatro décadas”.

Los chalecos amarillos frenan la ofensiva de Macron

La verdad es que el joven presidente, tras su elección en 2017, empezó a toda pastilla. Una segunda reforma laboral, regalos fiscales a los más ricos valorados en más de 5.000 millones de euros, recortes en cuestiones tan sensibles como las ayudas para el alquiler o los empleos subvencionados para las asociaciones… Los sindicatos asistieron casi paralizados ante esta batería de (contra)reformas. Una impotencia que cambió con un hecho inesperado: la aparición de los chalecos amarillos en noviembre de 2018.

El malestar por el aumento del precio del combustible desató esta movilización transversal contra la vida cara y el aumento de las desigualdades. Los chalecos amarillos abandonaron los tradicionales desfiles y apostaron por otras formas de protesta. Primero, los cortes de carretera; y después las contundentes manifestaciones, con tintes insurreccionales, en los centros urbanos. “Los chalecos amarillos nos recordaron la importancia de persistir en la calle”, afirma Laurent, de 45 años, un manifestante, vestido con esta emblemática prenda, presente esta semana en París en las protestas contra la reforma de las pensiones.

Sin llegar a ser un movimiento masivo —el 17 de noviembre de 2018 fue el día en el que se registró el mayor número de manifestantes con 282.000, según las autoridades—, este forzó a Macron a que hiciera sus primeras concesiones, tras la revuelta urbana del 1 de diciembre en la ostentosa zona de los Campos Elíseos en la capital francesa. El joven presidente anunció el 10 de diciembre una serie de medidas sociales, valoradas en 10.000 millones de euros. Entre ellas había una prima de final de año, un aumento de casi 100 euros de las ayudas para aquellos que cobran el salario mínimo o la retirada de una subida de impuestos para los pensionistas modestos.

Después de cuatro meses de “gran debate nacional” —cuyo principal objetivo fue que el macronismo recuperara la iniciativa política—, el dirigente centrista presentó en abril del año pasado otras medidas con las que pretendía zanjar la crisis de los chalecos amarillos (https://www.publico.es/internacional/macron-aferra-reformas-neoliberales-salir-crisis-chalecos-amarillos.html). Por ejemplo, propuso disminuir el impuesto sobre la renta para las clases medias, dejar de congelar las pensiones inferiores a 2.000 euros o abandonar su objetivo de suprimir 120.000 puestos de funcionarios durante su mandato.

“Macron no ha cambiado sus prioridades”, advierte Godin. Según este analista económico, con estas concesiones el dirigente centrista pretendía comprar la paz social para preservar sus medidas neoliberales. Así quedó reflejado con la adopción a mediados de 2019 de una agresiva reforma del sistema de desempleo, que dificulta el acceso y la cantidad de las indemnizaciones de los parados. O con la presentación en diciembre de la contestada reforma de las pensiones, que ha desatado un nuevo conflicto social en el país.

Concesiones engañosas en las pensiones

El sistema por puntos que suplantará los 42 regímenes de cotización actuales amenaza con una disminución significativa de las futuras jubilaciones. Aunque el ejecutivo repite el mantra de que con el nuevo modelo “un euro cotizado dará los mismos derechos a todo el mundo”, la realidad es que las futuras pensiones se calcularán en función de los puntos acumulados a lo largo de toda la carrera, en lugar de los seis últimos meses en el caso de los funcionarios o los mejores 25 años en el sector privado como sucedía hasta ahora. Después de que el pasado 5 de diciembre los sindicatos desbordaran las calles de Francia, el ejecutivo se vio obligado a hacer algunas concesiones menores.

La reforma afectará a las personas nacidas a partir de 1975, en lugar de 1963 como estaba previsto inicialmente. El gobierno macronista también ha garantizado que los policías conservarán su régimen específico y podrán jubilarse a partir de los 52 años. Las bailarinas de la Ópera de París, también con condiciones especiales, solo se verán afectadas las contratadas a partir de 2022. La introducción de la reforma entre los trabajadores de la empresa ferroviaria SNCF y la de transporte metropolitano RATP resultará lenta y no les afectará hasta dentro de veinte años. En definitiva, el sistema “universal” de Macron estará lleno de excepciones.

La más mediática de estas concesiones fue la anunciada la semana pasada con la retirada provisional de la “edad efectiva” de jubilación a los 64 años. “Respecto al conjunto de la reforma, esta medida tiene poca importancia”, recuerda el economista Michael Zemmour, profesor universitario en la Sorbona París 1. El primer ministro Édouard Philippe renunció a la introducción de esta “edad efectiva” a partir de 2022, a cambio de que la patronal y los sindicatos lleguen a un acuerdo antes de finales de abril para ahorrar 12.000 millones en el sistema de pensiones.

“El gobierno cierra la puerta a la mayoría de alternativas para encontrar más recursos, lo que comporta que las únicas soluciones sean alargar la edad de jubilación o el periodo de cotización”, explica Zemmour. Además, Macron se mantiene firme en su voluntad de establecer una “edad efectiva” de jubilación a partir de 2037, que supondrá de facto una prolongación de la edad de jubilación que se irá alargando progresivamente. Respecto a la edad de jubilación en Francia, hay que tener en cuenta que el periodo de cotización para obtener una pensión completa es de 42 años, bastante más largo que los 36 años y nueve meses de España. Aquellos franceses que no lo alcanzan deben esperarse hasta los 67 años para retirarse con una pensión completa.

“En las últimas semanas han habida muchas escenificaciones y cambios de lenguaje, pero la realidad es que no se han producido grandes cambios. El proyecto actual se parece mucho al que se presentó en verano”, asegura Zemmour. Según este economista heterodoxo, “seguimos instalados en un escenario de confrontación directa entre el gobierno y los sindicatos”. Quizás con un rostro más amable y un lenguaje más sibilino, Macron sigue obstinado en erigirse en el Thatcher francés. Pero se confronta con un serio obstáculo: la resistencia del pueblo galo.