La reelección de Ortega en Nicaragua: rivales presos, oposición en el exilio, mano dura y poca participación

Con todos sus contrincantes presos, con la mayoría de la oposición en el exilio o clandestina, sin cobertura de los medios de comunicación y sin competencia en las elecciones, el poderoso presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha resultado elegido por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en unas elecciones que no han tenido el reconocimiento de la comunidad internacional y que la oposición ha calificado como "una farsa". Ortega ha obtenido el 75% de los votos, según los datos del Consejo Supremo Electoral.

Las primeras urnas de los 3.160 Centros de Votación fueron cerradas gradualmente a partir de las 18:00 horas (1:00 hora española del lunes), informa EFE. El observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas informó de que se registraron unas 200 irregularidades, incluido detenciones de opositores, mientras que la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco indicó altos niveles de abstención.

Así, los informes preliminares hablan de "la negación del ingreso a fiscales opositores, intimidación de paraestatales y fuerzas de choque sandinistas", o "trabajadores del Estado obligados a enviar una foto de la boleta con su nombre escrito en el sitio en que se marca la equis". La representante del observatorio Urnas Abiertas, Olga Valle, dijo que dos "periodistas del medio independiente Masaya Al Día fueron retenidos y liberados después mientras daban cobertura".

También reporta que hubo "casas de vigilancia en los alrededores de Centros de Votación desde donde se llevaba un conteo paralelo de quiénes acuden a las urnas", especialmente dedicados a seguir a "trabajadores públicos, policías de civil y paraestatales". El informe hace referencia a visitas de militantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a casas en los barrios, para "indagar si las personas han ido a votar", así como "amenazas a militantes", supuestamente para que fueran a votar.

Ortega y la obsesión por el control

Ortega es un líder izquierdista que recuperó el poder en 2007 después de conquistarlo la primera vez en 1979 como miembro de una guerrilla que derrotó a balazos a la dictadura somocista, unas de las más longevas y sanguinarias de América Latina. Desde hace años se ha convertido también en un "dictador", señala a Público desde su exilio en Costa Rica el sociólogo Óscar René Vargas, examigo del guerrillero.

"Él tiene control, sobre todo, por eso encarceló a sus contrincantes y decidió que no iba a tener competencia", agrega Vargas, exmiembro de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido oficial que lidera Ortega.

En los últimos cuatro meses, Ortega encarceló a Cristiana Chamorro, una precandidata que era la favorita en las encuestas, y a seis candidatos más, junto a más de 30 líderes opositores entre estudiantes, campesinos, empresarios y periodistas.

Una reciente encuesta de Cid-Gallup resaltó que cualquiera de los siete precandidatos presos le habría ganado la elección a Ortega en un proceso limpio y con garantías. La encuesta mostró el mayor declive del FSLN en su historia: sus simpatizantes no pasaban del 10%, cuando cinco años atrás el partido ostentaba hasta un 70% de simpatías."A partir de 2018, Ortega perdió todo el apoyo, por eso no permite elecciones libres", opina el político liberal Eliseo Núñez, otro opositor exiliado en Costa Rica, en conversación con Público.

Ortega gozó de altos niveles de popularidad durante los primeros 11 años de su gobierno, ayudado por más de 600 millones de dólares de cooperación venezolana usados discrecionalmente por el Gobierno y por una alianza con el gran capital. Pero en abril de 2018 la hegemonía del Gobierno en las calles llegó a su fin, por lo menos momentáneamente. Decenas de manifestantes inundaron las calles del pequeño país centroamericano, en respuesta a una reforma de la seguridad social que recortaba beneficios a los jubilados.

Y Ortega reaccionó con mano de hierro. Más de 328 personas murieron durante las protestas a manos de policías y civiles armados leales al gobierno, según organismos de derechos humanos, la mayoría de ellos opositores. Para julio, el Gobierno había recuperado el control de las calles, "e impuesto de facto un régimen policial", según Vargas, pero con la popularidad por los suelos, revelaban las encuestas.

"Todo le pudimos perdonar a Ortega, menos que disparara a estudiantes inocentes y desarmados", asegura a Público Francisco Osorno, un exmiembro del FSLN que rompió con el partido en 2018.

Mientras Ortega perdió popularidad, aumentó su autoritarismo, según Núñez. Prohibió marchas y protestas y comenzó a perseguir a los opositores. Casi 110.000 nicaragüenses huyeron del país desde los sucesos de 2018, la mayoría a Costa Rica y Estados Unidos, según revelan las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas.

Uno de esos nicaragüenses es Byron Estrada, un estudiante de odontología de una universidad pública que se rebeló contra el gobierno en 2018, fue apresado y acusado de terrorismo y que se exilió a Estados Unidos tras ser liberado en una polémica amnistía. "No le deseo a nadie estar en esas cárceles; nos levantaban para interrogatorios en las madrugadas, estábamos en celdas oscuras y pequeñas sin acceso a luz solar y sin derecho a visitas", narra a Público. Él fue uno de los tres estudiantes que lideró las protestas en la ciudad universitaria de León, al occidente del país, otrora bastión del FSLN. El Gobierno de Ortega tildó a quienes protestaban de "golpistas" y acusó a Estados Unidos de financiar un "golpe de Estado".

Las condiciones en la cárcel que describe Estrada son similares a las que describen ahora también los familiares de los siete candidatos que están presos. Ana Chamorro, hermana del precandidato Juan Sebastián Chamorro, señaló que en las dos visitas que le han permitido a su hermano, en cuatro meses en la cárcel, lo ha notado delgado. "Él dice que lo sacan para interrogatorios, le dicen que ya todo mundo se olvidó de él y los policías lo torturan psicológicamente diciéndole que su esposa e hija están presas en Managua también", relata Chamorro a Público. Los familiares directos del político también se exiliaron en Estados Unidos por miedo a represalias.

"La comunidad internacional mira a Ortega como a un paria", opina el analista político Enrique Sáenz en declaraciones a Público. "Ortega no va a resolver la crisis de legitimidad que se ha ganado", resalta.

Las elecciones han sido catalogadas como una farsa por Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea (UE).  Más de 27 funcionarios nicaragüenses, incluyendo la vicepresidenta Rosario Murillo y tres de sus hijos, han sido sancionados por Estados Unidos. La UE y Canadá se han sumado a varias de esas sanciones para exigir al gobierno de Nicaragua elecciones libres y justas.

Ortega es acusado de ejercer un férreo control sobre el Consejo Supremo Electoral, en el que nueve de cada diez magistrados son militantes del FSLN. Y los cincos contrincantes que tiene en las elecciones del domingo son señalados por la oposición como aliados del gobierno.

La oposición en el exilio ha llamado a la población a no salir a votar el domingo aduciendo que yendo a las urnas legitiman a Ortega. Pero Núñez cree que Ortega puede usar toda la fuerza del Estado para mover población a las urnas y al final del día decir que fue una participación histórica. "Es irrelevante si hay filas o no en los centros de votación, al final del día ellos harán su propio conteo", dijo Núñez.

El político liberal cree que después de las elecciones, Ortega, como un experto en negociar al borde del abismo, puede llamar a un diálogo a los grandes empresarios buscando recomponer la situación del país y liberando como concesión a algunos presos políticos, incluyendo cuatro empresarios, dos de ellos el presidente y vicepresidente de la principal organización empresarial del país.

Por todo ello no se ha permitido el ingreso de la prensa extranjera. Decenas de corresponsales extranjeros no han recibido el beneplácito del Gobierno para cubrir las elecciones y decenas de ellos han sido rechazados de las fronteras de Costa Rica y Honduras.