El teléfono del periodista marroquí Omar Radi fue infectado con el software israelí Pegasus mucho antes que el de Emmanuel Macron o el de Pedro Sánchez. Radi escribía sobre derechos humanos y corrupción, lo que lo convirtió en objetivo de las autoridades marroquíes. El periodista suma más de una década sufriendo la persecución, intimidación e interrogatorios de las fuerzas de seguridad alauíes. Su caso y el de una libertad de prensa cada vez más mermada en el vecino del sur aterriza en el corazón de Estrasburgo. Es la primera vez en 25 años que los eurodiputados debaten sobre la situación de derechos humanos en el país.

En 2019 fue condenado a cuatro meses de cárcel por un tuit. Pero fue un año después cuando se produjo su detención definitiva bajo los cargos de espionaje y violación. Unos delitos que se han juzgado en paralelo y que han desatado las alarmas entre diferentes ONG por la ristra de irregularidades en el proceso. Radi cumple una condena de seis años y medio en el país que ocupa el puesto de 145 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF). El diario independiente Akhbar al-Yaoum silenció sus páginas en 2021 tras 14 años de tirada.

LRSF ha calificado la condena de Radi como "veredicto vergonzoso". Pero la campaña de acoso y desprestigio comenzó mucho antes del juicio. Una web próxima al Gobierno le acusó de infiel o borracho. "Pueden atacarte a través de tus mejores amigos o tu vida personal. Ahora también mis conocidos, amigos o familia pueden sufrir daños", afirmó por entonces, en declaraciones que recoge Amnistía Internacional.

En 2020 Rabat apuntaló la represión sobre las voces críticas para aniquilar a la disidencia, según denuncian diferentes ONG. El caso de Radi es también el de decenas de defensores de derechos humanos o periodistas acosados por Marruecos, como Hicham Mansouri, Hajar Raissouni, Soulaiman Raissounia, Sulatana Khaya o Ignacio Cembrero. Liberales, Verdes e Izquierda han pedido incluir en la resolución que se vota el jueves a este último periodista español bajo acoso judicial por parte de Rabat.

El mero hecho de que el debate haya tenido lugar ya es una noticia. Es muy difícil, cuasi inédito, ver debates o resoluciones que ponen el foco en la vulneración de los derechos humanos que se produce en el vecino del sur. En 2021, la Eurocámara alzó la voz por primera vez en más de 20 años en censura de Marruecos. Fue en el marco de la crisis ceutí y acuñándolo a la instrumentalización de menores como moneda de presión. Pero los principales partidos políticos -especialmente populares y socialdemócratas- se encargaron a conciencia para rebajar el tono en el documento final.

"Hoy estamos escribiendo un poco de historia por primera vez en años de violación de derechos humanos por parte de Marruecos. Somos muy claros: detengan la intimidación, dejen en paz a los periodistas. No se puede ceder al chantaje por migración. Ha llegado la hora de decirle a Marruecos que no puede campar a sus anchas", ha clamado el socialdemócrata Thijs Reute. En el debate plenario celebrado en la ciudad gala de Estrasburgo no ha participado ningún representante del Partido Popular Europeo.

"Niño mimado de la UE"

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, viajó a comienzos de mes a Rabat para estrechar lazos y consolidar las relaciones bilaterales. El escándalo del CatarGate, que muchos bautizan ya como el MarruecosGate, pasó sin ruido. En su enmienda de cara a la resolución que votará la Eurocámara el jueves, Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalista, pide hacer extensible la prohibición a las instalaciones de la cámara a representantes marroquíes, como ya se hace con los cataríes. Pero esta misma semana, una delegación de representantes del país magrebí han paseado por los pasillos de Estrasburgo para frenar o dulcificar la resolución. Durante el encuentro del Alto Representante con sus homólogos marroquíes, el escándalo de Pegasus ni fue mencionado, aun cuando las revelaciones apuntan a Marruecos como uno de los grandes responsables de espiar a Gobiernos europeos y disidentes.

Urbán denuncia que las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental y en el propio reino de Marruecos son contrarias a la cláusula sobre el respeto de derechos fundamentales fijada en el Acuerdo de Asociación que mantienen Marruecos y la UE y exige que cualquier cooperación se ciña de forma incondicional al respeto de los derechos humanos y a la "inmediata e incondicional liberación de los prisioneros políticos". "Hasta ahora Marruecos ha sido el niño mimado de la política exterior de la UE Europa no puede seguir siendo cómplice. Hay que condicionar los fondos europeos al respeto de derechos humanos y no al control migratorio", ha exigido el español.

Los Verdes ponen el foco en la deriva del reino alauí, materializada en el creciente acoso a activistas y críticos, las leyes que restringen las libertades individuales, la ocupación del Sáhara Occidental y la represión del pueblo saharaui, el abandono del Rif, la represión de su movimiento Hirak y la instrumentalización de la migración hacia la Unión. Por su parte, Ciudadanos, a través de su eurodiputado Jordi Cañas ha afirmado que el país "no puede usar la migración para chantajear o espiar a Gobiernos amigos o sobornar a eurodiputados de este Parlamento ni encarcelar y acosar a periodistas marroquíes y europeos". Un debate con ausencia popular y de los conservadores y en el que Rabat solo ha contado con la defensa de la ultraderecha de Identidad y Democracia.