España pierde cada año algo más de mil millones de euros en impuestos en Holanda, el país cuyo presidente de Gobierno, Mark Rutte, la liderado en la cumbre europea y sus prolegómenos el bloque obstruccionista con Austria, Dinamarca y Suecia para exigir medidas austericidas a los países del sur a la hora de gestionar los fondos del Plan de Reconstrucción de la UE. Ese sistema le cuesta cada año cerca de 4.000 más a Francia e Italia.

"Pedir medidas de austeridad cuando se trata de una de las jurisdicciones que más perjudican al resto de países de la UE resulta, cuando menos, irónico", señala Miguel Alba, investigador de Oxfam especializado en asuntos de desigualdad, que destaca la similitud existente entre los buzones de empresas de algunos pequeños edificios de Amsterdam y los que se dan en algunas ciudades de Delaware (EEUU), el único territorio que, con 352, supera a Países Bajos (119) como alojamiento de filiales del Íbex.

Sin embargo, ni uno ni otro son oficialmente considerados como paraísos fiscales por la UE ni tampoco por el propio Estado español, que no los incluyó en su lista original de 1991 ni en sus posteriores revisiones, en las que únicamente ha habido bajas y en ningún caso altas.

El dato del agujero tributario, estimado por el economista Gabriel Zucman, uno de los colaboradores de Thomas Piketty, en sus trabajos sobre la elusión fiscal, en los que sostiene que "cerca del 40% de las ganancias multinacionales (más de 700.000 millones de dólares en 2017) se trasladan a paraísos fiscales cada año", figura en el informe "Quién parte y reparte", publicado hace unos meses por Oxfam Intermón.

¿Y qué es eso de la 'elusión fiscal'? Básicamente, viene a consistir en pagar menos impuestos en un país acogiéndose a la ley de otro. Lo explica con claridad la RAE: se trata de la "acción y efecto de eludir" los intereses del fisco, que es el "conjunto de los organismos públicos que se ocupan de la recaudación de los impuestos", y se diferencia del fraude fiscal en que no se trata de una actividad delictiva sino que se desarrolla bajo una legalidad que la ampara.

Es decir, que la regulación del sistema tributario holandés hace que el español ingrese esos más de mil millones de euros menos cada año a base de mantener unas ventajas impositivas para las empresas, especialmente para las cabeceras de hóldings y las de tipo cartera o tenedoras de acciones, cuya repatriación de dividendos (beneficios) queda prácticamente exenta de tributar en el impuesto de Sociedades.

Los tres trucos que favorecen las deslocalizaciones de papel

Los expertos equiparan esa ínfima presión fiscal, que acaba atrayendo a multinacionales (también españolas) que domicilian allí las empresas de papel con las que gestionan sus redes de filiales en otros continentes, con la de los paraísos fiscales oficiales, con los que el sistema holandés no comparte otros rasgos como la opacidad societaria y secreto bancario. Aunque eso es matizable, ya que organizaciones internacionales de transparencia como la Red para la Justicia Fiscal lo sitúan entre los ocho territorios más opacos y como el cuarto paraíso del mundo, solo por detrás de las islas Vírgenes, las Bermudas y las Caimán.

Lo que ofrece el régimen tributario de Países Bajos es la posibilidad de alojar en su territorio la cabecera de una parte del grupo y de, a través de él, introducir en el espacio económico comunitario las ganancias de su actividad en esas zonas sin apenas tributar.

Otra investigación de Oxfam Intermón titulada "La ilusión fiscal" explica las tres principales ventajas fiscales que ofrece Holanda para ese tipo de empresas. Por una parte, "los hóldings no tributan y no pagan impuestos por los dividendos y ganancias que reporten sus filiales, siempre que se tenga una participación mínima del 5%".

Por otra, para domiciliar la cabecera de un grupo en ese país "basta con registrarlo y disponer de una sede", con lo que, en la práctica, resulta suficiente con una sociedad instrumental o 'de papel', es decir, una de "las llamadas empresas de buzón o de apartado de correos que muchas veces no tienen ni empleados".

Y, por último, Holanda es "el país con mayor número de acuerdos [con otros estados] para evitar la doble imposición", con lo que ese tipo de sociedades eluden la obligación de pagar impuestos en las zonas en las que operan sus filiales. "Los beneficios se declaran y tributan en Holanda, y el dinero pasa a ser un capital totalmente limpio y libre para circular", anota.

"Las empresas justifican la ubicación en Holanda diciendo que allí hay buenos accesos a los mercados financieros", apunta Alba, que califica de "ventajosa" la "amplia red de tratados fiscales con otros países que facilitan la repatriación de dividendos".

1.010 millones de euros anuales al cambio de hoy

"El desvío de beneficios empresariales hacia paraísos fiscales le cuesta a España el equivalente al 13% de la recaudación del impuesto sobre sociedades", explica Oxfam Intermón, que cifra el total del volumen desviado anualmente en 13.000 millones de euros y en 3.250 la merma recaudatoria que eso supone.

"Los paraísos fiscales dentro de la propia UE se llevan el 80% de esta cantidad", anota, en un reparto de "pérdida de recursos" que se concentra en Holanda, con 1.161 millones de dólares (1.010 de euros al cambio de hoy); Luxemburgo, con 865 (752), e Irlanda, con 644 (560).

Esa fuga de beneficios empresariales, que le cuesta a España el "9,6% de la recaudación del impuesto de sociedades", estima la oenegé, "conduce inevitablemente a una desconexión entre la generación de beneficios por parte de las empresas y su contribución tributaria".

La factura alcanza los 9.500 millones de euros a favor de Holanda para el conjunto de los países comunitarios según esas estimaciones. Según la Red de Justicia Fiscal, más de la mitad de ese desvío procede de países del sur, con 1.400 millones de Italia y 2.500 de Francia, informó El Periódico.

¿A qué responde el radicalismo de Mark Rutte?

El radical posicionamiento en la cumbre de Rutte, que lidera el VVD (Partido Popular por la Libertad y la Democracia), es el enésimo requiebro de la atormentada política de oscilaciones entre el liberalismo y lo identitario que viene aplicando en el último lustro ante la pujanza de una ultraderecha que le recorta espacio a costa de la socialdemocracia, en un cuadro no muy distinto del que se da en Austria o Suecia.

En ese plano, y mientras los ultras del PVV y el FvD agitan el debate sobre el euro y la utilidad de la UE, Rutte opta por mostrar desconfianza y dureza con unos países meridionales que el imaginario del suyo identifica con conceptos como el catolicismo, el despilfarro y la gandulería, pese a que entre ellos esté uno de los pocos lugares del mundo donde el laicismo es religión, como Francia, o a que un español trabaje al año una media de 272 horas más (casi siete semanas) que un holandés.

"Va al revés. No es posible construir una sociedad negando derechos a otros por temor a que la extrema derecha te coma terreno" electoralmente, apunta Susana Ruiz, coordinadora de Justicia Fiscal de Oxfam, para quien Holanda se ha dedicado a "generar recursos con un sistema basado en las debilidades de otros y que ha demostrado que no funciona, pero en el que reivindican la unanimidad para mantener el escenario".

Holanda "impone medidas duras a una serie de países al mismo tiempo que dificulta su recaudación tributaria", añade Ruiz, que aboga por avanzar en la armonización fiscal del espacio de la UE mediante el establecimiento de "bases y horquillas" para los distintos ámbitos de tributación que eviten situaciones como la que genera Países Bajos.