Este artículo se publicó hace 2 años.
La organización por los Derechos Humanos en Nicaragua denuncia que el Gobierno hace rehenes a familias de opositores
El Cenidh ha destacado la "evidente decisión de aniquilamiento política y físicamente" contra los disidentes del Gobierno de Ortega, reelegido bajo sospechas de coacción y sin el reconocimiento de la comunidad internacional.
Managua-
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció este viernes que el Gobierno del presidente Daniel Ortega está tomando como "rehenes" a familiares de los disidentes sandinistas, con el fin de obligarlos a que entreguen a sus parientes.
"Este comportamiento delincuencial no tiene precedentes en la historia, no es característico de ninguna dictadura, posee los ribetes de un secuestro donde el secuestrador se apodera de víctimas inocentes, las toma como rehenes para lograr capturar a la persona a quien quiere secuestrar", señaló el Cenidh en una declaración pública.
Ese organismo, crítico con el Gobierno de Ortega, aseguró que "en las últimas semanas" ha dado seguimiento y "documentado un nuevo patrón represivo del régimen Ortega Murillo en contra" del movimiento político Unión Democrática Renovadora (Unamos), antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que incluye a sus familiares.
"A nivel nacional se ha desatado una estrategia de acoso, persecución, amenazas, e incluso detenciones arbitrarias de integrantes del partido y sus familiares. Se registran más de 10 al cierre de esta nota", sostuvo.
Pide "acciones urgentes"
Para el Cenidh, las detenciones de familiares desvinculados de la política "supera la gravedad delictiva del secuestro extorsivo, que, según el Código Penal, es cuando se exige un rescate o cualquier utilidad monetaria".
"En este caso el régimen está exigiendo la vida, la integridad y seguridad de seres humanos inocentes, por eso toma como rehenes a los familiares de las víctimas a las que está criminalizando para capturarlas, masificando la victimización y violándoles el derecho a la libertad individual, la integridad personal, física y psicológica, el derecho a la presunción de inocencia, entre otros", advirtió.
Para el Cenidh, las detenciones de los familiares de opositores "no es una persecución coyuntural" de cara a las elecciones municipales de noviembre próximo, sino que "estamos ante una evidente decisión de aniquilamiento política y físicamente" de los disidentes.
Por tanto, ese organismo lanzó "esta alerta urgente a nivel nacional e internacional" y pidió a todas las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, de derechos humanos y organizaciones que dan seguimiento a la crisis de Nicaragua desde el exterior, "a valorar y priorizar esta situación en su agenda de acompañamiento e impulsar acciones urgentes".
Particularmente hizo un "llamado especial" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (Meseni) y a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), "a analizar esta situación e impulsar acciones en concordancia con la gravedad y urgencia que el caso amerita".
Movimiento fundado por Sergio Ramírez
Unamos denunció el miércoles que sus miembros y sus familiares son víctimas de "persecución" en Nicaragua por parte del Gobierno de Ortega y que hasta entonces habían detenido a cinco de ellos en los últimos días.
Unamos fue fundado como MRS en 1995 por el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez Mercado, actualmente en el exilio en España y retirado de la política, y la exguerrillera y exministra de Salud Dora María Téllez, arrestada en junio de 2021 y condenada a 8 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria".
Al menos cuatro dirigentes de Unamos, incluyendo a su presidenta, Suyén Barahona, cumplen condenas por "traición a la patria" y son parte de una lista de más de 200 personas consideradas "presos políticos" por organismos humanitarios.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.
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