El Ejército de Myanmar terminó este lunes de manera abrupta con la transición hacia la democracia del país al forzar una declaración de emergencia para transferir todos los poderes del Estado al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing.

Los militares, que gobernaron con puño de hierro de 1962 a 2011, dispararon hace una semana los rumores sobre una posible asonada al evitar rechazar la posibilidad de un golpe de Estado tras una serie de denuncias sobre fraude electoral en los comicios generales del pasado noviembre.

La Liga Nacional para la Democracia (LND), encabezada por la líder de facto del Gobierno y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, arrasó en las urnas, pero el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), vinculado a los militares, reclamó sin pruebas que la votación fue fraudulenta.

Estos son los protagonistas de esta crisis política:

Min Aung Hlaing, el general golpista acusado de genocidio

Tras casi una década como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, asumió este lunes el cargo de "líder del Estado" después de que los militares arrestaran a la cúpula del Ejecutivo, entre ellos a Suu Kyi, y forzaran la declaración del estado de emergencia.

Alistado en el Ejército desde los 18 años, este general de cinco estrellas y de carácter reservado se ha labrado toda una carrera dentro del cuerpo castrense, donde se convirtió en una figura fundamental para las negociaciones con algunos grupos rebeldes.

Ese supuesto carácter negociador se esfumó durante el implacable operativo de reprensión militar lanzado en agosto de 2017 contra la etnia rohinyá, en el nororiental estado de Rakáin, por el que afronta una acusación de genocidio ante el tribunal de la Haya.

La ONU estima que durante esta campaña "de limpieza étnica con marcas de genocidio", que terminó con más de 725.000 rohinyas huyendo a la vecina Bangladés, fueron asesinadas más de 10.000 personas. A sus 64 años y medio, estaba previsto que Min Aung Hlaing comenzara a preparar su próximo relevo.

Aung San Suu Kyi, el icono de la democracia

A pesar de que la imagen internacional de Suu Kyi ha quedado mancillada por la crisis rohinya, "la Dama", como la conocen de manera afectuosa sus seguidores, sigue siendo de manera incontestable el icono de la democracia en Birmania.  Suu Kyi, quien ocupaba desde 2015 el poderoso cargo de consejera de Estado y la cartera de Exterior, fue detenida este lunes junto a más de una treintena de miembros de la LND y otros activistas.

Hija del héroe de la independencia, Aung San, la líder emergió como un referente político por su prominente papel al frente del levantamiento popular de 1988, que fue duramente aplacado por los militares.

Su rol de resistencia pacífica al frente del movimiento prodemocráctico le supuso afrontar más de 15 años de arresto domiciliario en su residencia en Rangún, donde supo en 1991 que había sido galardonada con el premio Nobel de la Paz.

Tras su ultima liberación, en noviembre de 2010, Suu Kyi se puso al frente de la LND, primero para lograr entrar en el Parlamento en 2012 y después para arrasar en las dos elecciones generales celebradas (2015 y 2020).

LND, el largo camino hacia la democracia

A pesar de que la Liga Nacional para la Democracia fue fundado en 1988, por Suu Kyi y otros prominentes políticos, no fue hasta 2015 cuando pudo llegar al Gobierno de Myanmar tras arrasar de manera incontestable en las urnas.

La LND, cuyos integrantes vivieron durante décadas la dura represión militar, es la formación política más popular del país y entre sus ideales se encuentra el respeto a los derechos humanos y la pretensión de lograr acuerdos para terminar con todos los conflictos civiles que afronta el país.

A pesar de los pocos avances durante su primer gobierno y la crisis rohinya, la LND no ha sufrido ningún desgaste en el poder e incluso se impuso de manera más rotunda en los comicios generales del pasado noviembre, donde logró el 83% de los escaños en liza.

USDP, la plataforma política de los militares

Tras la humillante derrota sufrida en las pasada elecciones por el USDP, que lideró entre 2011 y 2015 la transición hacia la democracia impulsada por los militares, sus cabecillas, la mayoría militares retirados, rechazaron los resultados.

La plataforma política, vinculada con los intereses del Ejército, asegura que hubo fraude en las elecciones y pide unos nuevos comicios organizados por el Ejército.