Dice Noam Chomsky que la Primavera Árabe nació en el Sáhara Occidental. Que la chispa que prendió la llama del deseo de libertad en el norte de África saltó en el campamento de Gdeim Izik, bautizado como dignidad, y que fue protagonizada por saharauis. Aquel episodio de esperanza, sin embargo, concluyó con las fuerzas de Marruecos arrasando el campamento, acusaciones cruzadas de muertes y 25 saharauis detenidos. Uno de ellos, Hassana Alia, consiguió recientemente el estatus de refugiado político en España. Los otros llevan seis años encarcelados en Marruecos y ya fueron sido juzgados y condenados por un tribunal militar en un proceso que fue declarado nulo y que se está repitiendo durante estos días en la jurisdicción civil. 

"El juicio que sufren mis compañeros es un teatro, una farsa para juzgar a activistas como presos políticos. No tienen pruebas de nada y las confesiones que tienen se han realizado bajo torturas", explicaba hace apenas unos días el activista Hassana Alia en declaraciones a Carne Cruda. 

Marruecos acusa a los detenidos de haber asesinado a 11 policías marroquíes durante el desalojo del campamento a base de pedradas y hogueras. Los saharauis dicen que es imposible que una población desarmada cause tantos estragos ante una Policía armada hasta los dientes y consideran sospechoso el hecho de que las informaciones sobre bajas marroquíes sean posteriores al asalto del campamento. Por otro lado, acusan a los marroquíes de haber matado a cuatro personas, aunque esta cifra oscila según la fuente consultada. 

Las contradicciones, por tanto, son la norma. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) considera que toda la causa judicial es un “teatro” para intentar unir la lucha por la independencia saharaui con la idea de violencia y radicalismo. Por otro lado, Marruecos trata de trasladar al exterior una cierta apertura democrática y un Estado de derecho del que también disfrutan los ciudadanos del Sahara ocupado. 

Marruecos, por ejemplo, dice tener imágenes y vídeos en los que se ve claramente como hay policías que mueren lapidados. El abogado español Lorenzo Peñas está presente en el juicio en nombre de las familias de los marroquíes presuntamente asesinados por los saharauis: "A los que aseguran que no hay muertos les diría que vean las imágenes aterradoras de los asesinatos y de los gendarmes muertos, y que lean las declaraciones del reconocimiento del asesinato", señaló Peñas en esta entrevista concedida a El Español. 

Los saharauis, por otro lado, acusan a Marruecos de estar aportando pruebas al juicio que no han salido a la luz en seis años, ni siquiera en el anterior juicio ante un tribunal militar, por lo que aseguran que se trata de pruebas inventadas. Así, defienden que la única prueba que tiene Marruecos de que los detenidos son culpables de los cargos es la confesión bajo tortura de los acusados. Es decir, absolutamente nada. 

Ante esta situación los observadores internacionales se hacen imprescindibles para conocer de primera mano qué está sucediendo. La eurodiputada española Ana Miranda, de BNG, ha acudido a Rabat en calidad de observadora internacional enviada por el partido político europeo Partido Alianza Libre Europea. "El procedimiento es un juicio político absoluto contra la causa saharaui prolongado en el tiempo bajo esta apariencia de legalidad", denuncia la eurodiputada desde Rabat a la vez que informa que durante la sesión de ayer, por el lunes, el juzgado rechazó solicitar nuevos informes médicos para estudiar la denuncia de tortura de los acusados. La sala, no obstante, ha rechazado esta petición, a pesar de que la ONU dio credibilidad al relato de uno de los detenidos. 

En su lugar, la Corte de Marruecos ha citado para este martes a los expertos que realizaron las pruebas forenses a los acusados y que determinaron que ninguno de ellos había sufrido tortura o malos tratos durante su interrogatorio. Durante la sesión no estarán los dos abogados franceses que hasta ahora habían llevado la defensa y que, según el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), fueron expulsados de la sala de audiencia durante el último período de sesiones y decidieron abandonar la causa al considerar que se trataba de un timo. 

La visión que aporta Miranda es compartida y refutada por otros observadores internacionales. Por ejemplo, Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco, señalaba en un reportaje de La Marea que la "principal clave" en este juicio es "la violación del derecho internacional" que supone que los acusados hayan salido encarcelados cuando el Supremo dijo "que la sentencia anterior no existe y que no había pruebas para condenarles”. "Hay jóvenes que llevan ya seis años en prisión y entraron con 20 años con la única prueba de una declaración obtenida bajo tortura”, agrega. En el lado contrario se sitúa José María Gil, que en el mismo reportaje señala que lo que más llama la atención es "la violencia extrema usada por los criminales"con "degollamientos, lapidaciones, profanación de cadáveres". 

Por otro lado, no son pocas las voces, como la del abogado especializado en Derechos Humanos Manuel Ollé, que niegan la legalidad del juicio de raíz ya que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental. Marruecos ocupa ilegalmente el territorio del Sáhara occidental y, por tanto, no puede juzgar lo que allí suceda: "Un Estado que ocupa ilegalmente el Sahara occidental vulnerando sistemáticamente el derecho internacional carece de toda legitimidad en un territorio sobre el que no tiene el más mínimo status ni derecho", sentencia Ollé.