En Argentina hay un dicho recurrente: “Brasil estornuda y Argentina se resfría (cuando no pilla una neumonía)”. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha tomado recaudos al respecto, atento a la normalización de la violencia que propugna el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

El Gobierno aprovechó la cumbre de líderes y presidentes del G20 que acogió Buenos Aires el pasado viernes y sábado para emitir el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego, vigente desde este martes. La medida, que no pasó por el Congreso, habilita a que los agentes puedan disparar a un sospechoso en fuga. El art. 2 permite el uso de armas de fuego "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos (…) para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención".

Otro párrafo consiente que se pueda balear a un sospechoso ante la simple presunción de que esté armado, es decir, cuando “posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no sólo negó que la reglamentación sea fascista o viole los derechos humanos, sino que defendió sin asomo de duda que está “copiado de Naciones Unidas”.

El director ejecutivo para las Américas de la ONG estadounidense Human Right Watch, José Miguel Vivanco, salió a contradecirla. “La resolución de Bullrich cita elegantemente los principios de la ONU sobre empleo de la fuerza, pero está plagada de vacíos y ambigüedades que podrían permitir que las fuerzas de seguridad usen sus armas con una enorme discrecionalidad”, dijo.

Amnistía Internacional fue más explícita al sostener que el reglamento viola directamente los derechos humanos. “Preocupa que se legitime el precedente que habilita el uso de armas de fuego para detener a una persona que se dé a la fuga”. El derecho internacional no autoriza a que se dispare a una persona por el hecho de que haya eludido su detención, recuerdan.

La organización considera inadmisible “que se habilite a un funcionario policial a presumir que un individuo está armado por el solo hecho de que otro integrante de un grupo de personas porte un arma”. También critica que se amplíen “las situaciones que son caracterizadas como de 'peligro inminente' a supuestos hasta ahora no contemplados”.

El protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad atañe a las cuatro cuerpos federales: la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Gobierno de Macri pretende que los 24 distritos del país incorporen el reglamento para que sea aplicado también por las fuerzas de seguridad provinciales, algo que ya ha aceptado por Chubut (sur), Mendoza (oeste) y Salta (norte).

Del otro lado, dos amparos presentados en la ciudad de Buenos Aires llevaron a que un juez, Roberto Gallardo, emitiera una medida cautelar en la que califica de inconstitucional el reglamento y prohíbe su aplicación en la capital argentina.

A nivel nacional varios diputados opositores han presentado este jueves un amparo para que la justicia suspenda la resolución “que permite el uso indiscriminado de armas letales”.

'Bolsonarizar' la política

Mauricio Macri, que se ha ido de vacaciones durante estos días, ha evitado pronunciarse sobre la controversia generada en Argentina. Envalentonado por el éxito de la cumbre de líderes del G20, el presidente pretende ahora derivar la atención hacia problemas de inseguridad y distraer a la opinión pública de la coyuntura económica tras un año catastrófico que terminará con los peores indicadores desde 2002, con una inflación anual que araña el 46 por ciento.

De esta manera, Macri pretende sacar partido de la ola de extremismos que llevó a que el futuro presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, elogiara en las últimas horas a los policías que mataron en el acto a un asaltante que había tomado de rehén a una anciana en un municipio de Río de Janeiro.

El mandatario aspira a revalidar su cargo en las elecciones presidenciales que se celebrarán en menos de un año, y se plantea colocar a Bullrich como posible compañera de fórmula. En ella encuentra un argumento electoral, siendo la ministra más valorada de su gabinete, aunque también es una de las que más aversión genera.

Esta mujer, que en su juventud militó en Montoneros, uno de los grupos guerrilleros que se opusieron a la última dictadura (1976-1983), es hoy una de las funcionarias más radicales del actual Gobierno. "El 99% de la gente que muere en Argentina muere en manos de un delincuente", dijo esta semana, una aseveración falaz con la que parece querer arrebatarle a los agresores la categoría de personas.

Ella fue quien abanderó el cambio de doctrina en relación a las fuerzas de seguridad, con el impulso de Macri, cuando reivindicó junto al presidente la actuación de un policía local hoy procesado, Luis Chocobar, quien hace casi un año disparó por la espalda y mató a un ladrón que acuchilló a un turista para robarle dos cámaras.

La tasa de homicidios dolosos en Argentina disminuyó en 2017 hasta 5,2 por cada 100.000 habitantes, uno de los porcentajes más bajos de América Latina. La inseguridad afecta especialmente a los sectores más vulnerables, principalmente en las zonas más deprimidas de la provincia más importante del país, la de Buenos Aires, donde vive casi el 40 % de la población. Allí las garantías que brinda el Estado apenas existen. Allí es donde lidera la intención de voto la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).