Hace casi año y medio una pregunta se viralizó sarcásticamente en Brasil: ¿Dónde está Queiroz? Este jueves el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO) de la Fiscalía de Río de Janeiro y la Policía Civil de São Paulo han respondido la pregunta. Fabrício Queiroz, supuesta herramienta del clan Bolsonaro para lavado de dinero y colaboraciones con las milicias paramilitares, llevaba cerca de un año escondido en la finca del abogado del presidente y su primogénito, en Atibaia (São Paulo).

Queiroz, policía militar retirado, amigo íntimo del presidente desde los años ochenta, es el todoterreno del clan: asesor parlamentario, agente de seguridad, chófer y representante informal de la familia en los barrios de la zona oeste de Río de Janeiro dominados por las milicias paramilitares. Cuando la Policía Civil de São Paulo llegó a la finca de Frederick Wassef, abogado de los Bolsonaro, Queiroz dormía. Tuvieron que derribar la puerta. No presentó resistencia.

Levantó las manos y se resignó a pasar a disposición judicial. Un matrimonio de caseros vivía en una pequeña construcción en la parte trasera del terreno. A Queiroz le esperaba un vuelo en helicóptero desde el aeropuerto del Campo de Marte (São Paulo) hasta el aeródromo de Jacarepaguá, en Río de Janeiro. Su destino, en prisión preventiva: el Complejo Penitenciario de Bangu.

Los movimientos sospechosos de dinero que detectó el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) en los últimos años nacían de las propias nóminas de los trabajadores del gabinete de Flávio Bolsonaro, cuando el actual senador era diputado estatal. Queiroz era uno de ellos. Su mujer era otra –también había orden de busca y captura contra ella; está considerada forajida–.

Había otros familiares contratados tanto en el gabinete del primogénito como en el gabinete del padre, en Brasilia. Los trabajadores del gabinete de Flávio Bolsonaro tenían que devolver, de media, el 40% de su nómina: una maniobra (denominada "rachadinha") desgraciadamente habitual en las instituciones políticas brasileñas. En el caso del hijo mayor de Bolsonaro, Queiroz articulaba esa recaudación mensual. Aparte de las cantidades que manejara en metálico, llegaron a transitar por su cuenta bancaria, solo entre enero de 2016 y enero de 2017, 1.2 millones de reales –300.000 euros de la época–, cantidad incompatible con su salario de asesor.

Parte del dinero procedente de la fraudulenta recaudación en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro era supuestamente lavado por Flávio Bolsonaro en sobrefacturación de negocios privados y en financiación de promociones inmobiliarias ilegales de las milicias paramilitares de barrios como Rio das Pedras y Muzema, según documentación bajo secreto de sumario a la que tuvo acceso The Intercept en abril.

El lavado de dinero coordinado por el asesor Queiroz llegó incluso a aterrizar en la cuenta bancaria de la mujer de Jair Bolsonaro, en forma de diez misteriosos cheques consecutivos. El propio Bolsonaro reconoció, sin aportar pruebas, que el dinero no era para su mujer, sino para él mismo, y correspondía a la devolución de un préstamo de 40.000 reales –unos 10.000 euros de entonces–.

Las acusaciones hace unas semanas de Paulo Marinho, empresario y político exaliado de Jair Bolsonaro, sobre la puesta en marcha de la operación Furna da Onça en plena época electoral en 2018 estaban relacionadas exactamente con el comienzo de este escándalo. Un chivatazo de la Policía Federal en octubre de 2018 y el aplazamiento del inminente comienzo de la operación le proporcionó a Jair Bolsonaro y a su hijo el tiempo necesario para despedir de sus gabinetes a Queiroz y sus familiares, y a ganar las elecciones sin que esta mancha les cubriera por completo. Es esa la información reservada que busca Bolsonaro en la Policía Federal, principal objeto de la acusación de su exministro de Justicia, Sérgio Moro.

La reacción del presidente a la bomba judicial del día llegó en su tradicional comparecencia de cada noche de jueves a través de las redes sociales: "Lo dejo bien claro, no soy el abogado de Queiroz, y no estoy implicado en este proceso". La Justicia debe seguir su camino, comentaba el presidente, que a la vez protestaba del amplio despliegue y la detallada cobertura mediática de la detención de su amigo en casa de su abogado: "Parecía que estaban capturando al mayor bandido sobre la faz de la tierra".

Nueva baja en la ultraderecha: Bolsonaro, obligado a dejar caer al ministro de educación 

No acabaron ahí los problemas de Bolsonaro este jueves. Insultos al Tribunal Supremo, presencia en concentraciones golpistas, racismo, fake news y ataques a las universidades públicas han confeccionado durante el último año el cóctel perfecto del ya exministro de educación brasileño, Abraham Weintraub. El presidente le destituyó ayer, y no porque censure sus actitudes –Bolsonaro, que comparte todas sus ideas, le admira–, sino por necesitar un cabeza de turco para esquivar y frenar las presiones que le acechan desde los partidos políticos que le dan su apoyo en el Congreso Nacional y desde el Tribunal Supremo.

El último fracaso político de Weintraub llegó la semana pasada, con la anulación de la medida provisional que le habría permitido elegir a dedo a los rectores de las universidades que tuvieran marcado el recambio durante esta época de pandemia, sin consultar a la comunidad académica. El presidente del Senado y del Congreso Nacional, Davi Alcolumbre, confirmaba la devolución de la medida provisional, "por violación de los principios constitucionales de la autonomía y de la gestión democrática de las universidades".

La penúltima derrota había sido igual de dolorosa o más, pues acabó de desinflar la influencia del ministro ante el Congreso Nacional. Fue en mayo, y giró en torno al aplazamiento del Examen Nacional de Educación Media (ENEM), la prueba de acceso a la universidad. La actual situación de crisis sanitaria impide a los estudiantes con menos recursos poder seguir estudiando a distancia. Weintraub se negaba a aplazar el ENEM: "No es para atender a injusticias sociales; es para seleccionar a los mejores". El presidente la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tuvo que advertir a Bolsonaro que la mayoría de los parlamentarios iba a votar por el aplazamiento del examen, y que si el propio ministerio de educación lo aplazaba se ahorraría una nueva afrenta.

Sobre la mesa de Maia se acumulan una treintena de pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Para que ninguno de ellos tenga opciones de ser aceptado a trámite, el presidente busca desesperadamente el apoyo de la gran base de partidos del denominado Centrão –partidos de centroderecha y derecha–. A uno de esos partidos le tuvo que ceder, apartando esa misión de las manos de Weintraub, la gerencia del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (su presupuesto puede llegar a los 55.000 millones de reales –10.000 millones de euros–), lo más valioso que se coordina desde el ministerio de educación. Así, poco a poco, la ultraderecha se desinfla.