La Justicia portuguesa no aprecia indicios de tráfico de influencias en el caso que provocó la dimisión de António Costa

El Tribunal de Apelación de Lisboa no aprecia indicios de tráfico de influencias en la Operación Influencer, el caso judicial que llevó a dimitir al ex primer ministro portugués António Costa, y rechaza el recurso presentado por la Fiscalía a las medidas cautelares aplicadas a los sospechosos.

Los hechos averiguados "no son, por sí solos, integradores de ningún tipo de delito", lo que significa que no ha apreciado indicios de un crimen de tráfico de influencias, según un comunicado del Tribunal citado este miércoles por medios locales.

El Tribunal rechazó el recurso presentado por la Fiscalía portuguesa y dio la razón a los dos principales sospechosos del caso, Vítor Escária (antiguo jefe de gabinete de António Costa) y Diogo Lacerda Machado, empresario y amigo del ex primer ministro socialista.

En ese sentido, anuló las medidas preventivas aplicadas contra ambos, incluida una fianza de 150.000 euros y la prohibición de salir del país, al considerar que no hay ningún tipo de riesgo que las justifique.

Los jueces consideraron que "ninguno de los hechos adelantados se tradujeron en la comisión de delitos y no se superó el desarrollo de las funciones de cada uno de los intervinientes, ya que todos ellos actuaron en el ámbito de las mismas".

Qué se investiga en la 'Operación Influencer'

La Operación Influencer saltó en noviembre de 2023 y gira en torno a irregularidades en proyectos de litio y de hidrógeno y en la construcción de un centro de datos.

La Fiscalía informó entonces de que varios sospechosos hablaron de la implicación de Costa en el caso por "desbloquear procedimientos" y que dichas alegaciones serían analizadas en una investigación autónoma.

Ese mismo día, Costa presentó su dimisión, aunque aseguró que no había cometido actos ilícitos.

Críticas a la Fiscalía por no presentar pruebas contra Costa

Desde la renuncia del primer ministro, la fiscal general del país, Lucília Gago, y el órgano que lidera han sido objeto de críticas por no haber dado más explicaciones sobre la presunta implicación de Costa en esas irregularidades y no haber hecho públicas pruebas contra él.

A raíz de la dimisión de Costa se realizaron elecciones legislativas en Portugal el pasado 10 de marzo, que se saldaron con la llegada al poder de un Gobierno de centroderecha encabezado por Luís Montenegro.

A principios de este mes, tras ceder el testigo al nuevo Gobierno, Costa dijo a la prensa que, tras haber dejado el cargo, había solicitado a su abogado que mandara una petición para ser escuchado ante la Justicia.