De crisis en crisis. Así ha gobernado Guillermo Lasso desde que asumió el cargo como presidente de Ecuador hace dos años. El mandatario conservador afronta ahora un juicio político, el primero contra un presidente desde que se aprobó la Constitución de 2008, por presunta malversación de fondos públicos. La oposición parlamentaria, controlada por los partidarios del expresidente progresista Rafael Correa, necesita una mayoría calificada de dos tercios (92 de los 137 legisladores) para destituirlo. Lasso rechazó en la noche de este martes ante la Asamblea Nacional las imputaciones vertidas por los impulsores del impeachment. Su destino político se decidirá en los próximos cinco días.

A Lasso, un exbanquero de 67 años que ganó las elecciones en 2021, se le acusa de no haber actuado contra una red de corrupción relacionada con un contrato público del Gobierno anterior. El acuerdo entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la compañía Amazonas Tankers para el transporte de derivados del petróleo fue suscrito en 2018 cuando gobernaba Lenín Moreno (2017-2021). Según la oposición, Lasso estuvo al corriente desde el inicio de su mandato de las irregularidades y los desvíos de dinero público, con pérdidas millonarias para el Estado, y no habría hecho nada para rescindir el contrato.

El juicio político arrancó este martes en la Asamblea Nacional con la intervención de los dos diputados opositores que se encargaron de presentar las denuncias contra el presidente. Viviana Veloz, representante de la bancada correísta, acusó al gobernante de haber canalizado "una estructura de corrupción". "¿Cuántas vidas pretende sacrificar para darse cuenta de que no puede gobernar?", se preguntó Veloz desde la tribuna de oradores.

En su turno de defensa, Lasso calificó las imputaciones de infundadas y ficticias, un "castillo de naipes" montado por la oposición: "No hay contratos firmados en mi Gobierno. Las reglas no las puse yo. No hay recomendaciones de la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para terminar el contrato (del Gobierno anterior), no hay indicios de responsabilidad penal sobre ningún funcionario (…) Pretenden hallarme culpable de todo aquello que yo he denunciado".

Una vez finalizado el debate parlamentario, en el que podían tomar la palabra los 137 congresistas, se abre un plazo de cinco días para que el presidente del Congreso unicameral, Virgilio Saquicela, convoque un nuevo pleno y se vote la moción de censura. Se espera que la suerte de Lasso se despeje durante el fin de semana.

Agrupado en la Unión Por la Esperanza (UNES), el correísmo, que cuenta con 47 escaños en el Congreso, ha logrado el apoyo del Partido Social Cristiano (antiguo aliado de Lasso), el movimiento indígena Pachakutik y varios independientes para poner en aprietos al presidente. Sumaron 88 votos al pedir la apertura del juicio político. Ahora tendrán que convencer al menos a otros cuatro legisladores para que la destitución prospere. El oficialismo, por su parte, solo cuenta con 13 representantes (Movimiento CREO) en una Cámara muy atomizada, pero confía en que las divisiones en el seno de la oposición hagan naufragar la propuesta.

Muerte cruzada

Antes de que eso suceda, a Lasso le queda una bala en la recámara que puede utilizar en cualquier momento: la denominada "muerte cruzada". Se trata de una prerrogativa constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional, convocar elecciones generales y gobernar por decreto durante seis meses. En el duelo entre el Ejecutivo y el Legislativo ambos contendientes salen mal parados. Con todo, al correísmo no le desagrada esa opción. Los seguidores de Correa (2007-2017) tendrían muchas opciones de ganar hoy en las urnas. Si por el contrario sale adelante la moción de censura, Lasso (que aún podría recurrir la decisión ante la Corte Constitucional) sería sustituido por su vicepresidente, Alfredo Borrero, hasta el final de la legislatura en 2025.

La oposición ha activado el juicio político en el momento de mayor debilidad de Lasso. Perdió en febrero un referéndum sobre reformas constitucionales y vio cómo en esa misma cita electoral el centroizquierda salía triunfante en los comicios locales. Ecuador sufre además una grave crisis de seguridad por el aumento incontrolado de la delincuencia organizada.

Pese a gozar de buenos indicadores macroeconómicos, el ideario neoliberal que ha presidido la gestión de Lasso ha dejado a un lado las políticas sociales. Su falta de cintura política también le ha pasado factura a la hora de trenzar pactos transversales en el Congreso. Los escándalos tampoco le han sido ajenos. A principios de año, una investigación periodística reveló una trama de corrupción en su Gobierno, el denominado Caso Encuentro. La oposición pretendió incluir esas denuncias entre sus argumentos para el juicio político pero la Corte Constitucional se opuso.

Lasso, expresidente del Banco Guayaquil y cuyo nombre apareció en los Papeles de Pandora por haber mantenido parte de sus sociedades y patrimonio en paraísos fiscales, llegó al gobierno en mayo de 2021 tras derrotar a Andrés Arauz, el candidato progresista perteneciente al espacio político de Correa. No es la primera vez que está en la cuerda floja. En junio del año pasado la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) paralizó el país durante casi tres semanas en protesta por el alza del precio de los combustibles y la carestía de la vida. Al mismo tiempo, la oposición intentaba sin éxito promover un juicio político en el Congreso. La Constitución de 2008 aprobada por Correa, hoy exiliado en Bélgica, incluyó la figura de la destitución presidencial y otorgó al jefe de Estado la potestad de disolver el Congreso en determinadas circunstancias.