El encarcelamiento en una prisión israelí de la española Juana Ruiz, que lleva 35 años trabajando en proyectos humanitarios y para el desarrollo del pueblo palestino, ha encendido las alarmas en las organizaciones de cooperación (ONGD) de nuestro país que trabajan en ese territorio. Juana Ruiz ha sido acusada de pertenecer a una organización declarada de repente ilegal, HWC (Comités de Trabajo por la Salud, en español), aunque desde hace dos décadas desarrolla programas sanitarios con ayudas de ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno de España. Y detrás de ese procesamiento, las ONGD solo ven un intento de criminalizar su labor para que, sencillamente, dejen de hacerla.

Juana Ruiz, de 62 años, casada con un palestino y con dos hijos residentes en España, es la coordinadora de proyectos de Health Work Committees (HWC), una organización que lleva a cabo multitud de programas de salud dirigidos a una población muy vulnerable, de vacunación infantil, planificación familiar, clínicas móviles en zonas rurales apartadas y para atender a enfermas de cáncer de mama, entre otros. La madrugada del pasado 13 de abril, una veintena de soldados irrumpió en su casa, cerca de Belén, y se la llevaron detenida. Desde entonces, está en prisión, aunque los cargos contra ella no se han conocido hasta hace poco, y el próximo 2 de junio será juzgada por un tribunal militar, la jurisdicción que se aplica a la población residente en territorio palestino.

Los cargos contra esta mujer con pasaporte español han sido confusos y opacos desde su detención. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel llegó a difundir el 6 de mayo que millones de euros de la UE destinados a proyectos humanitarios y de cooperación, como los de HWC, se utilizaban para sostener al PFLP (Frente Popular de Liberación de Palestina), una organización que califica de "terrorista". Sin embargo, finalmente, y tras cerca de un mes encarcelada sin saber por qué razón, tras haber pasado un tiempo en una prisión de hombres, aislada sin poder salir al patio ni recibir ninguna pertenencia personal, ni siquiera sus gafas para leer, Juana Ruiz ha conocido los cargos por los que será juzgada, según la portavoz en España de su familia, Begoña Lalana: pertenencia a una asociación ilícita, HWC, y vulneración de las leyes de entrada de dinero y su uso en Israel, en el que, supuestamente, se debería incluir el que recibía de las ayudas a la cooperación de administraciones españolas a través de las ONGD colaboradoras con esa organización palestina.

De momento, no hay una petición de pena para la cooperante española. El tribunal tendrá que decidir primero si hay culpabilidad y, si se considera que existe, el fiscal militar deberá formular la solicitud de condena que estime conveniente, según la abogada de la familia. También están procesados en esta causa el responsable de contabilidad de HWC y su antecesor en el cargo.

La HWC es, básicamente, lo que en la cooperación al desarrollo se llama la contraparte, la organización local que desarrolla en el territorio el programa que subvenciona una administración pública a una ONGD en España. Y Juana Ruiz es la persona que se ha encargado durante décadas de ser el enlace entre las dos partes, de justificar cada gasto de la ayuda, de verificar que se cumplen los objetivos, de explicar las necesidades. Por eso es tan conocida en nuestro país, por eso, también, más de 120 organizaciones sociales y sindicales españolas han firmado un manifiesto exigiendo su excarcelación.

"HWC es una de las organizaciones que mejor justifican sus proyectos. Y tenemos la suerte de contar con Juani, porque el trabajo con las contrapartes es difícil si no tienes a alguien como ella para toda la gestión del retorno que te pide quien te ha concedido la ayuda. Tienes que justificar todos los gastos y cumplir las medidas estrictas que hay que seguir, porque se trata de un dinero público y debes ser muy garantista", dice Blanca Ortega, veterana de la cooperación en Sodepaz que conoce a Juana Ruiz desde hace muchos años.

El trabajo que desarrolla HWC constituye, según Blanca Ortega, una labor humanitaria de primera magnitud para atender a una "población masacrada" que cuenta con un sistema de salud muy endeble. "Aquí lo que se está intentando es criminalizar la cooperación para evitar que se mantenga la ayuda europea. Y si no nos dejan ayudarles, se condena al pueblo palestino a una situación trágica. No habrá esperanza para ellos", advierte esta mujer desde Valladolid.

Juana Ruiz es muy conocida en la capital castellanoleonesa y en otros muchos puntos de España, a los que cada año se desplaza para dar charlas sobre la situación del pueblo palestino y contactar con las ONGD que llevan a cabo los programas de cooperación que colaboran con la labor sanitaria de HWC. "Es la gran embajadora de la causa palestina, la que puede explicar mejor aquí la situación –asegura Ortega–. Por eso le llaman de todos los sitios para dar charlas. Es una mujer fantástica, maravillosa, alegre, a pesar de todo lo que tiene que vivir allí. Y nos duele tanto, nos parece tan injusto, que no vamos a parar hasta que la dejen en libertad".

Premio Mujer Internacional del Año en un ayuntamiento catalán

En Sant Quirze del Vallés, una localidad de 20.000 habitantes cercana a Barcelona, también conocen mucho a Juana Ruiz, tanto que el 8 de marzo de 2016 el ayuntamiento le concedió el Premio Dona en el ámbito internacional con motivo del Día de la Mujer. En los últimos 17 años, este ayuntamiento catalán ha otorgado más de 100.000 euros a proyectos que ha acabado desarrollando HWC como contraparte para vacunación infantil, material para clínicas y medicinas, fundamentalmente.

Laura Roger es la portavoz de Ateneu del Mon, la ONG responsable de esos programas de cooperación desde que en 2007 conocieron la labor de Juana Ruiz y sus comités de salud: "Hemos ido tres veces allí para ver la marcha de los proyectos. Yo en 2018 visité las catorce clínicas móviles, el proyecto Dunia para mujeres con cáncer de mama, que es de primer nivel, las guarderías... Nunca hemos tenido problemas con ellos. La gente confía en su labor, tienen buenos equipos profesionales".

Y toda esa labor se tiene que ejecutar, según Roger, cumpliendo a rajatabla unas bases muy estrictas de las convocatorias anuales de las subvenciones públicas que concede el ayuntamiento. ¿Por qué han encarcelado entonces a la cooperante española que desarrolla esos proyectos? La respuesta de la portavoz de Ateneu del Mon es contundente: "Cuando algo funciona en Palestina, parece que quieren cargárselo".

Son más las administraciones públicas en España que han concedido subvenciones a organizaciones que tienen como contraparte en Palestina a HWC, ayuntamientos, entes provinciales o agencias autonómicas de cooperación. Sin embargo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, no ha respondido a este periódico tras preguntarle qué ayudas había otorgado, y con qué cuantía, a proyectos en los que participa la organización de Juana Ruiz.

Fuentes diplomáticas españolas, en cambio, sí han informado a Público que HWC es una entidad participante en un convenio para actuaciones en materia de violencia de género y derechos de las mujeres con una organización que a su vez trabaja con UHWC, que constituye "un actor clave en el sector de la salud y las emergencias en Gaza", con un "papel relevante" en la coordinación de los servicios que se realizan en la franja.

Petición de reunión a la ministra de Asuntos Exteriores

Las más de 120 organizaciones españolas que exigen la excarcelación de Juana Ruiz aseguran que ya han pedido por escrito hasta en dos ocasiones una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, sin haber obtenido aún respuesta a su solicitud. La portavoz de estos colectivos, Sandra Barrilaro, considera que el Gobierno español debe velar por la seguridad y el respeto de los derechos de una ciudadana española, "porque en Israel –recalca– los derechos humanos no están garantizados, se vulneran sistemáticamente".

A juicio de Sandra Barrilaro, no tiene ninguna base el procesamiento judicial que le han abierto a una mujer que lleva más de 30 años trabajando con proyectos subvencionados por ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, "justificados hasta el último céntimo". La razón de su encarcelamiento hay que buscarla, a su entender, en el continuo incumplimiento de las resoluciones de la ONU que hace el Estado de Israel. "Para ser un país democrático –subraya– no basta con convocar elecciones; hay que respetar también los derechos humanos de toda la población y no permitir que haya un apartheid con una parte de ella".

Los ayuntamientos de Barcelona, Pamplona y San Sebastián y el parlamento de Navarra han hecho sendas declaraciones institucionales pidiendo la liberación de Juana Ruiz, algo que también han solicitado en una proposición varios grupos de la Cámara vasca y han pedido más de una treintena de diputados del Congreso en una carta dirigida a la Embajada de Israel en España y un grupo de eurodiputados en un escrito remitido al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

La Coordinadora estatal de ONGD, que representa a 17 coordinadoras autonómicas con 550 organizaciones de ayuda al desarrollo, también ha pedido a la ministra que haga una "condena de rechazo y una denuncia rotunda" de las "falsas acusaciones de falta de control y fiscalización de los fondos de cooperación y acción humanitaria" gestionados por estas organizaciones. Además, la Coordinadora ha solicitado que Exteriores llame a consultas a la embajadora de Israel en España "para que dé explicaciones acerca de las acusaciones" contra Juana Ruiz y el sector de la cooperación en "Territorio Palestino Ocupado".

A juicio de las ONGD españolas, el Gobierno israelí está presionando a las personas y organizaciones que trabajan en Palestina en el marco de una "estrategia para la criminalización" del trabajo que realizan en la defensa de los derechos humanos de la población palestina. "Se está realizando una instrumentalización del caso de Juana Ruiz para reactivar una campaña de desprestigio, criminalización y judicialización a la cooperación internacional en el Territorio Ocupado Palestino", afirma la Coordinadora.

El antecedente de otro cooperante encarcelado

Aritz García es el portavoz de la campaña de la Coordinadora Estatal por la Liberación de Juana Ruiz y una persona que sufrió también encarcelamiento en una prisión israelí trabajando como cooperante en territorio palestino, en su caso con la ONGD catalana Sodepau, de la que ahora es presidente. Aquello sucedió en agosto de 2011, cuando acompañaba a un maestro de escuela rural en un pueblo de Cisjordania y se encontraron con una intervención del ejército contra una protesta por la ocupación de tierras de colonos judíos. Él empezó a grabar con una cámara y acabó en una cárcel de Jerusalén, acusado de haber tirado cócteles molotov, de un delito de terrorismo. A los tres días fue juzgado y salió en libertad sin cargos, pero tuvo suerte. Su acompañante palestino pasó tres meses en prisión.

Aquel encarcelamiento le sirvió, según su testimonio, para comprobar de primera mano cómo se aplica la ley a la población palestina. "Las primeras horas que estuve detenido, me confundieron con un palestino y me tuvieron con las manos atadas y los ojos tapados al sol, en pleno verano, en Cisjordania. Luego, cuando el médico de la cárcel me hizo un chequeo, vio que no era palestino. Me tuvieron que dar mucho suero, porque me estaba deshidratando", recuerda el presidente de Sodepau.

Luego, hasta casi el final del juicio, el fiscal militar le estuvo amenazando con la existencia de un vídeo en el que, supuestamente, se le veía lanzando un cóctel molotov contra el ejército israelí. Pero ese vídeo, asegura Aritz García, no existía, tanto que no llegó a ser mostrado en la vista oral, y él fue absuelto. Pero desde entonces, este cooperante español no ha vuelto a ese país, por si acaso, por miedo a que ese precedente pueda jugar en su contra en cualquier control militar israelí, en el primero que tenga que pasar en el aeropuerto de entrada a Israel. Y eso no se le borra de la memoria.

Aritz puso así fin a siete años de trabajo como cooperante en territorio palestino, una tarea, reconoce, que allí resulta muy estresante, porque estás continuamente bajo la presión de las fuerzas israelíes, que controlan cada movimiento, aunque seas extranjero. "En otros países acogen a los cooperantes, aquí los controlan. A mí me han llegado a tener ocho horas en el aeropuerto con interrogatorios, haciendo exploraciones dentro de tu cuerpo... Si a los europeos le hacen esto, figúrate a los palestinos", dice.

A juicio del portavoz de la Coordinadora estatal de ONGD para esta campaña, el encarcelamiento y procesamiento de Juana Ruiz es una muestra evidente de que el Gobierno israelí, cada vez más escorado hacia la extrema derecha, quiere detener la cooperación de ayuda al pueblo palestino.

Miedo a las represalias

El control del Estado israelí en lo que parece un estado de alerta permanente, sumado al encarcelamiento de Juana Ruiz, ha elevado el temor de los cooperantes españoles que trabajan en territorio palestino. Por esa razón, Aloa, nombre ficticio de una de ellas, habla con este periódico de su trabajo desde el anonimato y otras compañeras declinaron hacerlo ni aun ocultando la identidad, por miedo a posibles represalias con ellas o con sus organizaciones, ellas, porque la mayoría de las cooperantes son mujeres.

Aloa ha trabajado en proyectos de cooperación al desarrollo en territorio palestino durante varios años. No dice ni cuántos exactamente por temor a que eso dé pistas a quienes puedan estar vigilando sus palabras. En juego está, dice, que no le dejen volver a entrar en Israel, que la consideren una enemiga del Estado israelí. "Es peligroso trabajar allí porque si vives en el territorio ocupado estás sujeto a un régimen militar", precisa.

Y viviendo bajo ese régimen militar, al cabo del tiempo te das cuenta, según esta cooperante, de la deshumanización absoluta a la que someten a la población palestina. "Les tratan –asegura– peor que a los perros. Es lo que más me dolía cuando vivía allí y me sigue doliendo. Todo está hecho con la intención clara y sistemática de romper la dignidad de los palestinos. Hasta te hacen creer a ti que el Ejército está para protegerte porque los palestinos son unos salvajes".

El encarcelamiento de Juana Ruiz obedece, a juicio de esta cooperante, a un objetivo político muy claro: una campaña de deslegitimación y criminalización de las organizaciones que ayudan a la población palestina, proporcionándoles unos servicios prioritarios para su supervivencia, que, si no fuera por esas mismas entidades, no existirían.

"Juani –afirma Aloa– es una mujer genial, encantadora, con un montón de contactos con entidades que trabajan en el mundo de la cooperación. Y la han cogido como cabeza de turco para hacer acusaciones contra el sector de la cooperación con el pueblo palestino que se hace desde España. Por eso es indignante el silencio del Ministerio de Asuntos Exteriores en este caso, cuando tienen a una ciudadana española encarcelada, cuando se están haciendo unas acusaciones brutales hacia la cooperación española".