'Los meteré a todos en la cárcel'. Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, que engloba a ocho de las diez principales ciudades de Arizona, incluida Phoenix, piensa aplicar la ley SB1070 al pie de la letra cuando entre en vigor el 29 de julio, y anuncia que ese mismo día llevará a cabo 'una gran redada' de ilegales.

Arpaio, ex agente de la DEA, presume de ser 'el sheriff más duro de América'. Extremadamente popular, reelegido cinco veces (lleva en el cargo desde 1992), le resbalan las críticas. A sus 78 años, se ha convertido en un showman, firma carteles con su nombre, obliga a los presos a escribir en postales con su retrato y disfruta provocando. 'Nos acusan de ser racistas dice Arpaio. Mire, ayer arrestamos a un camión lleno de inmigrantes, era de noche, no vimos si eran más o menos morenos, pero teníamos sospechas razonables de que eran indocumentados'.

Cree que es necesario criminalizar la inmigración ilegal como medida disuasoria: 'Aunque los expulses, siempre regresan, hay que quitarles las ganas de volver'. Desde 1993 tiene montada en Phoenix una prisión de tiendas de campaña y literas, Tent City, sin aire acondicionado en una ciudad que rebasa fácilmente los 40 grados a partir de junio, y donde los prisioneros llevan calzoncillos rosas. 'Oficialmente para que no los roben, pero añade Arpaio con una sonrisa cómplice la verdad es que lo hacemos porque odian el rosa'.

En Tucson, el sheriff Clarence Dupnik, demócrata, piensa todo lo contrario. Otro viejo rutero de la ley, Dupnik, de 72 años, califica la ley de 'racista' y asegura que no la aplicará. 'Es una medida estúpida y vergonzosa. Obliga a mis agentes a discriminar a la gente por el color de su piel y por su idioma'.

Dupnik estima que la actual legislación, que permite a las autoridades locales detener a indocumentados y entregarlos a la agencia federal de inmigración (ICE), es suficiente. Él y otros sheriffs, como el de Nogales, Joe Estrada, y el jefe de la policía de Phoenix, Jack Harris, que se oponen a la iniciativa, esperan que las cifras hablen por sí solas.

En los últimos tres años, los agentes de Arpaio han transferido a la ICE a más de 2.000 inmigrantes sin papeles. Si a partir de ahora se quedan en las cárceles del condado, como permitirá la SB1070, costará 3 millones de dólares mantenerlos. Un gasto insostenible para un estado donde la gobernadora ha tenido que vender recientemente sus oficinas para tapar el agujero del déficit.