El Parlamento italiano ratificó este miércoles una ley que convierte los vientres de alquiler en un "delito universal", permitiendo sancionar esta práctica dentro del país e incluso si se lleva a cabo en el extranjero. 

La legislación, impulsada por el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, los ultraderechistas Hermanos de Italia, fue aprobada en el Senado con 84 votos a favor y 58 en contra, tras haber recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados en julio de 2024.

Los vientres de alquiler están prohibidos en Italia desde 2004, pero la nueva normativa amplía su alcance al hacerla también "punible" si se realiza fuera del país. La ley establece sanciones de entre 600.000 y un millón de euros, además de hasta dos años de prisión.

La ley cuenta con el respaldo de Meloni, quien en varias ocasiones ha calificado el vientre de alquiler como una "práctica inhumana". El diputado Federico Mollicone la ha descrito como "más grave que la pederastia".

"No a la violencia contra las mujeres"

El partido conservador Forza Italia y la ultraderechista Liga también se han pronunciado sobre la ley. Su portavoz, Massimiliano Romeo, ha afirmado que el vientre de alquiler "no es una cuestión de solidaridad". La senadora de Hermanos de Italia, Domenica Spinelli, ha justificado la medida como una forma de "desincentivar" esta práctica, argumentando que su objetivo final es afirmar un "no a la violencia contra las mujeres".

En cualquier caso, tras la aprobación de esta ley, aún queda por determinar qué reconocimiento tendrán los hijos nacidos de vientre de alquiler que ya se encuentran en Italia. El Gobierno de Meloni ha tenido enfrentamientos por esta cuestión con algunos ayuntamientos, como el de Milán, donde el alcalde progresista Beppe Sala ha registrado civilmente a los hijos de parejas homosexuales, argumentando un "vacío legislativo".

En diciembre de 2022, el Tribunal Supremo italiano dictaminó que los hijos nacidos a través de vientre de alquiler deben ser reconocidos mediante un proceso de adopción, que requiere la aprobación de un juez.