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La fábrica de leyes italianas creadas para frenar los juicios pendientes de Silvio Berlusconi produjo este miércoles su último modelo: una norma más bien chapucera y con tintes de inconstitucionalidad que debe dar oxígeno al primer ministro italiano.
La bautizaron como ley del legítimo impedimento, una norma que permite a Berlusconi y sus ministros no acudir a los juicios simplemente exhibiendo un certificado firmado por ellos mismos en los que aleguen que tienen cosas más importantes que hacer. Esta norma fue aprobada por el Senado por 169 votos a favor, 126 en contra y tres abstenciones en medio de las protestas de la oposición. La ley ya ha recibido el beneplácito de la Cámara de Diputados, por lo que podrá entrar en vigor en cuanto se publique.
En realidad, ya el primer ministro podía alegar compromisos institucionales para evitar ir a juicio, pero hasta ahora el juez podía o no aceptar sus argumentos. En los últimos meses, los tribunales de los dos juicios que tiene pendientes, el caso Mills, por corrupción, y el caso Mediaset, por fraude fiscal, habían aceptado posponer las audiencias, hasta que el 1 de marzo los jueces de Mediaset se plantaron.
Con la nueva ley, los juicios podrán quedar congelados a voluntad del Gobierno, aunque la prescripción de los delitos queda suspendida.
La norma tiene una validez de 18 meses, el tiempo necesario para que se apruebe una ley que libre a Berlusconi de sus problemas con la Justicia de forma definitiva.
Esta nueva ley, conocida como Alfano 2, sí pretende cumplir con los requisitos que estableció el Tribunal Constitucional el 6 de octubre cuando tumbó a su predecesora, la Alfano 1.
La Corte consideró entonces que una ley que blinde a Berlusconi y le dé más derechos que a otro ciudadano italiano debe tener rango constitucional y ser aprobada con un amplio respaldo.
La oposición se lamentó por la nueva ley que el Gobierno aprueba para ganar tiempo. El partido Italia de los Valores organizó una sentada de sus senadores, provistos con ejemplares de la Constitución italiana.
Ni el mismo Berlusconi se fiaba de que algunos de sus senadores apoyaran la ley. Así que ligó su aprobación a una moción de confianza. Sus senadores estaban obligados a darle apoyo si no querían provocar la caída del Gobierno.
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