RAMALA – En el portal de vidrio han colocado un folio blanco. Es una burda fotocopia en el que se leen unas breves instrucciones solamente en hebreo. Comunica el cierre de las oficinas durante un año, hasta mayo de 2016, con dos números de teléfono de referencia. La casa, que se encuentra en el barrio de Shuafat, en el norte de Jerusalén, ya camino de Ramala, está vacía y nadie puede entrar.

El edificio albergó hasta principios de mes las oficinas de Health Works Committees (HWC), una ONG palestina cuya principal tarea consiste en atender sanitariamente a millares de niños y adolescentes del sector ocupado de Jerusalén.

Los empleados de HWC acudían periódicamente a las escuelas para realizar campañas de vacunación o para examinar y tratar las dentaduras de los niños sin recursos. En otros casos se ofrecía apoyo psico-social a los alumnos que lo necesitaban, y también a mujeres y a menores que han abandonado la escolarización.

En la nota del portal se anuncia que las oficinas se clausuran por vinculación con el terrorismo. Lo han escrito los agentes de los servicios secretos israelíes, el Shin Bet, que han confiscado los ordenadores personales de los empleados así como todo tipo de documentación. Dentro, en el almacén, han quedado medicamentos, especialmente vacunas, que se echarán a perder si la orden de cierre no se levanta.

La acusación de “terrorismo” es cotidiana, especialmente en la Jerusalén ocupada. La hace la llamada Administración Civil del ejército israelí, que tiene potestad para cerrar lo que desee con esa acusación. En los últimos diez años se han clausurado 36 ONG palestinas en Jerusalén, organizaciones que en su mayor parte realizan trabajos sociales y de juventud, y a las que se ha acusado de “terrorismo”.

HWC se financia con ayudas del exterior y funciona en coordinación con el gobierno palestino de Ramala, al que no se permite operar en Jerusalén. Entre los principales donantes de esta ONG figuran varios gobiernos y grupos independientes europeos, como es el caso del gobierno belga o del gobierno del País Vasco, que aporta al programa alrededor de medio millón de euros durante veinte meses y corre a cargo del alquiler del edificio ahora clausurado.

“La mayoría de las ONG palestinas con las que trabajamos son de izquierdas”, comenta Enric Gonyalons, un mallorquín de 32 años que trabaja para Mundibat, la agencia del gobierno vasco que financia los programas de HWC. “El cierre de estas oficinas no es un caso extraordinario. Las ONG palestinas se clausuran habitualmente con la mínima excusa. Israel cierra las ONG palestinas pero en cambio no se atreve a cerrar las extranjeras”.

“Israel aplica habitualmente una política de persecución hacia todo tipo de actividades palestinas, especialmente en Jerusalén, y de esta manera pretende ahogar a la sociedad de base”, explica Gonyalons. “Ahora, tras el cierre de las oficinas, tendremos que restructurar nuestros programas y readaptarnos a las nuevas circunstancias”.

La directora general de HWC, Shatha Odeh, que tiene su oficina en Ramala y no está autorizada a entrar en Jerusalén, asegura que las actividades de la ONG van a continuar. “El Shin Bet no ha arrestado a nadie ni nos ha dicho qué vínculo ha visto entre nosotros y el terrorismo. Estamos tratando de averiguarlo. El coordinador del programa de jóvenes ha sido deportado a Haifa, pero no detenido, y no se le permite acercarse a Jerusalén durante ocho meses. Ahora nuestra intención es abrir otra oficina en Jerusalén”.

“Israel aplica habitualmente una política de persecución hacia todo tipo de actividades palestinas, especialmente en Jerusalén”

La oficina de HWC tenía quince empleados, incluidos médicos, enfermeras y educadores, que trabajaban en distintos programas sanitarios y educativos, y que a día de hoy siguen trabajando en decenas de escuelas con más de 20.000 alumnos. Era una oficina administrativa donde se hacían reuniones, con un almacén de material sanitario y escolar.

“Tenemos relación con el ministerio de Salud palestino, que es quien nos proporciona las vacunas para los niños, pero la financiación viene principalmente de la Unión Europea”, explica Odeh. “Esta es la primera vez que nos cierran la oficina de Shuafat, aunque antes nos cerraron otra oficina con la misma acusación de ‘terrorismo’”.

Odeh no ha recibido permiso para entrar en Jerusalén desde hace quince años. La última vez que estuvo fue en 2000, unos meses antes de que estallara la segunda intifada. Entonces se le permitió entrar para ir a recoger un visado en el Consulado de Estados Unidos. Para la gestión le concedieron solamente tres horas.

Diab Zayed es director de relaciones públicas del Centro Bisan para Investigación y Desarrollo, con sede en Ramala pero que opera también en el sector ocupado de Jerusalén. Esta ONG que obtiene la mayor parte de su financiación de la UE es otra de las ONG palestinas damnificadas recientemente. El director ejecutivo del Centro, Itiraf Rimawi, está detenido desde septiembre último bajo el epígrafe de “detención administrativa”. “No sabemos por qué; no nos han dicho la causa”, explica Zayed.

El Centro Bisan es de lo más moderado que hay en los territorios ocupados y combate todo lo que tenga que ver con Hamas o con el islamismo en general. “Intentamos proteger a la comunidad del radicalismo islámico”, explica Zayed. No obstante, su personal también sufre la persecución de los agentes del Shin Bet, en cuyo punto de mira están todos los palestinos con independencia de su afiliación política.