"Perdón, tengo que irme a cocinar. Es que yo soy cocinero", dice el exguerrillero Carlos Arturo Velandia antes de despedirse tras una breve charla con Público en una zona verde en el norte de Bogotá. Un escolta lo espera a pocos metros. Cocina para dos personas: él y una mujer. Quien lava la loza es él y, dice, deja la cocina limpia. Cuenta que tiene intimidad con la cocina desde que este octavo entre 14 hermanos vivía con sus padres: un maestro y una costurera. También lo hizo cuando llevaba el alias Felipe Torres durante los 35 años que pasó en la guerrilla guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), de la cual llegó a integrar la dirección nacional. No lo dice, pero quizá también cocinó en la cárcel. Cumplió una condena de diez años y, al quedar libre, se dedicó a promover la paz.

Hoy es un investigador que llegó a ser nombrado gestor de paz sucesivamente por los entonces presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, este último Nobel de Paz y quien en 2016 sacó adelante un acuerdo de paz con la guerrilla comunista FARC. El próximo 26 de septiembre se cumplen cinco años de la firma de ese acuerdo y Carlos Arturo Velandia, ahora "promotor de paz" nombrado por el presidente Iván Duque, acaba de publicar su quinto libro: Todas las paces. Online y gratis, como todos los anteriores porque sus lectores no tienen dinero y se cansó de las políticas de las editoriales.

Todas las paces, de 552 páginas , es una caja de herramientas muy útil para cualquier interesado o interesada en conocer los esfuerzos colombianos por alcanzar la paz en sus 200 años de independencia. Las "paces" son guerras a las que se les pone fin, ya sea por victoria militar o mediante soluciones negociadas.

Durante sus siete años de exilio en España, estudió en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y en la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autónoma de Barcelona, donde también fue docente. Ha sido conferenciante internacional y miembro del Consejo Consultivo de Geneva Call (Llamamiento de Ginebra), una organización humanitaria que hace acuerdos con actores armados no estatales para mejorar la protección de los civiles en los conflictos.

En una entrevista con Público deja claro que, a pesar de la traición de sucesivos gobiernos a distintos acuerdos de paz, mediante el asesinato de sus líderes, y, como está ocurriendo ahora con los exguerrilleros de las FARC firmantes de la paz (suman 285 desde 2016), los camaradas de los asesinados "han dado continuidad a los pactos firmados, haciendo de la paz un bien de mayor valor, habida cuenta los costos humanos para obtenerla"

Velandia también deja claro que Colombia vivió más en "tiempos de paz que en guerra": "Los primeros 114 años de vida independiente y republicana, entre 1832 y 1946, tuvimos ocho guerras civiles que sumaron 14 años en total, intercaladas entre periodos de paz que sumaron 100 años", se lee en Paces. En siete de estas ocho guerras hubo vencedores y vencidos militarmente, sin negociación.

El vencedor terminaba indultando al vencido, pero, sobre todo, imponía sus intereses en una reforma constitucional que solía ser tierra abonada para la guerra siguiente. En la octava -que duró más de tres años- hubo hasta tres tratados de paz. Fue la Guerra de los Mil Días, cuando Colombia perdió Panamá. Ahora, la guerra iniciada por el gobierno de Mariano Ospina Pérez, del partido conservador, en 1946, ha completado 75 años, interrumpidos por sólo siete años de paz.

El libro no aborda las paces entre conquistadores españoles y pueblos indígenas durante la Conquista, que las hubo, unas violadas aunque otras respetadas, dependiendo de la correlación de fuerzas. Velandia comienza su relato con el levantamiento de africanos esclavizados dirigidos por el líder negro Benkos Biohó (1605-1621), sigue con la Revolución Comunera de 1871 contra las medidas económicas de los colonizadores y abarca todo el siglo XX y lo corrido del XXI.

Para el autor, la guerra colombiana se encuentra "en su fase final, a la espera de que las partes decidan cerrar totalmente el conflicto mediante un acuerdo político, para obtener la paz completa".

Después de compilar y estudiar los casos en los que se han hecho las paces tras tantas guerras, ¿se cumplen en Colombia los acuerdos de paz? ¿la palabra firmada tiene peso?

Responder sí o no me llevaría a inexactitudes y facilismos que conviene evitar, si se quiere opinar con justicia. Existen numerosos casos en los que podríamos decir que los acuerdos de paz han estado rodeados de traición y muerte. Basta recordar los asesinatos de Benkos Biohó; José Antonio Galán (líder tabacalero de la Revolución Comunera); Rafael Uribe Uribe (líder socialista que capituló frente al gobierno conservador al final de la Guerra de los Mil Días y fue asesinado en 1914); Guadalupe Salcedo Unda (guerrillero liberal que pactó la paz en 1953 y fue asesinado en 1957), Carlos Pizarro Leongómez (comandante de la guerrilla nacionalista M-19, que firmó la paz y fue asesinado siendo candidato presidencial en 1989) o el exterminio de la Unión Patriótica (partido político surgido del acuerdo con las FARC en 1984): todos hechos ocurridos tras la firma de acuerdos de paz y que, por dolorosos y graves que hayan sido, no han sido suficientes para detener la historia. Por el contrario, sus respectivos correligionarios han dado continuidad a los pactos firmados, haciendo de la paz un bien de mayor valor habida cuenta los costos humanos para obtenerla.

En los 200 años de nuestra historia republicana, desde la Constitución de 1821 a la fecha, hemos vivido 80 años en guerra y 120 años en paz, estos últimos como resultado de acuerdos de paz, lo cual indica, grosso modo, que la paz ha sido mucho más rentable que la guerra. En la Constitución actual la escala de derechos, de garantías ciudadanas, de la estructura del Estado, del cuerpo normativo es mucho más amplia, sólida y profunda que las anteriores constituciones, surgidas como resultado de guerras ganadas y paces pactadas. Quiero recordar la frase de Joaquín Villalobos, un comandante insurgente salvadoreño, que al preguntársele por lo obtenido con la paz, dijo: "La paz no nos permitió llegar al cielo, nos permitió escapar del infierno".

¿Por qué la reincidencia en la confrontación armada en Colombia? ¿Hay algún rasgo repetitivo como para ponerse en guardia a tiempo?

Podemos encontrar explicación y causalidad en las guerras en los fenómenos de desigualdad, de falta de cohesión social y de ausencia de propósitos nacionales. Las guerras en Colombia están atadas a causas estructurales, en su mayoría determinadas por las desigualdades económicas y la exclusión de la participación en el poder político.

En los acuerdos de paz del siglo XX, ¿encuentra rasgos comunes?

Durante el siglo XX, todos los conflictos armados han concluido mediante acuerdos de paz, desde la Guerra de los Mil Días, a comienzos del siglo, hasta el actual e inconcluso "conflicto armado interno" entre el Estado y las fuerzas insurgentes revolucionarias: conflicto abierto en 1964 y que aún no se ha cerrado, a pesar de que se hizo la paz con la guerrilla más grande y poderosa, las FARC-EP.

En estos conflictos o guerras fratricidas salta a la vista un elemento común como causal: la exclusión del poder político, además de otros aspectos como el despojo de la tierra y concentración de la misma; y los privilegios para unas clases sociales en detrimento de otras. Durante el periodo de la llamada Violencia (1946-1957), la confrontación no solo expresaba la disputa por la hegemonía política; reflejaba también la lucha de sectores depauperados de los campos colombianos frente al poder oligárquico de una minorías capitalinas. Esta última contradicción subsiste como leitmotiv en la actual lucha de las guerrillas revolucionarias.

En el siglo XIX las guerras se hacían para defender intereses concretos. ¿Cuáles son los sectores de la economía que siguen interesados en mantener la guerra en el siglo XXI?

Una paz duradera en Colombia pasa por involucrar a los factores de poder institucionales y a otros poderes fácticos que desde la ilegalidad generan dominancias reales en territorios donde el Estado es ausente o su presencia es muy débil. Los empresarios colombianos, sobre todo los que tienen raigambre en los territorios y que están ligados a la tierra mediante la tenencia y uso, así como los sectores minero-energéticos, están llamados a contribuir en la construcción de la paz, fundamentalmente generando mayor equidad y mediante unas relaciones con el Estado que los obligue a respetar el medio ambiente, la explotación racional de los recursos y a compensar al Estado y a la sociedad con tributos correspondientes a las rentas obtenidas.

Dada la multicausalidad de los alzamientos armados conviene vincular al empresariado, así como a otros sectores políticos y sociales, a los diálogos de paz, tomando como premisa que las partes son las que ponen fin al conflicto armado y los ciudadanos son los que construyen paz estable y duradera.
Existe otro tipo de empresariado que desarrolla actividades económicas ilícitas, fundamentalmente ligadas al narcotráfico y a la explotación ilegal de recursos como el oro y la madera. Estos deben ser sometidos mediante la acción punitiva del Estado, aplicando los instrumentos que tiene la ley para afrontar empresas criminales. Colombia está en mora de construir una política soberana para afrontar el narcotráfico, teniendo en cuenta que las políticas impuestas desde Washington han terminado siendo un fracaso. No es posible que la lucha contra el narcotráfico solo sea la fumigación de sembradíos de coca y la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Se requiere una comprensión más global y, sin duda, compromisos globales, principalmente entre países corresponsables del fenómeno.

Hace ahora cinco años, en 2016, se firmó un acuerdo de paz con las FARC que contó con garantías internacionales, aunque un mes después, en octubre, ganó el "no" en un plebiscito para refrendarlo. El entonces presidente, Juan Manuel Santos, tuvo que negociar con los vencedores del plebiscito y de ahí salió el acuerdo definitivo.

Los dos textos, conocidos como Acuerdo de La Habana y Acuerdo del Teatro Colón, aparecen en su recopilación. ¿Hay cambios sustanciales que impidan la paz?

Si comparamos los dos textos, vamos a encontrar que el Acuerdo del Teatro Colón, el cual ha sido asumido como acuerdo final, contiene más de 400 modificaciones, en más de 60 materias, respecto del acuerdo firmado en La Habana y protocolizado en Cartagena de Indias: es el reflejo y el resultado del proceso de consulta que se abrió una vez se conocieron los resultados adversos del referendo por la paz.

Los cambios introducidos son ostensibles y visibles. El contenido del acuerdo final está más referido a favorecer en más del 90% a la sociedad colombiana que a los excombatientes de las FARC-EP. Este acuerdo final ha sido incorporado al cuerpo constitucional mediante el examen y aprobación del Congreso de la República y la debida revisión de la Corte Constitucional, además del reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional, que tan generosamente ha acompañado los esfuerzos de paz en Colombia.