Cuando hace cinco años la compañía privada GEO Group comenzó a gestionar el Centro de Detención de migrantes de Mesa Verde, situado en la pequeña localidad californiana de Bakersfield, Jeannie Parent no tardó en movilizarse y en empezar a sentar las bases de KWESI. A través de esta organización informal que lidera esta maestra de inglés jubilada, una red de voluntarios y activistas realiza visitas semanales a los cientos de migrantes detenidos aquí –muchos de ellos a la espera de ser deportados a sus países de origen, y otros en una tormentosa e interminable odisea para obtener el asilo político y humanitario–.

El centro de Mesa Verde, con 400 plazas para adultos, es una de las muchas instalaciones carcelarias gestionadas por compañías privadas en EEUU, según datos de Freedom for Immigrants, una organización que lleva años creando una extensa base de datos que reúne el número de detenidos en centros penitenciarios de todo el país. Mesa Verde es también una de las instalaciones que dejarán de estar en manos de intereses corporativos privados si el gobernador de California, Gavin Newsom, logra ganarle la batalla judicial a Donald Trump por la ley AB32.

"Se ha convertido en algo normal que los centros de detención de migrantes de EEUU estén operados por compañías privadas. No solía ser así, pero ahora tienes compañías como GEO y CoreCivic que se han metido en el negocio millonario de las detenciones", asegura Parent en entrevista con Público. "Y según los datos que manejamos, GEO le está cobrando al gobierno federal entre 120 y 140 dólares al día por cada inmigrante".

Sólo en California –uno de los cinco estados del país con el mayor número de encarcelamientos diarios– hay cuatro centros de detención de migrantes gestionados por compañías privadas. El centro de Otay Mesa y el de Imperial Regional están bajo la dirección de CoreCivic y Management and Training Corp. respectivamente, mientras que GEO Group opera los centros de detención para migrantes de Mesa Verde y Adelanto, así como otros siete centros penitenciarios más (algunos de éstos también tienen entre sus internos a migrantes). Esta última compañía, cuyos tentáculos en gestión penitenciaria se extienden por otras regiones del mundo, asegura que sus centros ofrecen servicios de calidad en entornos humanos a los individuos que están bajo la custodia de las autoridades federales migratorias (ICE en inglés).

"Estos centros residenciales ofrecen amplias comodidades recreativas y educativas, como campos de fútbol artificiales de primer nivel, pantallas planas de televisión en todas los espacios habitacionales, clases modernas con las últimas tecnologías", afirma la corporación en su página web.

Pero activistas como Parent, que lleva años realizando visitas a las instalaciones de Mesa Verde y hablando con los migrantes detenidos allí, dibujan una realidad muy distinta. "Desde el 13 de marzo de este año no permiten visitas, así que lo que sabemos es a través de los detenidos que están dejando en libertad. Y éstos nos cuentan que al empezar la pandemia apenas tenían jabón, champú u otros productos de higiene. Tampoco desinfectaban las instalaciones", explica Parent.

En un diario y en varios documentos a los que ha tenido acceso Público, Eddy Laine, uno de los voluntarios de KWESI, detalla que a principios de abril, el personal de Mesa Verde no utilizaba mascarillas y tampoco le permitía a los detenidos utilizarlas. "El personal no comenzó a ponerse mascarillas de forma regular hasta junio", denuncia.

Hace unas semanas, una de las enfermeras del centro dio positivo por covid-19, lo que caldeó aún más los ánimos entre los activistas, quienes exigieron el cese inmediato de los traslados de reos de otros centros penitenciarios al de Mesa Verde para frenar la cadena de contagios.

También pidieron la puesta en libertad de todos los migrantes detenidos ante el elevado riesgo de contagio y la falta de "transparencia" que, según ellos, ha rodeado a Mesa Verde en crisis sanitarias anteriores. "El historial de Mesa Verde (lo que se conoce) es terrible, incluyendo un brote de varicela en el año 2019”, asegura Laine.

A estas voces críticas contra ICE y la gestión de GEO Group se sumó también la presión de una querella colectiva que interpuso el 20 de abril un grupo de detenidos de Mesa Verde y de la Cárcel del condado de Yuba. La presión judicial surtió efecto y culminó en la puesta en libertad de las cien internas que había en uno de los cuatro dormitorios de Mesa Verde, así como la progresiva liberación en semanas posteriores de los reos más vulnerables a covid-19.

En este último grupo se encuentra Charles Joseph, un nativo de las Islas Fiji que padece asma, y que finalmente pudo reunirse con su familia en Sacramento, la capital californiana, hace unas semanas. En entrevista con Público, el inmigrante denuncia el grillete que ICE le ha colocado en el tobillo y las condiciones paupérrimas que atraviesan los internos detrás de los muros de Mesa Verde.

"Todo aquí cuesta dinero. Si quieres hablar por teléfono, tienes que pagar. Te dan ropa usada con manchas para que compres ropa nueva, y la comida es una basura porque así te obligan a gastarte dinero en comprarla", asegura. "Una bolsa de arroz cuesta 2.89 dólares, que es una barbaridad, y un chándal completo y dos o tres pares de calcetines cuestan más de 50 dólares. A mí me tocaba elegir si comer pescado y arroz un mes o no pasar frío por la noche".

Durante los once meses que permaneció detenido en este centro, Joseph cuenta que las medidas de higiene y limpieza eran inexistentes. "Jamás vi a un empleado de la limpieza en ninguna zona", asegura. También relata que la limpieza del centro se delegaba en aquellos internos que se ofrecían de forma voluntaria a trabajar a cambio de un dólar al día. "Imagínate, te pagan un dólar al día y no te alcanza ni para comprar una bolsa de arroz".

Según Parent, la querella judicial que emprendieron los detenidos ha obligado a GEO Group a mejorar algunas de las condiciones de encarcelamiento del centro. La población de internos se ha reducido de 400 a unos 140, y ahora se mantiene una mayor distancia de separación entre las literas instaladas en los tres dormitorios para hombres. "GEO necesita mantener el 70% de la capacidad carcelaria para generar beneficios con el tráfico de migrantes. Ahora mismo su capacidad es muy baja y sus acciones en bolsa han caído", explica la activista.

Pero Parent también advierte que historias como la de Joseph desnudan otra realidad preocupante para cualquier inmigrante que viva en EEUU. Ni los indocumentados ni aquellos con residencia permanente tienen su estadía en el país garantizada. "Menos en tiempos de Donald Trump", afirma.

Joseph llegó legalmente a EEUU con catorce años, obtuvo la residencia permanente y formó una familia. Su mujer y dos hijas son ciudadanas estadounidenses. Tras ser condenado por cometer un robo armado y cumplir una condena de doce años de prisión, perdió la residencia permanente y se quedó sin papeles –a merced de ICE–.

"El día que salí de la cárcel del condado, mi familia me estaba esperando en el aparcamiento, pero ICE me arrestó y me trasladó a Mesa Verde para proceder a deportarme", lamenta Joseph. "Y cuando pedí que me liberaran, me dijeron que soy un riesgo para la seguridad de otros y que puedo huir del país. ¿Cómo puedo ser un riesgo? Y ¿a dónde voy a huir si mi familia vive aquí?".