El "No a la Guerra" también suena en Ucrania y Rusia. Un "No" rotundo protagonizado no sólo por quienes corren riesgo de morir bajo misiles, sino por quienes se niegan a dispararlos. No quieren morir ni tampoco matar. Son objetores de conciencia y se resisten a participar en el conflicto, algo que tanto en territorio ucraniano como ruso puede costar muy caro.

El periodista y objetor de conciencia Ruslan Kotsaba, quien además ostenta el cargo de presidente del Movimiento Pacifista de Ucrania, conoce la cárcel por dentro. Entre 2015 y 2016, este reconocido activista pasó 524 días entre rejas por hacer público su rechazo a la guerra y al ejército.

Un tribunal le absolvió, pero el Estado no bajó los brazos: en septiembre de 2021, Kotsaba volvió a enfrentarse a los tribunales, acusado de "traición y obstrucción de operaciones militares" por sus expresiones pacifistas en un vídeo que publicó en 2015.

En aquella grabación, el periodista y activista por la paz llamaba a boicotear la movilización militar por el conflicto en el este de Ucrania. "Prefiero ir a la cárcel que entrar en guerra civil ahora y matar a mis compatriotas que viven en el Este (...) No participaré en esta guerra fratricida", afirmó entonces.

Como Kotsaba pudo comprobar, la objeción de conciencia es una práctica de alto riesgo en Ucrania. Las autoridades de ese país reinstalaron el servicio militar obligatorio en 2014, al calor de los enfrentamientos con Rusia en el este del país.

El pasado 24 de febrero, nada más estallar la invasión rusa, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció el reclutamiento obligatorio para todos los hombres de entre 18 y 60 años de edad. Los objetores de conciencia vuelven a estar así en el foco del Gobierno de Kiev, que defiende la obligación masculina de ir al frente de guerra. Quienes se nieguen a hacerlo enfrentan penas de prisión que oscilan entre los tres y cinco años de cárcel.

Hasta ahora, el reclutamiento obligatorio ucraniano solo contemplaba "servicios sustitutivos" en los casos de aquellos hombres que alegaban motivos de índole religiosa. Según consta en el último informe de la Oficina Europea de Objeción de Conciencia, entre enero y noviembre de 2020 "se registraron 3.361 procedimientos penales contra evasores del servicio militar".

De acuerdo a esas cifras, 190 desertores fueron encarcelados, otros 24 acabaron recluidos en batallones disciplinarios y 380 resultaron multados por los tribunales. "En años anteriores, alrededor del 20% de las solicitudes de servicio alternativo fueron rechazadas por falta de tiempo", señala el informe.

Según datos publicados en los últimos días, el Ejército de Ucrania cuenta con unos 250.000 miembros, de los cuales aproximadamente un 10% son reclutas.

De manifestante a soldado

La Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) es una red global pacifista y antimilitarista con más de 90 grupos afiliados en 40 países. A finales de 2020 activó una campaña a favor del "servicio alternativo" como vía para salvarse de engrosar las filas del Ejército ruso, ahora involucrado en la invasión de Ucrania.

"En Rusia, los hombres entre 18 y 27 años considerados con buena salud deben cumplir el servicio militar. La duración es de un año, con solo un día libre a la semana y sin permisos. Por lo general, solo la tercera parte de los hombres en edad de reclutamiento son, de hecho, reclutados (una tercera parte no puede cumplir el servicio por problemas de salud, y otra tercera parte no es reclutada porque no es necesario)", señalaba la campaña lanzada entonces por IRG.

En esa línea, la Oficina Europea de Objeción de Conciencia alertó en su último informe de que "en los últimos años (2015-2020), la situación del derecho a la objeción de conciencia en Rusia es alarmante".

Grupos opositores han denunciado que el Gobierno de Vladimir Putin utiliza el reclutamiento como arma para silenciarles, lo que puede derivar en situaciones surrealistas: quienes hoy se manifiestan contra la guerra en las calles rusas pueden ser detenidos y posteriormente enviados a hacer el servicio militar obligatorio y acabar así participando en la guerra contra la que protestaban.

"Hasta la fecha, no disponemos de datos estadísticos sobre las personas cuyo servicio militar fue sustituido por el servicio civil alternativo. Sin embargo, según nuestras estimaciones, el número de ciudadanos que han logrado ejercer su derecho a la objeción de conciencia está disminuyendo", apuntó la Oficina Europea en su último informe.

IRG advirtió por su parte sobre "el rechazo de los oficiales del servicio militar obligatorio a ofrecer a los ciudadanos puestos donde realizar un servicio civil alternativo". De hecho, cada año las entidades estatales "solicitan más de 5.000 civiles del servicio alternativo para ocupar diferentes puestos de trabajo, pero la cantidad total disponible de ellos no supera los 1.000 por año".

La organización antimilitarista alertó además sobre "las actuaciones abusivas y arbitrarias cometidas por oficiales de las juntas de reclutamiento y conscripción, como, por ejemplo, el rechazo injustificado de solicitudes, la denegación ilícita de solicitudes para los puestos del servicio civil alternativo y los ataques a la dignidad de los objetores de conciencia". 

"Carácter punitivo"

Se trata de un problema cronificado. Un informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el derecho a la objeción de conciencia advertía ya en 2009 sobre el "carácter punitivo" otorgado por el Estado ruso a las prestaciones sustitutorias, ya que "estos servicios deben prestarse fuera de los lugares de residencia permanente, con un sueldo muy bajo que para los destinados a trabajar en organizaciones sociales no alcanza el nivel de subsistencia y con restricciones a la libertad de circulación de las personas afectadas".