La misión enviada Bolivia por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Michelle Bachelet ha documentado hasta el momento algunos hechos de violencia que podrían constituir "graves violaciones a los Derechos Humanos". Éstos se habrían producido desde las elecciones del pasado 20 de octubre.

En las tres semanas que la misión lleva en Bolivia, a donde llegó el 11 de noviembre, ha recabado información de primera mano sobre la situación de Derechos Humanos en el país y "ha documentado hechos de violencia ocurridos a partir del 21 octubre, algunos de los cuales podrían constituir graves violaciones a los Derechos Humanos", según ha informado la ONU en un comunicado.

Entre ellos, ha precisado, figuran "los trágicos sucesos ocurridos en Sacaba (Cochabamba) el 15 de noviembre (donde fallecieron al menos 9 personas) y en Senkata (El Alto) el 19 de noviembre, donde fallecieron al menos 10 personas durante una intervención del Ejército y de la Policía en el contexto de manifestaciones".

Durante su estancia, la misión ha sostenido múltiples reuniones con instituciones del Estado, sociedad civil, organizaciones sociales, gremiales e indígenas, entidades internacionales, víctimas, familiares y testigos entre otros actores, además de mantener un estrecho diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, ha visitado hospitales, centros de privación de libertad y otros lugares relevantes, como la planta de gas de Senkata.

La Alta Comisionada de la ONU ha agradecido "la disposición de las autoridades para facilitar el trabajo de la misión y el acceso a la información, así como la generación de espacios para mantener intercambios, diálogo y recomendaciones sobre temas de derechos humanos".

En las próximas semanas, la misión proseguirá con sus actividades, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de las garantías de Derechos Humanos en Bolivia, con especial énfasis en la prevención, ha precisado la nota.

Asimismo, "seguirá abogando porque todos los hechos de violencia, al margen de su autoría, sean investigados de manera pronta, transparente e imparcial por las entidades estatales competentes".

Crisis en Bolivia

La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que el ahora expresidente Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un "fraude gigantesco".

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha concluido en su informe final que en los comicios hubo "manipulación dolosa" y "parcialidad", así como "irregularidades graves", tales como la "falta de resguardo de las actas" y la pérdida de "material sensible".

Por el contrario, algunos organismos y centros de investigación, niegan que existiera o que se pueda demostrar dicha manipulación de los resultados electorales. Así lo hizo hace unas semanas el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), una institución dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina afincada en Washington, que ha acusado a la Organización de Estados Americanos (OEA) de fabricar el informe que denunciaba el fraude electoral en Bolivia y que sirvió de coartada para perpetrar un golpe de Estado en Bolivia. Según sus investigaciones, el informe de la OEA "no aporta prueba alguna que pudiera resultar definitiva para demostrar el supuesto fraude·.

Recientemente, un manifiesto firmado por más de un centenar de expertos en economía y estadística internacional han pedido a la OEA que retire sus declaraciones engañosas que han servido de justificación para el golpe de Estado. Estos expertos pide que "se respeten las instituciones y los procesos democráticos de Bolivia", y acusan al Gobierno de Donald Trump de apoyar "abierta y firmemente" el Golpe de Estado.

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y huyó a México. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el antiguo mandatario y la renuncia de otros altos cargos.

Bolivia se prepara ahora para celebrar unas nuevas elecciones en las que ni Morales ni su vicepresidente, Álvaro García Linera, podrán participar, conforme al acuerdo al que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el Gobierno de Áñez han llegado en el Congreso