Polonia es el país más vocal de la UE en el apoyo a Ucrania. En el lado opuesto, Hungría, el más cercano a Rusia. La guerra en Ucrania ha distanciado a la pareja iliberal, pero ambos se vuelven a dar la mano para proteger los intereses de sus votantes ultranacionalistas. Sendos países, seguidos por Eslovaquia, han vetado la entrada de grano ucraniano desatando el enfado de muchos socios europeos y poniendo contra las cuerdas a Bruselas, al Mercado Interior, a la política comercial europea y a la unidad de la UE en torno al conflicto. 

Las zonas rurales son bastiones incontestables de votos para el Fidesz húngaro y para el Partido Ley y Justicia (PiS) polaco. El primer ministro magiar, Víktor Orbán, suma 12 años en el cargo. En las elecciones parlamentarias de 2014 y 2018, las comunidades con hasta 5.000 residentes apoyaron el Fidesz con un amplio margen de entre el 52% y el 70%. En las grandes ciudades no superó el 50%, recuerda Reporting Democracy de Balkan Insight. Los medios locales recogen que en los últimos comicios, el partido de Orbán arrasó en las zonas más desindustrializadas. 

Las áreas más pobres y los territorios agrícolas con grandes campos de cultivo de trigo, maíz o girasoles son un terreno fértil para los votantes de Orbán. En comicios previos, el líder ultranacionalista centró su programa electoral en el apoyo a los pequeños agricultores y ganaderos pasando en las últimas elecciones a priorizar las ayudas a los grandes oligarcas para rodearse así de apoyos en las altas esferas. 

Estas corruptelas del Ejecutivo ultranacionalista provocaron que Hungría se convirtiese en el primer país europeo en ver congelados sus fondos, bajo el mecanismo de protección del Estado de Derecho. El año pasado, Bruselas activó la parálisis de hasta 7.500 millones de fondos en las vitales partidas de cohesión para este país del Este. En 2019, la UE destinó más de 60.000 millones de euros para subsidios agrícolas, pero muchos de estos fondos fueron a parar a manos de oligarcas y terratenientes en contratos dudosos en países como Hungría. 

En este escenario de choque continuo de Bruselas y de políticas ultranacionalistas de Hungría First, Orbán ha cargado contra personas sin hogar, homosexuales o migrantes y se ha convertido en el verso suelto de Occidente en lo referente a la respuesta de la guerra en Ucrania. En público y de cara a su electorado, ha criticado las sanciones europeas impuestas a Rusia o la política de adhesión de la OTAN, pero en cerrado y privado ha terminado dando su beneplácito a los diez paquetes de sanciones impuestos por la UE a Moscú en estos catorce meses de guerra. El mandatario húngaro se ha proyectado ante su electorado como el único líder que prima los intereses nacionales a los designados por Bruselas, a la que responsabiliza de los precios sin precedentes en la energía, los combustibles o los alimentos. Y es ente marco en el que se ha unido al veto polaco del grano ucraniano. 

La situación polaca encuentras muchas similitudes, pero también grandes diferencias. Varsovia es el gran halcón europeo contra Rusia. En una de las pocas capitales que ha accedido a enviar a Kiev cazas de combate. Y es el país que más empuja dentro del bloque comunitario para dar más apoyo a Zelenski y para imponer más castigos y más duros a Putin. Pero el PiS es también un gobierno que depende mucho del voto rural. Las próximas elecciones son ya este otoño y el partido ultraconservador –aliado de Vox en la Eurocámara- se juega el tercer mandato en las áreas rurales. 

Polonia es el segundo país de la UE con más agricultores, solo por detrás de Rumanía. El 40% de la población polaca vive en zonas rurales. Y es en esta coyuntura en la que el apoyo del PiS a Ucrania se ha frenado en seco donde empiezan las urnas. 

Una de las muchas medidas emprendidas por Bruselas para ayudar financieramente a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia fue cancelar las cuotas y aranceles a sus productos agrícolas. El conocido como granero de Europa exportó gracias a las pasarelas creadas por los europeos más de 31 millones de toneladas de grano. La mayoría de ellas han ido a parar a los países fronterizos inundando sus mercados, asfixiando a los campesinos y reduciendo los precios. Tras semanas de protestas de agricultores y ganaderos locales, el Gobierno polaco ha prohibido la entrada de estos productos. Ante este órdago, Bruselas prepara un paquete de ayudas de 100 millones de euros para apaciguar los ánimos de países como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria. 

Malestar en el resto de capitales

La maniobra de veto está siendo reprobada en muchos Estados miembros. La Comisión Europea prepara mecanismos de emergencia para permitir que los productos agrícolas accedan a los países de cuestión, pero no se queden allí. Es decir, que puedan transitar para ir a parar a otros países europeos y del resto del mundo. Las naciones de África y Oriente Próximo están sintiendo con mucho ahínco los latigazos del grano bloqueado en Ucrania. 

El Ejecutivo comunitario prevé una salvaguarda para permitir a los cincos países que veten la importación de maíz o girasol ucraniano. Y ello abre un peligroso precedente de excepcionalidad en la política comercial, competencia europea, y en el Mercado Interior. Bruselas ha intentado cerrar un acuerdo con los países afectados, pero algunas capitales como Budapest quieren ir más allá y extender el paraguas a otros alimentos. 

Con el objetivo de llegar a un punto de encuentro, los 27 ministros de Agricultura se han dado cita este martes en Luxemburgo. De la cita no ha salido ningún resultado o acuerdo concreto, pero sí un mensaje claro de la Presidencia sueca de turno: "Ucrania está en guerra sufriendo las consecuencias de la invasión rusa. Y este debería ser el foco. Necesitamos reaccionar a las dificultades con unión y no comprometer la solidaridad con nuestro vecino". La Comisión asegura que el acuerdo está cerca, pero el tiempo se agota. El máximo para alcanzar un entendimiento es el 5 de mayo. 

En los cinco países afectados el valor de la importación de cereales ucranianos ha pasado durante la guerra de 7.000 millones de euros a 13.000. El denominador común de la cita ha sido el entendimiento sobre la complicada situación que atraviesa el campo en Polonia y Hungría, pero enfado generalizado sobre cómo se está abordando el asunto. 

"Finlandia comprende el problema en los países fronterizos y en el mercado agrícola. Pero estas medidas unilaterales pueden poner en duda la unidad de la UE en el apoyo a Ucrania. Y fortalecen la narrativa rusa de la guerra. Hay que encontrar otras soluciones", ha asegurado el ministro de Agricultura finlandés, Antti Kurvinen, a su llegada al Consejo "Entendemos sus preocupaciones, pero este no es el camino (…) No es muy racional ayudar a Ucrania con una mano y con la otra bloquear sus exportaciones y acentuar la mala situación financiera", ha criticado.

En la misma línea se ha mostrado el letón Didzis Smits, que ha catalogado estos vetos como "inaceptables". "Hay un problema con los precios, pero ellos no son los únicos afectados. Necesitamos una solución europea con igualdad, no solo para algunos", ha afeado.